Si el Gobierno no amplía la recaudación, el proyecto para modificar el Impuesto a las Ganancias sumará más presión en las cuentas públicas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la medida impulsada por Sergio Massa tendrá un costo fiscal total de hasta $ 2,9 billones (0,83% del PBI) en 2024.
El cálculo representa lo que dejaría de recaudar el Estado nacional (incluyendo las provincias) si se aprueba la iniciativa que empezó a debatirse este martes en la Cámara de Diputados y obtuvo el apoyo del candidato libertario, Javier Milei, luego de que Massa aceptara posponer el debate presupuestario para después de las elecciones.
El proyecto de Massa elimina la cuarta categoría del gravamen y crea un impuesto cedular que establece que sólo pagarán el tributo los altos ingresos superiores a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), que en octubre representará cerca de $ 2 millones y beneficiará a 800.000 trabajadores.
A su vez, quienes estén por arriba de ese piso pagarán alícuotas en cinco escalas del 27% al 35%, según los ingresos.
En ese marco, la OPC proyectó que «para el Tesoro se estima un impacto fiscal en 2024 negativo equivalente a 0,30% del PIB ($1,05 billones a precios de 2024)». Para el Poder Judicial, 0,03%; AFIP, 0,02%; fondo para Aportes del Tesoro Nacional, 0,01%; y provincias, 0,48%. En total, un costo recaudatorio del 0,83% del PBI.
«Cabe aclarar que la estimación de impacto es de primer orden, ya que no se calcula el efecto de la modificación bajo análisis sobre la recaudación de otros tributos nacionales, ni se cuantifica la posible reducción de alícuotas efectivas del Impuesto a las Ganancias sobre otras rentas que la creación del Impuesto cedular de los artículos 6 y 7 podría implicar», señaló el organismo.
El escenario base 2024 se calculó con la estimación de los parámetros nominales del impuesto vigentes al 1 de enero de 2024, sin incluir medidas de actualización del salario exento, aguinaldo o cualquier otro cambio por fuera de lo previsto, lo que en ese caso implicaría un costo fiscal menor, del 0,67% del PBI.
Para el cálculo, se tomaron las proyecciones del proyecto de Ley de Presupuesto 2024. Allí se prevé una inflación del 135,7% en 2023 y del 69,5% en 2024, junto con una suba real de los salarios privados registrados del 1,8% interanual este año y un crecimiento de la economía del 2,7% el año próximo.
Sobre esa base, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en 2024 una variación anual promedio de la remuneración de salarios formales (RIPTE) de 101,8% interanual y en el caso del SMVM, del 107%, cuyo nivel en julio del año próximo será de $ 212.297, mientras que el PBI nominal alcanzará $ 352,4 billones.
El equipo de Massa sostiene que la pérdida de recaudación se va a compensar por el Impuesto PAIS y otras medidas, como un impuesto mínimo a las sociedades y la inclusión en Bienes Personales de los inmuebles rurales en el exterior, o el pago de Ganancias por los funcionarios del Poder Judicial, pero todavía está por verse.
«El gobierno tiene la intención que se discuta la separata del Presupuesto. Ahí se estipula un costo fiscal de 4,7% del PIB, considerando gasto tributario y otros beneficios impositivos. Si se avanzara en ciertos cambios de estos gastos, se abre la posibilidad de una mayor recaudación», dijo Nadín Argañaraz, director de IARAF.
El Gobierno acordó con el Fondo Monetario bajar el déficit primario (sin incluir los intereses de la deuda) a 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024, pero tras las últimas medidas las consultoras estiman un piso del 2,5% para este año, en un escenario con inflación récord y escasez de dólares.
«No se vislumbra cómo se compensará ese rojo fiscal, más aun teniendo en cuenta que hay que bajar el déficit en 2024 de más el 3% del PBI a 0%, y ahora tenes que sumarle un ajuste adicional», dijo Pablo Repetto, director de Aurum.
«Está aumentando el peso de la herencia para el próximo gobierno, que tendrá mayores necesidades de ajuste de gasto en el corto plazo. Como el 60% del gasto público es rígido y esta cuasi indexado a la inflación pasada, el ajuste de subsidios energéticos y obra pública deberá ser mucho mayor», dijo el economista Jorge Neyro..