La segunda audiencia para definir cuánto pagará el Estado por la expropiación de YPF terminó el jueves en forma abrupta. La jueza Loretta Preska, a cargo del distrito sur de Nueva York, tuvo que interrumpir la audiencia por cruces entre las partes que terminaron siendo muy intensos, según testigos que presenciaron la escena. La magistrada decidió que las exposiciones continúen el viernes por la mañana.
Luego de 9 horas de audiencia, Argentina presentó testigos para defender su posición. Los abogados de Burford refutaron a esos especialistas, en un clima caldeado para quienes estuvieron . “Se peleaban entre ellos, discutieron y Preska cortó”, detalló una fuente.
Hay que recordar que Argentina ya perdió el juicio. La jueza Preska -a cargo del tribunal de distrito sur de Nueva York- solo tiene que decidir el monto de la sentencia. Hay un piso de US$ 5.000 millones por ese fallo, ya aceptado por Argentina y el fondo Burford. Pero puede llegar a US$ 16.000 millones en el peor escenario. La cifra final dependerá de la fecha que se tome como referencia (16 de abril o 7 de mayo de 2012) y la tasa de interés que se aplique sobre la indemnización.
«No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son US$ 10.000 millones ¿Y eso dónde está?», desafió Kicillof en su paso por el Congreso en 2012.
Argentina ya pagó US$ 5.000 millones de un arreglo con Repsol. Como entregó títulos públicos, el valor final de ese entendimiento superó los US$ 8.000 millones, con el pago de intereses incluido. Tras la próxima sentencia, tendrá que desembolsar otros US$ 5.000 millones, como mínimo.
De continuar este proceso, Argentina destinará -como mínimo- unos US$ 5.000 millones cuando al mismo tiempo tiene un capital en la compañía (el 51% que hoy vale menos de 3.000 millones.
Este final parece muy distinto al presagiado por Axel Kicillof, el ministro de Economía e interventor de YPF en 2012.
“Los números de los que estaban hablando los propios directivos de manera muy imprudente acerca del valor de la compañía van a ser revisados a medida que podamos conocer los vericuetos y la información secreta que la empresa manejaba”, dijo el actual gobernador bonaerense. «Sólo desde adentro conoceremos cuáles son los pasivos ambientales, que con seguridad muchos de ellos no han sido expuestos en sus libros contables, en sus balances», afirmó.
La justicia estadounidense ya determinó que Argentina debe pagar. Es por no haber hecho una oferta pública para comprar todas las acciones cuando estatizó el 51% de la petrolera por decisión de Cristina Kirchner en 2012. Hasta ahora, ninguna de las apelaciones funcionó. En las audiencias de estos días solo se está tratando de determinar el monto de la indemnización.“No va a ser un fallo fácil de escribir, va a ser largo, hay que justificar muchos aspectos técnicos sobre la ley argentina, sobre las fórmulas matemáticas y los montos”, presagian quienes siguen el minuto a minuto del juicio.
«El cálculo de los daños es usando una fecha de aviso que es 40 días antes de la toma de control del 16 de abril de 2012 se incluyó en el escrito de juicio sumario presentado públicamente por los demandantes e implicaría una consideración de oferta pública de adquisición de aproximadamente US$ 7.500 millones para Petersen Energía (cuyo derechos para litigar tiene Burford) y US$ 900 millones para Eton Park, (que también posee Burford)», esgrime la demanda.
«No hay evidencia presentada públicamente que realice el mismo cálculo durante 40 días antes del 7 de mayo de 2012 (cuando se expropió), pero los datos públicos implicarían una consideración de oferta pública de aproximadamente US$ 4500 millones para Petersen y US$ 550 millones para Eton Park, antes de los intereses, aunque se necesitarán más análisis de expertos. necesarios para llegar a cifras precisas. Inevitablemente, habrá diferencias entre estos escenarios hipotéticos y la realidad final», según los fondos.
La discusión, se entiende, es por dinero: los fondos eligen la fecha del 16 de abril porque las acciones de YPF valían 25% más en ese momento que varias semanas más tarde, cuando los papeles ya se habían derrumbado acompañando el ingreso de Kicillof a la gestión de la petrolera.
Por eso mismo, en función de la fecha elegida del inicio de la expropiación, y la tasa de interés que vaya a aplicar la jueza para actualizar esos montos desde 2012 hasta ahora, se determinará el monto final que se abonará. La tasa anual a aplicar será retroactiva desde el momento de la expropiación. Puede ir del 0% -como pide Argentina- hasta el 8%, como exige Burford.
El piso de US$ 5.000 millones que pagará Argentina por el 29% de la empresa se determina al tomar en cuenta el 7 de mayo como fecha de expropiación, y si se aplica una tasa de interés del 0% desde 2012. En cambio, si se aplica una tasa de interés máxima convenida por las partes -del 8%-, el laudo podría llegar a US$ 9.500 millones.
A su vez, si la fecha de referencia de la estatización es el 16 de abril, como argumenta Burford, el monto de la sentencia va de US$ 8.431 millones -con una tasa del 0% de interés- hasta US$ 16.000 millones, con una tasa del 8% anual.
En 2013, la Argentina llegó a un arreglo extrajudicial con Repsol, que tenía el 51% de YPF, que fue expropiado por el Estado nacional. En ese momento, la gestión de Kicillof y Kirchner le pagó a la española US$ 5.000 millones en bonos de la deuda pública. Con intereses posteriores de esos títulos, el pago superaría los US$ 8.000 millones.
El tribunal entiende que cuando expropió esas acciones a Repsol, la Argentina debió haber lanzado una oferta pública de acciones por el total de la compañía. Por eso mismo, la jueza consideró que el país está obligado a compensar a los fondos Burford y Eton, que acreditaron poseer los derechos del 29% de las acciones de la empresa que existían en aquél momento.
“El juzgado (de Nueva York) sostuvo que los estatutos de YPF requerían que la República Argentina hiciera una oferta pública de adquisición por las acciones de Petersen”, explicó Burford en un comunicado. “La República no realizó la oferta “y la omisión “perjudicó a los Actores porque nunca recibieron la salida compensad que prometían los estatutos”, entiende Burford.
«La República (Argentina) perjudicó a los demandantes porque tenían derecho a recibir una oferta pública que les hubiera proporcionado una salida compensada pero no lo hizo”, argumentó la justicia estadounidense, reconociendo los argumentos de Burford.