Unos 50 desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona pasaron la Nochebuena durmiendo bajo el puente de la C-31, después del desalojo del edificio ejecutado esta semana. La situación ha reavivado la tensión política y social en la ciudad en plena crisis habitacional.
Según las administraciones implicadas, no todos los desalojados aceptaron las alternativas de realojo planteadas. El martes, el Govern, entidades sociales de Badalona y la Sindicatura de Greuges de la Generalitat acordaron ofrecer alojamiento a las personas que, tras el desalojo del B9, habían ocupado el antiguo albergue de Can Bofí Vell.
Paralelamente, entidades sociales como Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi reubicaron a otros 52 desalojados en diferentes recursos habilitados por la Generalitat y por organizaciones del tercer sector.
Denuncia ante la Fiscalía
En este contexto, Comuns ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por el desalojo del Institut B9, que califican de actuación “sin alternativa habitacional”.
La formación sostiene que el juez obligaba al Ayuntamiento a ofrecer una solución de alojamiento, algo que, según su versión, no se habría cumplido de forma reiterada. Además, los Comuns denuncian que el alcalde habría tolerado y amparado declaraciones públicas que podrían ser constitutivas de un delito de odio, según han expuesto en un mensaje difundido en redes sociales.
Mientras tanto, parte de los desalojados continúa pernoctando en la vía pública, en una imagen que ha generado un fuerte impacto social y ha vuelto a situar a Badalona en el centro del debate sobre desalojos, exclusión social y falta de alternativas habitacionales.