“El Ministerio de la Mujer para lo que sirve es para concentrar poder bajo una sensibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier mina de la Argentina puede ir y saber que hay un pedazo de poder que va a jugar para ella, de la manera que pueda, para resolver el problema. Eso fue lo contrario de lo que paso”, explicó Ofelia Fernández en su columna “Las sospechas de Ofelia” de la plataforma streaming Gelatina y difundido en las redes por el usuario “Negro censurado”.
La ex legisladora porteña disparó contra la gestión presidencial de Alberto Fernández y, en particular, contra el cuestionado Ministerio de la Mujer, creado en el gobierno kirchnerista. “Yo no paraba de recibir minas que rebotaban del Ministerio de la Mujer, que iban con un caso concreto. El ministerio no tenía una jurisdicción específica y lo que respondía era ‘yo no tengo jurisdicción específica. Yo me ocupo de resolver las políticas públicas no de resolver ese tema, eso tenés que ir a hacerlo en la oficina que está hecho para eso’. ¿Qué pasaba con la oficina que está hecho para eso? Es una mierda”, concluyó la dirigente del Frente Patria Grande.
En su segmento de opinión, Ofelia Fernández ejemplificó como tuvo que involucrarse personalmente ante situaciones de vulnerabilidad de mujeres ante la incapacidad de la cartera ejecutiva. Un cuestionamiento que varios dirigentes de distintos frentes opositores señalaban y apuntaban en ese momento contra el organismo gubernamental. Uno de los más severos críticos del ministerio fue Javier Milei, que anunció su cierre definitivo en plena campaña presidencial.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue creado en el inicio del gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2019, con la intención de jerarquizar las políticas públicas destinadas a la igualdad de género, la prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de derechos para colectivos históricamente relegados. La cartera fue concebida como una señal política de compromiso con la agenda feminista que había tomado gran fuerza en las calles argentinas a partir de las movilizaciones de Ni Una Menos y de la lucha por la legalización del aborto.
Durante la gestión peronista estuvo al frente Elizabeth Gómez Alcorta, abogada vinculada a la defensa de los derechos humanos, quien ocupó el cargo hasta octubre de 2022, cuando renunció en medio de tensiones internas vinculadas al desalojo de comunidades mapuches en Villa Mascardi. Tras su salida, el ministerio quedó en manos de Ayelén Mazzina, dirigente puntana del peronismo provincial, quien condujo el organismo hasta el final del mandato en diciembre de 2023.
Desde sus inicios la cartera fue blanco de cuestionamientos, tanto desde la oposición como desde sectores sociales que señalaban la falta de resultados concretos frente al incremento de los femicidios, así como las demoras en la asistencia económica y habitacional para mujeres en situación de violencia. También se criticaba el gasto presupuestario destinado a la estructura burocrática frente a la dificultad de llevar respuestas rápidas y eficaces a los territorios.
Sin embargo, la polémica más resonante que involucró al ministerio se produjo una vez finalizado el periodo kirchnerista y cerrado el organismo por la nueva administración libertaria. La controversia se produjo a raíz de versiones sobre un episodio de violencia de género en la residencia de Olivos, cuando trascendió que Fabiola Yañez había denunciado maltratos, por parte de Alberto Fernández, en un contexto de crisis matrimonial. Si bien nunca hubo una presentación judicial formal ni declaraciones públicas de la entonces Primera Dama, Mazzina fue señalada por haber evitado tomar cartas en el asunto al enterarse, por confesión de la presunta víctima, de que el mandatario ejerció violencia física y psicológica a su pareja. En diversos reportajes, la exfuncionaria ha negado saber del tema en ese momento.
La contradicción que representaba que un organismo creado para combatir la violencia de género guardara silencio frente a rumores de un caso que involucraba directamente al presidente expuso los límites políticos y la fragilidad institucional de la cartera, que terminó transitando el resto de la gestión en medio de críticas, recortes presupuestarios y una creciente sensación de desconexión con la urgencia de los reclamos sociales.