El Consejo de Ministros, coincidiendo con el arranque del curso escolar en la mayor parte de las comunidades, ha aprobado este martes a la distribución de 162 millones de euros para la creación de nuevas plazas públicas y gratuitas de Formación Profesional (FP) y de educación infantil de cero a tres años en varias comunidades autónomas.
La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado la rueda de prensa posterior que los 32,2 millones destinados a la enseñanza infantil, proceden de los fondos a los que renunció la Junta de Andalucía por no coincidir con su modelo de enseñanza infantil concertada, ya que este dinero tenía que destinarse obligatoriamente a la red educativa pública.
El Ejecutivo andaluz obtuvo la financiación del Gobierno para abrir más de 12.000 plazas públicas de educación infantil, del fondo de recuperación europeo. La Junta solicitó al Ministerio poder destinarlo a centros privados subvenciados, pero tras elevar la consulta a la UE, desde Educación se respondió que no tenía cabida legal, ya que esa partida presupuestaria tenía un destino finalista para plazas de carácter público y gratuito. Por este motivo, el Gobierno andaluz decidió crear algo más de 1.000 plazas, devolviendo 112 de los 119 millones que recibió del Gobierno central.
Los 80 millones restantes se destinarán a nuevas plazas hasta 2025
El Gobierno, por su parte, también ha aclarado que la cantidad restante de estos 112 millones (algo más de 80 millones de euros) queda reservada para una nueva redistribución entre comunidades autónomas y otros departamentos, como el Ministerio de Defensa y se destinará a la creación de más plazas de titularidad pública de 0 a 3 años hasta finales de 2025.
Desde el Gobierno andaluz justificaron en marzo la devolución de los 119 millones de euros debido a que el Gobierno de España no ha «adaptado estos fondos a los requerimientos de las comunidades autónomas»
Unos fondos que «no se adaptan a los requerimientos de la comunidad»
Desde el Gobierno andaluz justificaron en marzo la devolución de los 119 millones de euros debido a que el Gobierno de España no ha «adaptado estos fondos a los requerimientos de las comunidades autónomas». «Sí lo ha hecho en algunas comunidades autónomas, nosotros no hemos tenido esa suerte», reivindicó el anterior portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, en el Consejo de Gobierno del pasado 26 de marzo.
El Gobierno autonómico anunció el mismo día que pospondrá al curso académico 2025/26 su «compromiso de avanzar de manera progresiva a partir del curso 2025-26 en la gratuidad de esta etapa educativa en la que están matriculados más de 100.000 menores en Andalucía».
Pilar Alegría ya querido hacer especial hincapié «en trasladar esta información a las familias andaluzas que este curso no han podido escolarizar a sus hijos en la enseñanza pública»
«Una renuncia expresa» de Juanma Moreno
De ahí que la ministra Pilar Alegría haya recordado en su intervención que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, «rechazó que 12.000 familias tuvieran plazas públicas y gratuitas». Alegría ya querido hacer especial hincapié «en trasladar esta información a las familias que este curso no han podido escolarizar a sus hijos en la enseñanza pública». «Quiero que sepan que ha habido una renuncia expresa de ejecutar esos 112 millones de euros por parte de Moreno Bonilla«, ha aseverado. Según la ministra y portavoz, «se redistribuirá este dinero para que el resto de familias de otras comunidades, que así lo hayan pedido, puedan acceder desde edades tempranas a la educación pública».
Pilar Alegría: «Quiero que sepan que ha habido una renuncia expresa de ejecutar esos 112 millones de euros por parte de Moreno Bonilla»
2.900 nuevas plazas públicas en otras comunidades autónomas
En concreto, del total de 162 millones de euros, 130 se destinarán a FP y 32 millones a las nuevas plazas de educación infantil. Educación calcula que con esta última candidad, para el 0-3 podrán crearse unas 2.900 plazas del primer ciclo de Infantil.
El Ministerio de Educación ha repartido este dinero entre las comunidades que han solicitado más dinero para ampliar su red pública de esta franja de edad. En concreto, la financiación se distribuirá entre Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra.