El Gobierno sigue ampliando el congelamiento de precios y, en las últimas horas, sumó a las empresas de medicina prepaga. Fue después de una semana de fuertes tironeos con las empresas del sector que concluyeron en un acuerdo para mantener sin cambios las cuotas por 90 días para los hogares que, entre otras condiciones patrimoniales, su ingreso no exceda los $ 2 millones brutos mensuales.
De esa manera, el sector terminó por incorporarse a las medidas puestas en marcha tras la derrota del oficialismo en las PASO y la devaluación. Para evitar una mayor disparada de la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el congelamiento de combustibles, medicamentos transporte público en la región metropolitana y medicina privada. De manera extraoficial, también se da por hecho el congelamiento de tarifas de energía eléctrica y gas natural.
Precios congelados
Se trata de un «plan freezer» donde también se incluye el tipo de cambio oficial, que el Gobierno prometió mantener quieto en $ 350 hasta el 31 de octubre próximo. En el pasado, ya hubo congelamientos de ciertos precios con una inflación caminando a un ritmo del 10% mensual. Y, para los analistas, es una olla a presión que cuando se destapa deriva en descalabros mayores.
El congelamiento de las cuotas de las prepagas tendrán vigencia por octubre, noviembre y diciembre. Eso significa que los afiliados deben pagar las facturas con el aumento de septiembre – del 7,18% o del 5,58%– porque ya fueron enviadas a los afiliados en la segunda quincena de agosto, según informaron las empresas del sector.
Además del ingreso, la otra condición para acceder al beneficio es que los usuarios demuestren que no poseen capacidad económica. Para eso deberán declarar sus ingresos y capacidad económica financiera a través del aplicativo que está en el sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Se considera que el grupo familiar no posee capacidad económica cuando el titular o sus afiliados: no sean propietarios de 2 o más inmuebles, no sean propietarios de 3 o más vehículos, excepto los hogares donde exista al menos uno una conviviente con Certificado Único de Discapacidad, no sean titulares 1 o más aeronaves o embarcaciones de lujo, o no sean titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.
Así, por ejemplo, un afiliado y familia con ingresos de menos de $ 2 millones mensuales pero tiene 2 inmuebles, la cuota no se congela y se aplica el porcentaje del Índice de Costos de Salud.
Topes en los precios y servicios congelados
La medida se tomó en vistas de la aceleración de la inflación tras la devaluación. En ese marco, Massa anunció un acuerdo de precios con supermercados y mayoristas, con un tope del 5% mensual por tres meses para 52.000 productos, una pauta quese extendió al calzado, celulares, indumentaria, motos y los electrodomésticos (en algunos casos, con aumentos del 0%).
En los sectores regulados, se optó por un congelamiento de tarifas por 90 días. Ese fue el esquema acordado con las petroleras, tras convalidarles una suba del 12,5% en combustibles; los laboratorios luego de fuertes incrementos en los medicamentos; las empresas de transporte urbano; y ahora las prepagas.
El Gobierno dejó sin efecto la semana pasada el ajuste por inflación pautado para el transporte en el AMBA para septiembre, como venía ocurriendo desde marzo. Así, la tarifa mínima del colectivo se mantuvo en $ 52,96 y la máxima $ 72,61, mientras la del tren, en $25,72 y $ 52,95, según la línea. Si bien no se fijó un plazo, estará vigente por lo menos hasta las elecciones generales de octubre.
En muchos casos, el Estado asumirá parte del costo ya que las empresas tendrán beneficios por aceptar los topes o congelamientos. Esto es la suspensión del impuesto PAIS sobre importaciones, la eliminación de retenciones a ciertas exportaciones, la prórroga para el pago de adelantos de impuestos, la reducción de contribuciones patronales, y el acceso a divisas para su giro al exterior.
«Efecto placebo»
El Gobierno está preocupado por la alta inflación y la recesión en marcha. Todo eso dificulta recuperar los votos perdidos. Por ello, Massa sumó bonos, sumas fijas, beneficios fiscales y créditos a jubilados, trabajadores, monotributistas, empleadas de casas particulares y pymes. Paliativos que tendrían un impacto transitorio.
«Las medidas nos están llevando a replantear un poco el escenario de corto plazo, reduciendo levemente la inflación de septiembre (¿más cercana al 11% desde el 13% inicial?), pero a costa de una mayor inflación de manera posterior», advirtió Sebastián Menescaldi, socio adjunto de EcoGo.
El ministro de economía y candidato ya no parece tener anclas para intentar contener el avance de los precios y la dolarización, y los privados proyectan una inflación superior al 160% anual. «El tema es que todas estas medidas son un efecto placebo que agravan la situación actual y que eventualmente necesitarán una corrección mayor», agregó el economista.
Massa debía definir también el incremento de las tarifas de energía, como le propuso la secretaria de Energía, Flavia Royón. El FMI le dió un ultimátum: el 1 de septiembre la boleta de luz debería subir 14% para usuarios de altos ingresos, 8% para los de bajos ingresos y 16% para los sectores medios. Massa ya decidió. También se congelan. El FMI ya no cuenta, luego de haber desembolsado los 7.500 millones de dólares.