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Rusia pide la detención en ausencia de una leyenda del ajedrez

Este miércoles, un tribunal en Moscú dictó oficialmente una orden de detención en ausencia contra el ex campeón mundial de ajedrez y destacado crítico del Kremlin, Garry Kasparov, acusándolo de “ justificación pública del terrorismo”, un delito grave contemplado en el Código Penal ruso que puede acarrear hasta siete años de prisión.

La medida fue adoptada por el Tribunal del Distrito de Zamoskvoretskiy, que fijó una prisión preventiva de dos meses para Kasparov, la cual se hará efectiva solo si es detenido en territorio ruso o extraditado allí desde otro país.

Kasparov, de 62 años, es reconocido mundialmente por su legado en el ajedrez, pero desde hace más de una década ha centrado sus energías en la política y en la oposición abierta al presidente ruso Vladimir Putin. Tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, Kasparov se estableció fuera de Rusia por temor a represalias, participando activamente en foros internacionales, congresos de la oposición exiliada y movimientos pro democracia.

Según las autoridades rusas, las acusaciones se basan en declaraciones y publicaciones en línea que, a juicio del Estado, constituyen incitación o justificación de actos terroristas. El proceso se apoya en el Artículo 205.2 del Código Penal ruso, utilizado con creciente frecuencia para criminalizar expresiones consideradas “extremistas” o contrarias al Estado.

Garry Kasparov, crítico de Kremlin. Foto: AFP.

Además, el Ministerio de Justicia ruso ha catalogado a Kasparov como “agente extranjero” y lo incluyó en un registro que también lo identifica como terrorista o extremista, lo que ha limitado aún más su capacidad de operar, incluso en redes y plataformas digitales.

Un símbolo anti Kremlin

Para muchos analistas, esta nueva escalada legal no constituye tanto un caso judicial independiente como un acto político destinado a silenciar a uno de los opositores más visibles de Putin. Kasparov no es un crítico menor: ha sido una voz constante contra el autoritarismo ruso y, en particular, contra la guerra en Ucrania y la estrategia global del Kremlin. Sus discursos internacionales, en foros europeos y estadounidenses, lo han convertido en un símbolo de la resistencia al Kremlin, pero también en un objetivo constante de las autoridades rusas.

Este tipo de acusaciones no es completamente nuevo en Rusia. A lo largo de los últimos años, la administración de Putin ha recurrido a cargos como “extremismo”, “terrorismo” o “agente extranjero” para perseguir a figuras de la oposición, organizaciones de la sociedad civil e incluso periodistas críticos. El uso de estos instrumentos jurídicos ha sido ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos internacionales, que sostienen que tales leyes sirven para restringir la libertad de expresión y eliminar cualquier disenso político real dentro del país.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: AP.

Una reacción mixta

La reacción internacional al anuncio de la orden de detención ha sido mixta. Si bien algunos gobiernos y grupos de derechos humanos han expresado preocupación por el deterioro de la situación de las libertades civiles en Rusia, otros actores internacionales han señalado que el impacto práctico de esta orden de arresto sobre Kasparov será limitado, puesto que vive en el exterior y no parece probable que viajes a Rusia en el corto plazo para enfrentar las acusaciones.

Sin embargo, el simbolismo es claro: con esta orden, el Kremlin prolonga un patrón de presión judicial y política contra figuras de la oposición, dejando claro que incluso desde el exilio, críticos prominentes pueden ser alcanzados por la justicia rusa.

El contexto de esta orden también se vincula a la guerra en Ucrania, donde Kasparov ha sido un crítico incansable de Putin y un firme defensor de sanciones más duras contra Moscú, así como un llamamiento a la comunidad internacional para aislar políticamente al Kremlin. En escenarios de conflicto prolongado, la capacidad del Estado ruso para neutralizar voces disidentes ha aumentado, respaldado por una legislación cada vez más dura que tipifica como delitos graves conductas que, en otras democracias, serían consideradas legítima expresión política.

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