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Andalucía es la tercera comunidad de España con más prostitución

En España hay entre 25.000 y 30.000 personas en situación de a, la mayoría de ellas mujeres, según una investigación de la asociación especializada In Género, que calcula que existen alrededor de 800 prostíbulos, 2.500 pisos y 50 lugares de calle donde se lleva a cabo esta práctica.

El 45% de estas personas están en prostíbulos, el 51% en pisos y el 4% en la calle, ha explicado este lunes en rueda de prensa en Madrid el coordinador nacional de In Género, Miguel Ángel del Olmo. Esta asociación presta atención y acompañamiento a víctimas de trata y explotación sexual y a personas en situación de prostitución en nueve comunidades autónomas.

La Comunidad de MadridCataluñaAndalucía Canarias son los lugares con un mayor número de personas en situación de prostitución.

Estos datos son un avance de una investigación que ultima In Género a partir de más de 4.500 cuestionarios que han contestado personas en situación de prostitución.

Una mayoría de mujeres

Además, la asociación ha hecho pública este lunes su actividad en 2023, cuando atendió a 6.055 personas: un 87% mujeres cisgénero, un 9,7% mujeres trans, un 3% de hombres cisgénero y un 0,2% hombres trans. En total, llevó a cabo 21.798 intervenciones e intervino en 837 lugares donde se llevan a cabo estas prácticas: el 62,8% pisos y lugares privados, el 33,2% prostíbulos y el 2,5% en la calle.

De esas más de 6.000 personas, se detectó a 914 posibles víctimas de explotación sexual, según la responsable jurídica de In Género, a 47 posibles víctimas de trata (de las cuales denunciaron 20) y 35 mujeres denunciaron agresiones sexuales.

La mayoría de las personas atendidas en 2023 tenían entre 23 y 42 años (76,8%), seguidas de las que tenían entre 43 y 79 años (18%) y de las que tenían entre 18 y 22 años (5,2%). La media se situó en los 35 años.

También una amplísima mayoría de las personas atendidas eran extranjeras: colombianas (29,1%), paraguayas (15,5%), dominicanas (13,4%), venezolanas (7,8%), rumanas (7%), brasileñas (6%), ecuatorianas (3,3%), peruanas (2,5%) y cubanas (1,9%). El 4,5% eran españolas.

El 21,8% tenían la nacionalidad española y el 74,2% estaban empadronadas en España. Un 36,9% se encontraba en situación administrativa irregular; un 53,7%, regular; el 2,7% tenía visado turístico y el 6,7% estaba tramitando su documentación.

Vulnerabilidad económica

El 63,2% de las personas atendidas afirman que llegaron a España con un objetivo distinto de la prostitución, mientras que el 36,8% sí sabía que lo haría.

El 40% lleva menos de un año en contextos de prostitución; el 21,5%, entre uno y tres años; el 13,3%, entre cinco y diez años y un 12%, más de una década.

Desde In Género han destacado que las personas que se encuentran en situación de prostitución son muy diversas, si bien están atravesadas por múltiples vulnerabilidades, «factores de riesgo y exclusión social a los que hay que sumar el estigma».

Del Olmo ha subrayado que más del 95% de las personas en contextos de prostitución tienen cargas familiares: el 56,8% de las personas atendidas tenían que sostener a entre 3 y 5 familiares; el 32,4% a uno o dos; el 6,9% de seis a diez y un 0,4% a más de diez.

Alrededor de un tercio de ellas ha recurrido a los servicios sociales, mientras que un 47,8% ni siquiera los conoce.

En cuanto al nivel de estudios de las más de 6.000 personas atendidas, el 4,7% no tenía estudios; el 33,1%, primarios; el 58,5%, secundarios o Formación Profesional y un 3,7%, estudios superiores.

En 2023, In Género estuvo presente en distintas ciudades de Madrid (36 % de las atenciones), Castilla-La Mancha (28 %), Andalucía (14%), Castilla y León (9%), Comunitat Valenciana (6%), Murcia (6%) y Extremadura (1%).

Enfoque de derechos humanos

La asociación ha solicitado que las personas que se encuentran en situación de prostitución puedan participar en los debates políticos y la elaboración de leyes que puedan afectarles. In Género se declara «neutra», ni abolicionista ni regulacionista, pero exige un enfoque que respete los derechos humanos de estas personas, sus decisiones, y que les permitan acceder a alternativas vitales.

La responsable jurídica de la organización ha pedido que se reconsidere el proyecto legislativo para castigar la tercería locativa, puesto que cree que podría perjudicar a toda la población migrante en su acceso a la vivienda y abocaría a las mujeres a una clandestinidad peligrosa. En cuanto a castigar a los hombres que pagan por acceder al cuerpo de una mujer, ha pedido que los «daños colaterales» no recaigan sobre las mujeres.

Del Olmo está de acuerdo: «Las medidas punitivistas no nos llevan a nada, al final las consecuencias las pagan las mujeres». Por otro lado, tampoco estima que la regularización de la prostitución sea una solución, ya que implica un estigma que muchas mujeres, ha dicho, no querrían cargar.

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