El 21 de agosto de 2003, minutos antes de las dos de la madrugada y tras un extenso debate que había empezado el día anterior, el Senado anuló las llamadas «leyes de impunidad», una de las primeras políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner a poco de asumir el Gobierno.
La nulidad (ley 25.779) se logró con 43 votos favorables, siete en contra y una abstención, pero antes de eso el Parlamento ya le había dado rango constitucional, mediante la Ley 25.778, a la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El proyecto de nulidad, promovido por la entonces diputada de Izquierda Unida (IU) Patricia Walsh, y la Convención de Naciones Unidas habían recibido días antes la aprobación de la Cámara baja.
Nueva etapa en la historia argentina
Las dos leyes, promulgadas el 2 de septiembre del 2003, abrieron una nueva etapa en la historia argentina y pusieron fin a décadas de impunidad con la reanudación en todo el país de juicios por delitos de lesa humanidad que habían quedado paralizados a mediados de los 80.
Es que, justamente, las llamadas «leyes de impunidad» fueron impulsadas y promulgadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, algo más de un año después de la finalización del histórico Juicio a las Juntas Militares.
Ley 23.492 de Punto Final
La 23.492 de Punto Final estableció a finales de 1986 la caducidad de las acciones penales abiertas contra los represores que no hubieran sido llamados a declarar por la Justicia antes de los 60 días corridos desde su promulgación. Transcurrido ese plazo, no podían ser alcanzados judicialmente.
En un discurso al país, Alfonsín ensayó como argumento que la necesidad de un «punto final» estaba atada al «largo tiempo transcurrido en las investigaciones» por violaciones a los derechos humanos.
El proyecto fue aprobado por el Congreso el 23 de diciembre de 1986 y promulgado por Alfonsín al día siguiente, pese al rechazo expresado en una masiva manifestación liderada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos de derechos humanos, además de partidos políticos y la CGT.
Ley 23.521 de Obediencia Debida
La ley de Punto Final fue complementada, a mediados de 1987, con la de Obediencia Debida (23.521), impulsada tras el alzamiento militar «carapintada» de la Semana Santa de ese año, que puso en riesgo la continuidad democrática.
La rebelión fue protagonizada por oficiales que se negaban a ser citados por la Justicia para rendir cuentas en las investigaciones abiertas con la recuperación democrática.
La Obediencia Debida estableció diferentes niveles de responsabilidad penal entre quienes impartieron órdenes y aquellos que ejercieron los actos represivos de la dictadura. Equivalía a una exculpación de los delitos de lesa humanidad para oficiales de rango medio y bajo.
Así, se acotó el universo punible a los mandos superiores, con excepción del robo de bebés nacidos durante el cautiverio ilegal de sus madres, un delito que había quedado fuera del alcance del Punto Final.
Uno de los primeros en beneficiarse con la puesta en vigencia de la Obediencia Debida fue el excomisario Miguel Etchecolatz, fallecido en julio del año pasado tras haber recibido nueve condenas a prisión perpetua por crímenes cometidos en el «Circuito Camps», una de las estructuras más extendidas del esquema de represión ilegal, en el que estuvieron detenidas cientos de personas, muchas de las cuales continúan desaparecidas.
Indultos, derogación y reclamos
A las cuestionadas normas sancionadas durante el alfonsinismo le siguieron, entre 1989 y 1990, los cuatro decretos de indultos firmados por el entonces presidente Carlos Menem.
La decisión presidencial les otorgó el perdón a 220 militares, entre ellos los excomandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri. También alcanzó a líderes carapintadas y a 70 civiles, algunos de ellos, exjefes de organizaciones guerrilleras, como Mario Firmenich, de Montoneros.
El propósito de los decretos apuntaba a alcanzar la «pacificación y la reconciliación nacional», explicó Menem, pero no logró acallar la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia.
Este reclamo de los organismos de derechos humanos, junto al pedido «juicio y castigo a los culpables», no cesó: en 1998 la Justicia logró la apertura de investigaciones por apropiaciones de niños llevadas a cabo en la dictadura.
Ese mismo año, el Congreso derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero esa determinación legislativa carecía de retroactividad y no alcanzaba a las violaciones cometidas por la última dictadura.
Cómo se gestaron el proyecto y la decisión política que terminaron con las leyes de impunidad
Un persistente reclamo de los organismos de derechos humanos y un encuentro oportuno entre la exdiputada de izquierda Patricia Walsh y el entonces presidente Néstor Kirchner hicieron posible, 20 años atrás, que el Congreso anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y pudieran reanudarse luego los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura.
«No se trataba de una cuestión técnica y jurídica, sino de tomar una decisión política que nos permitiera tener un país en el que se pudiera juzgar a los genocidas», expresó a Télam Patricia Walsh, diputada nacional (MC) de la Izquierda Unida y autora del proyecto que el Congreso transformó en ley el 21 de agosto de 2003.
Walsh había asumido su banca de legisladora nacional en diciembre de 2001, en medio de un país convulsionado al punto de vivir un estallido social que terminó ese mismo mes con el Gobierno de Fernando de la Rúa.
