Las posibilidades reales de convertir los planes sociales en empleo fue uno de los ejes del ciclo Democracia y Desarrollo, organizado por Clarín, el martes pasado en el Malba. Hay 1,3 millones de personas que cobran mes a mes el Plan Trabajar, equivalente a medio salario mínimo y, pese a diversos intentos, hasta ahora hubo escaso éxito en lograr que puedan acceder a un empleo.
Con el auspicio de Globant, Banco Macro, Pan American Energy, Organización Techint y Telecom Argentina, en el auditorio del Malba referentes de los principales candidatos políticos, sindicalistas, empresarios y expertos en políticas sociales analizaron cuáles son los desafíos que enfrenta Argentina.
El plenario arrancó con un panel donde se debatió la inserción internacional del país. Allí Diana Mondino, Gustavo Martínez Pandiani, Cárlos Pérez Llana, José Octavio Bordón y Federico Pinedo debatieron acerca de la conveniencia de que Argentina se sume a los BRICS.
En el siguiente panel , conducido por los periodistas Silvia Naishtat y Daniel Fernández Canedo, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA; Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina; y Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica plantearon el desafío de pasar de la inclusión social a la inclusión laboral.
Martínez sostuvo que los altos índices de pobreza actuales se deben a la la crisis de 2001 y cuestionó las políticas de subsidios. “La política juega un papel preponderante. Tiene que estar orientada hacia el desarrollo productivo. No puede estar orientada a generar una política de subsidio como valor fundamental y no atender la necesidad de recrear la cultura de trabajo”, sentenció.
“Acá no hay entorno favorable para la generación de empresas y empleo. Y eso no lo tenemos porque la iniciativa privada no tiene el lugar que debe tener. Ha habido una promoción de la economía popular formal. Ningún país se desarrolla con economía de subsistencia, se lo hemos dicho al Gobierno. Tiene que ser con producción”, arrancó su exposición Funes de Rioja. El ejecutivo fue contundente. “Los empresarios tienen ganas de invertir, pero tienen miedo porque los funden”, apuntó.
Funes de Rioja sostuvo que por la inestabilidad macroeconómica “no se puede hacer otra cosa más que aventuras”, y acusó al sistema normativo de “no responder a las necesidades laborales”. “El Congreso se reúne para aprobar dictámenes de licencias. Parece que fuéramos Finlandia y ni ellos tienen esos días de licencias”, ironizó.
“Argentina tiene que cambiar, pero no se trata de demoler el derecho del trabajo”, advirtió el referente del empresariado, quien además pidió “hablar con realismo”. “Pongamos el pie en la tierra; no es matar trabajadores, es crear empleo formal. La informalidad es un circo, en el mundo desarrollado han buscado esquemas de formalización”, agregó Funes de Rioja.
“Incluso con la economía creciendo a un ritmo aceptable es muy difícil la incorporación de los trabajadores informales, en parte por falta de capacitación y también porque la demanda va a ser más selectiva”, indicó Agustin Salvia.
Y advirtió que “los programas sociales cumplen una función fundamental. Sin ellos, el 8% de población en situación de indigencia superaría el 20% y la pobreza que hoy está en 40% superaría el 50%”.
Pero sostuvo que “los programas de empalme para pasar de programas sociales a empleo genuino han fracasado”. Explicó que la economía argentina actual es de tercios, al igual que el electorado. En el primer tercio hay una economía dinámica, competitiva y con trabajadores calificados; en el segundo hay una estructura vulnerable, con bajas remuneraciones y escasa productividad. Y el otro tercio “está en una situación de pobreza estructural, su cultura de supervivencia es el rebusque y lo complementan los programas sociales” .
Aunque la economía creciera 10%, ese último tercio no se va a incorporar al trabajo formal. “Nadie vive exclusivamente de los planes, la gente trabaja. Hay que mejorar la productividad en el segmento informal y desde ahí articular con el sector formal y crear más valor agregado”, concluyó Salvia.
Renovar las propuestas
En el segundo panel, tres referentes de los principales candidatos presidenciales hablaron de sus propuestas para lograr la inclusión laboral.
Darío Epstein, uno de los principales asesores económicos de Javier Milei, aseguró que sería “criminal” quitar los planes sin dar opciones de trabajo a la gente.
Según Epstein, “una familia tipo que percibe planes sociales gana $200.000 al mes más alguna changa. “¿Cuál es el incentivo para ir a trabajar por la misma plata si lo estás ganando sin trabajar? Este sistema, así como está, no está funcionando. Hay gente que se acostumbró durante muchos años a recibir ayuda del Estado. El Estado no genera riqueza y cuando crece demasiado destruye riqueza. Es imposible entrenar a 1,3 millones de personas si no hay inversión para hacerlo”.
Epstein, que podría integrar el Consejo de Asesores Económicos que planea crear el candidato de la Libertad Avanza si es que gana las elecciones, sostuvo que trabajan en “un plan que puede tardar dos años en ir incorporando a los que cobran los planes sociales al empleo”.
Sin embargo, sostuvo que es “urgente” tomar decisiones “en materia de leyes laborales” y puso el foco en el sistema de multas y en los juicios que, según precisó, hacen que los empresarios no quieran contratar empleados.
“Ningún empleador quiere tomar gente porque no quiere contratar una carta documento con patas, no sirve eso”, señaló Epstein.
Joaquín de la Torre, senador provincial bonaerense que milita con Patricia Bullrich, criticó duramente el sistema actual del Gobierno sobre los planes sociales y afirmó que la candidata a presidenta de JxC “está pensando en que sea un derecho igual al cobro de desempleo”.
De la Torre argumentó que en una primera fase los planes funcionaron porque estaban atados a una contraprestación y porque eran temporales. “Patricia está pensando en que sea un derecho igual al cobro de desempleo. Que todas las personas tengan esa posibilidad, pero no para toda la vida”.
Por otra parte, manifestó que la pobreza “fue la única pandemia” del último tiempo y que el empleo privado “es la única vacuna”.
A su turno Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura y asesor de Sergio Massa en su proyecto presidencial, advirtió que en la Argentina “no se puede convivir con un Estado bobo”. Y destacó que “está claro que los planes sociales desestimulan la búsqueda de empleo, por más que en las economías regionales ahora se haya creado ese instrumento que permite que conviva el trabajo temporario con los planes sociales”.
“Sobre la reforma laboral, los convenios colectivos resuelven bien el problema, yo no veo el problema ahí. Existe un marco de comprensión de la realidad y los dirigentes sindicales, por lo menos en los gremios industriales, tienen la más alta conciencia de que su destino está vinculado al éxito de las empresas”, sentenció Domínguez.