Los movimientos que desembocarán en el esperado terremoto accionarial en Naturgy van tomando forma. El grupo Taqa, controlado por el emirato de Abu Dabi, y Criteria, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa, allanan el camino para lanzar una opa conjunta para tomar el control de Naturgy. La compañía abudabí y el holding inversor español han sellado el acuerdo de socios que perfila la gobernanza futura en la energética y que contempla las líneas maestras de un plan industrial de futuro para la energética.
Taqa y Criteria -actualmente el mayor accionista de Naturgy con un 26,7%- ya han sellado un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) que recoge una hoja de ruta primigenia sobre el futuro industrial y operativo de la compañía, que servirá para sentar las bases de momento de manera muy incipiente del futuro plan estratégico de la energética a partir de 2026, según confirman fuentes conocedoras del estado de la operación. Fuentes oficiales de CriteriaCaixa declinan hacer comentarios sobre la evolución de las conversaciones y sobre el resultado de las mismas.
El pacto entre socios, sellado hace ya casi dos semanas, también recoge cómo se desarrollará juego de pesos de poder en la futura Naturgy. El objetivo pasa por que haya un equilibrio entre ambos socios en la gobernanza del grupo, primera gasista y tercera mayor eléctrica española. El acuerdo no establece una participación fija para cada uno de los compradores, pero sí rangos de paquetes accionariales en función de los diferentes escenarios de la futura opa (esto es, en función de cuántos y quiénes sean los actuales accionistas que acudan a la oferta). Criteria y Taqa no contemplan en ningún caso crear un vehículo societario conjunto para lanzar la opa por el 100% de la energética, sino que la presentarán la oferta de compra al mercado de manera conjunta pero como sociedades independientes.
El terremoto accionarial en Naturgy servirá para dar una salida a los fondos de inversión CVC y GIP, deseosos de desinvertir y desprenderse de sus participaciones en la compañía (de algo más del 20% cada uno). Y es precisamente la falta de un acuerdo final con los vendedores sobre el precio de la oferta de compra el gran obstáculo para conseguir lanzar la operación, transcurridos casi dos meses desde que se confirmó públicamente la existencia de las negociaciones.
Las conversaciones con los fondos CVC y GIP para la adquisición de sus participaciones en Naturgy (en total con un 41,3% del capital) se están alargando más de lo previsto, y diversas fuentes apuntan la dificultad de cerrar el precio de la operación. El mercado anticipaba que el precio de compra rondaría los 27 euros por acción, lo que implicaría valorar a la energética española en unos 26.200 millones.
Un precio que, si acaba confirmándose, se sitúa muy por encima de los 19 euros por título que pagaron tanto CVC como GIP para entrar en Naturgy hace más de un lustro y que también es superior al entorno de entre 24 y 25 euros en que se sitúa la energética actualmente en bolsa, con cerca de 2.000 millones más que la capitalización actual del grupo comandado por Francisco Reynés.
La sacudida accionarial en marcha implicará la salida de los fondos CVC y GIP y también se da por hecho que a la opa acudirá una parte importante de los accionistas minoritarios que acumulan en conjunto un 13% de la compañía. La gran duda es si optarán por acudir a la opa el fondo australiano IFM (que controla un 15% y que no participa en las negociaciones en marcha) y el grupo gasista argelino Sonatrach (con un 4,1%) y cuya decisión condicionará el peso final del nuevo núcleo duro de Naturgy.
‘Ok’ del Gobierno con condiciones
La operación deberá contar con la autorización expresa del Gobierno, que en virtud del ‘escudo antiopas’ tiene la potestad de decidir sobre la compra por parte de inversores extranjeros de participaciones superiores al 10% en empresas de sectores que se consideran estratégicos para el país. El energético es uno de ellos. Los planes del Gobierno pasan por respaldar la operación, pero imponiendo condiciones y exigiendo compromisos a los nuevos dueños para autorizarla.
Varios ministros han llegado a expresar públicamente en las últimas semanas ciertos recelos hacia la entrada de Emiratos en el capital de una de las grandes energéticas del país. Pero el Ejecutivo está dispuesto a apoyar la operación de Abu Dabi si es pactada con CriteriaCaixa, que se convertiría en garante de la españolidad de la empresa y de los intereses estratégicos nacionales, y si contempla un plan industrial a largo plazo.
La participación en la operación de LaCaixa se ve como aval imprescindible para el ‘ok’ gubernamental. Los planes de Criteria y la abudabí Taqa pasan por poner en marcha una operación coordinada para acabar lanzando una oferta de compra por el 100% de las acciones de Naturgy y sellar un acuerdo de socios para gestionar la energética de la manera conjunta. La intención inicial del Gobierno, a la espera de conocer todos los detalles del acuerdo de opa conjunta de Taqa y Criteria, pasa por imponer a Abu Dabi las mismas condiciones que ya estableció en 2021 para autorizar el desembarco del fondo australiano IFM en la energética, lo que implica exigir garantías de mantenimiento de empleo y de inversiones en España, según apuntan fuentes gubernamentales.
Y es que Moncloa ya utilizó el ‘escudo antiopas’ en Naturgy e impuso hace tres años compromisos a IFM para aprobar su opa parcial con la que buscaba tomar un 23% del capital (una operación que fracasó, sólo consiguió comprar en torno a un 10%, pero luego el fondo ha ido adquiriendo pequeños paquetes en el mercado hasta controlar actualmente un 15% de la energética española).
El Consejo de Ministros exigió a IFM compromisos para apoyar el mantenimiento de la sede en Naturgy en España; para garantizar el mantenimiento de una parte significativa de la plantilla en España; para respaldar inversiones en proyectos vinculados a la transición energética en España; para rechazar desinversiones en las filiales de la energética de redes eléctricas y de gas natural (incluido el gasoducto con Argelia); para impulsar una política de dividendos prudentes que garantice poder ejecutar las inversiones verdes necesarias y una estrategia de endeudamiento que permita mantener la calificación crediticia de grado de inversión; así como para rechazar la exclusión de la compañía en la bolsa española.
“Naturgy cuenta con infraestructuras críticas en el aprovisionamiento y distribución de gas natural y realiza actividades reguladas en energía y gas, por lo que la autorización de la operación está sometida a condiciones”, explicó Moncloa en agosto de 2021 sobre el ‘ok’ condicionado a IFM. “Las condiciones fijadas tienen como objetivo proteger el interés público a través del mantenimiento de la sede y la actividad en España, la garantía de una gestión financiera prudente, el apoyo a las inversiones fundamentales para la transición energética y el mantenimiento de la negociación en bolsa y las obligaciones de transparencia asociadas”, justificó el Ejecutivo.