En su campaña electoral, recordó, se había propuesto llevar a la Cámara de Diputados «dos banderas políticas fuertes: la denuncia de la deuda externa ilegal e ilegítima y el fin de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico militar».
Para lograr el segundo de los objetivos, Walsh -única representante de la Izquierda Unida en el cuerpo legislativo- presentó un proyecto que proponía la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, impulsadas por el Gobierno de Raúl Alfonsín, y de los indultos dictados por Carlos Menem.
El tratamiento del texto fracasó en 2002 por falta de respaldo de los partidos políticos mayoritarios, pero Walsh, hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, asesinado y desaparecido por la última dictadura en marzo de 1977, insistió al año siguiente. Apenas comenzó la actividad parlamentaria, presentó otro proyecto similar.
El 9 de junio de 2002 -todavía sin novedades sobre un posible debate legislativo de su iniciativa- Walsh fue invitada por el entonces presidente Kirchner a un acto en la Casa Rosada.
Se trataba de un homenaje a los civiles y militares asesinados en la denominada masacre de José León Suárez en 1956, durante la autoproclamada Revolución Libertadora que derrocó del Gobierno a Juan Perón. Aquellos fusilamientos fueron denunciados por Rodolfo Walsh en la célebre investigación periodística «Operación masacre».
Por ese motivo, en carácter de hija del escritor, Patricia Walsh asistió al acto oficial. Decidió llevar consigo el proyecto de ley que había presentado en el Congreso para -si tenía la oportunidad- entregárselo en mano al Presidente, algo que consiguió hacer gracias a una gestión del entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
«Fue un encuentro muy breve que se dio mientras Kirchner se iba del salón. Le dije que para terminar con esa cuestión gravísima, como era la construcción de impunidad, hacía falta la misma cantidad de votos que requería el juicio político a los jueces de la Corte, algo que se debatía en ese momento. Kirchner me miró, tomó el proyecto, me sonrió con cierta sorpresa por lo que estaba haciendo y se fue», rememoró Walsh.
Dos meses después, la diputada recibió la noticia de que el proyecto, que no incluiría la nulidad de los indultos, iba a debatirse en el recinto de la Cámara de Diputados, donde tuvo media sanción con el respaldo mayoritario del bloque oficialista y varias diputadas y diputados de la UCR, que había dado «libertad de acción» a su bancada.
La iniciativa pasó al Senado, donde fue aprobada y transformada en ley una semana después.
«El clima político que se gestó con Néstor Kirchner en la presidencia, a la que había llegado con escasos votos pero con acciones de autoridad política, permitió la sanción de la norma. Sentimos que habíamos aprobado una ley de reparación y justicia«, comentó a Télam la exsenadora peronista Diana Conti, quien votó a favor de la iniciativa.
Tras aquel «día de triunfo», dijo Conti, «parecía impensado» que dos décadas después se escuchen «voces que niegan la existencia de 30.000 desaparecidos», víctimas de la dictadura cívico militar.
«A 20 años de la anulación de las leyes de impunidad hay algo de lo que sigo estando orgullosa: que las bancas legislativas sirven, si se usan bien. En vez de estar enojados y creer que no hay que ir a votar en las próximas elecciones, hay que ir y elegir (entre los candidatos) a aquel o aquella que pueda hacer mejor nuestro país», planteó Walsh.
Y aseveró: «No importa si vas a ganar una sola banca, como me ocurrió a mí, o 20. Me acompañaba una lucha enorme, la del movimiento de derechos humanos, así que no me sentía sola. Aquella era una fuerza colectiva».
Inconstitucionalidad y nulidad
Tres años después, el 6 de marzo de 2001, el juez federal Gabriel Cavallo dictó un fallo histórico en el que declaró, a partir de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de impunidad.
La querella fue planteada, entre otros, contra el excomandante del Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura, Carlos Guillermo Suárez Mason, por su responsabilidad en la desaparición forzada del matrimonio compuesto por José Poblete Roa y Gertrudis Hlaczik, detenidos ilegalmente en 1978 en el centro clandestino «El Olimpo», y por la apropiación de la hija de ambos, Claudia Victoria Poblete, recuperada años después por las Abuelas de Plaza de Mayo.
La decisión del juez Cavallo fue ratificada por la Cámara Federal, que en su resolución consideró que la anulación de ambas normas debía ser una «obligación» para el sistema judicial y político.
Esa posición de un sector de la Justicia, sumada a la decisión política del Gobierno de Néstor Kirchner, propició que el Congreso pudiera en 2003 declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y dar paso así a la reanudación de las investigaciones y juicios por los crímenes.
El histórico discurso de Cristina Kirchner
Veinte años atrás, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner exhortó a la Cámara alta a entender que los derechos humanos «son una cuestión de humanidad en el mundo globalizado» y no «un tema de derecha o izquierda» y consideró como «un acto de reconstrucción institucional y moral de la Argentina» sancionar la nulidad de las llamadas «leyes de impunidad».
Fernández de Kirchner cerró así un extenso e histórico debate en el Senado, que finalizó con la sanción de una norma que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, impulsadas por el Gobierno de Raúl Alfonsín.
