Las medidas que empezarán a tomarse a partir del 10 de diciembre exigirán sacrificio y paciencia. Ese es el mensaje que empezó a bajar el equipo de Javier Milei en los intercambios que vienen manteniendo con empresas y cámaras privadas para recoger sus preocupaciones y afinar el plan de shock que prepara el presidente electo.
El panorama que surgió de esas conversaciones es que el paquete de ajuste fiscal, cambiario y monetario en estudio implicará en el corto plazo más inflación -hoy es del 142% interanual- y escasez de dólares. «Vienen momentos difíciles», le dijo en los últimos días un técnico de La Libertad Avanza a ejecutivos de una multinacional.
El futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el posible secretario de Industria, Federico Ovejero, se reunieron con la mesa chica de la UIA, el rubro alimenticio, automotor, siderúrgico, metalmecánico, farmacéutico, calzado y juguetes. Todavía no está claro como será la «apertura comercial» y su impacto en los rubros más protegidos.
«Estamos plasmando en un documento cuáles son las necesidades de las empresas y trabajamos en un plan que apunta a tener una industria competitiva, tecnológica, generadora de empleo y exportaciones», se limitó a señalar una fuente que participa de los equipos libertarios.
Después de que Milei rechazara una reunión con UIA, la central fabril espera que asista a la conferencia industrial del próximo 30 de noviembre. Uno de los motivos de preocupación son los permisos de importación. «Nos cortaron el crédito, si no nos dan algo de dólares, de 1 a 3 meses no tenemos insumos», advirtió un industrial.
Milei viene apuntando contra la «herencia» del gobierno. Dentro de ese paquete, incluye una deuda comercial del Banco Central con importadores de US$ 30.000 millones, giros de divisas pendientes por US$ 20.000 millones, vencimientos de deuda en pesos por US$ 90.000 millones y US$ 24.000 millones con el FMI en 2024.
A eso, hay que sumar las tensiones propias de la transición. Después del batacazo del libertario en el balotage, hubo tensión por el dólar y rumores de que el excandidato presidencial se apartaría del Ministerio de Economía. Finalmente, Massa confirmó el lunes su continuidad, designó un equipo de transición y tomó medidas.
Pero todavía no hubo reuniones con Economía ni el Banco Central porque Milei no habría definido quienes ocuparán esos cargos, para los que suenan Federico Sturzenegger y Emilio Ocampo. «No tenemos equipo designado aún, no hay interlocutor, no saben quién viene de presidente», señalaron en el BCRA.
Con reservas netas negativas, las medidas anunciadas el lunes, que incluyeron un dólar exportador con una mejora del 20%, no pudieron impedir este martes que el Banco Central interrumpiera su racha de compras y que todos los dólares paralelos se movieran al alza, con el blue a $ 1.075 y el MEP en un récord de $ 930.
Massa también garantizó el uso de opciones de venta (put) a los bancos para que puedan desprenderse de bonos del Tesoro y vendérselos al Central. Aún así, el clima en el sector financiero es de incertidumbre, pese a los contactos que mantuvieron algunos con el futuro ministro de Interior, Guillermo Francos, y la futura canciller, Diana Mondino,
Los ojos están puestos en el plan para eliminar las Leliqs y abrir el cepo cambiario, una secuencia que implica corregir desequilibrio de stocks del BCRA y, en paralelo, avanzar con ajuste fiscal. El presidente electo aseguró que hay fondos que podrían desembolsar u$s30 millones para rescatar esa deuda del BCRA.
«No puedo dormir con las Leliqs si hay un shock, los intereses son $ 2,2 billones mensuales y $ 100.000 millones diarios para 77 bancos y vos tenías que el IFE fueron $ 265.000 millones a 9 millones de personas en un semestre, hay clientes detrás de esto, les conviene un diciembre positivo», advirtió un banquero.
Las Leliqs fueron creadas en 2018 durante la presidencia de Sturzenegger en el BCRA para evitar que los pesos en circulación presionen sobre la inflación. El Central ofrece estos títulos a los bancos a cambio de pagarles un interés y fijarles una tasa mínima que deben pagar por los depósitos de los ahorristas.