«Cuando digo institucional -afirmó, según la versión taquigráfica de la sesión- me refiero a que no puede ser que los ciudadanos argentinos sigan viendo a sus instituciones como las que atentan contra los más elementales principios de convivencia y pacto social que nos debe animar a todos. Y es moral porque no es cierto que el futuro se pueda construir barriendo la suciedad y poniéndola debajo de la alfombra», dijo.
En el discurso de cierre de la sesión que había comenzado la tarde del 20 de agosto de 2003 y finalizó en la madrugada del día siguiente, la expresidenta y actual vicepresidenta planteó que la anulación de las normas de la década del 80 era algo «necesario» para que, «de una vez por todas», en el país pudiera «saberse que aquellos que violan la ley y los principios básicos de la convivencia de la sociedad civilizada» son «castigados».
También, Fernández de Kirchner, presidenta entonces de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, consideró «necesario que de una buena vez por todas algunos mediocres e interesados terminen de establecer esto de los derechos humanos como una cuestión perteneciente a la agenda de la izquierda argentina».
«Esta sólo puede ser una afirmación de mediocres; los argentinos tenemos que notificarnos que en el mundo globalizado los derechos humanos no constituyen un tema de derecha o de izquierda, sino que son una cuestión de humanidad», argumentó.
Recordó que en 1998, cuando se desempeñaba como diputada, ya había participado de un debate tras la presentación de un proyecto para derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
«En aquella oportunidad voté, como lo voy a hacer ahora, con absoluto convencimiento sobre la nulidad de las leyes de la impunidad», rememoró.
Además, mencionó su oposición a la decisión del expresidente Carlos Menem de indultar, entre fines de 1989 y principios de 1990, a los principales jefes militares de la última dictadura.
«Nunca he creído que defender una idea o una bandera partidaria pueda ser compatible con la defensa o, por lo menos, con la cobertura de la impunidad de aquellos que han violado derechos sagrados», mencionó.
Durante el debate legislativo, la actual vicepresidenta criticó a los legisladores que se oponían a la nulidad de las leyes con el argumento de que se alteraba la división republicana de poderes porque, a su criterio, se trataba de una medida que debía ser potestad de la Justicia.
«Desde el Parlamento argentino se ordenó a los jueces -en referencia a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final- que no podían juzgar ni condenar a quienes habían torturado, violado y secuestrado ciudadanos argentinos. Curiosamente, hoy se nos dice que estamos violando esa división republicana de poderes al decretar la nulidad de esa ley que dio instrucciones a los jueces de la República sobre cómo tenían que actuar en juicios», respondió.
Para explicar la superioridad de las leyes naturales y divinas por sobre las de los hombres, Fernández de Kirchner citó en su alocución el relato de un personaje de la mitología griega, Antígona, que -dijo- había sido parte de su «primera clase» como estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
La entonces senadora narró que Antígona quería sepultar a su hermano, pero la ley que regía en la ciudad de Tebas lo impedía. «Antígona cruza la frontera de la ciudad, viola la ley del tirano, la ley positiva y va y entierra a su hermano. Mujer tenía que ser después de todo; creo que no debe ser casualidad», afirmó y recibió aplausos del público que presenciaba la sesión.
Resaltó que la heroína griega «va y entierra a su hermano porque existe una ley natural que está por encima de la de los hombres, que dice que los cuerpos deben recibir sepultura».
«En nombre de ese Derecho, que es superior a cualquier otra cuestión, hoy nos encontramos reunidos aquí; nunca admití que en nombre de las razones de Estado se fundamentara la violencia que implica la violación del cuerpo humano», cerró Fernández de Kirchner.
Un punto de inflexión
«Nunca me hubiese enterado de la condición de genocida de mi padre si no se hubiesen reanudado los juicios tras la anulación de las leyes», dijo a Télam Analía Kalinec, hija del exsubcomisario de la Policía Federal Eduardo Kalinec, condenado en 2010 a prisión perpetua por haber cometido genocidio en los centros de detención Atlético, Banco y El Olimpo.
Analía Kalinec, integrante del colectivo Historia Desobedientes, que reúne a hijos, hijas y familiares de represores, consideró la nulidad de las normas como «un punto de inflexión» en su vida.
El 4 de agosto de 2006, casi un año después la anulación de las leyes, el represor Julio Simón se convirtió en el primer condenado en los reiniciados juicios. Semanas más tarde fue el turno de Etchecolatz, quien recibió reclusión perpetua.
«Nunca me hubiese enterado de la condición de genocida de mi padre si no se hubiesen reanudado los juicios tras la anulación de las leyes»Analía Kalinec, hija del exsubcomisario de la Policía Federal Eduardo Kalinec «Durante el Gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso y el Poder Ejecutivo mostraron la voluntad política de avanzar por el camino de la Memoria, la Verdad y la Justica», analizó en diálogo con Télam Sol Hourcade, coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia del CELS.
Hourcade recordó que la declaración de nulidad de las normas fue convalidada en 2005 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. «De este modo -sostuvo-, los tres poderes del Estado materializaron el reclamo histórico de las víctimas y delos organismos de derechos humanos».
