Cuesta eludir algunas interpretaciones que saltan, inevitables, detrás del llamativo paquete de préstamos que el Gobierno lanzó para los jubilados. Puesta de un modo brutal, la primera asocia la medida a la “compra de votos” en un universo de 7,5 millones de personas donde el kirchnerismo la tiene complicada.
En variante menos sonora, la interpretación que sigue dice que se trata de una movida para sacar el foco del ajuste fiscal que el propio Gobierno está aplicando y ya no puede ocultar. Una tercera agrega al combo unos toques de la primera.
En cualquier caso, el anuncio tuvo el formato de un acto de campaña con militantes de la llamada tercera edad incluidos y fue protagonizado por dos figuras fuertes del oficialismo. Compartieron cartel Sergio Massa, el ministro de Economía, candidato a presidente por obra y gracia de Cristina Kirchner y Fernanda Raverta, la directora de la ANSeS, encumbrada dirigente de La Cámpora y aspirante a la intendencia de Mar del Plata.
Suena raro que personas grandes y de ingresos muy golpeados vayan a meterse en préstamos de 400.000 pesos cuando, como es público y notorio, sólo raspando el fondo de la olla llegan a fin de mes. Pero es bien poco raro, en cambio, que candidatos del ex Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, hagan propaganda a su favor y en su beneficio con plata del Estado.
Ya que estaba y embalado por los aplausos amigos, el Massa candidato aconsejó a los jubilados aprovechar la oportunidad que se les daba para “consumir, viajar, comprarle algo al nieto y ganarle a la inflación”, o sea, un festival de opciones. Por las dudas, funcionarios de la ANSeS se apuraron a aclarar que usar la plata para comprar dólares no figura en el paquete.
Claro que si fuese posible elegir libremente, la alternativa vencedora sería un aumento efectivo de los haberes que afloje el torniquete y no esperanzarse con ganarle a la inflación. El problema es que de eso no hay en el menú oficial.
El último informe fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso habla, justamente, del ajuste que el Gobierno está sacudiéndole a las jubilaciones y pensiones. Revela que entre enero y junio, el gasto público destinado a esos fines bajó un 4,6% real, esto es, descontada la inflación.
Y bajó aún computando los bonos que la ANSeS desparrama para recortar la pérdida sin recortarla seriamente, pues tan pronto como entran a los bolsillos los bonos salen de los bolsillos a cubrir necesidades inmediatas y postergaciones. Queda, entonces, el haber pelado, atrasado y magro.
Algo semejante había pasado en 2022, con una poda nuevamente real del 2,3% respecto de otra del 2021. Y así, de saque en saque, cuentas de especialistas anotan una caída del poder de compra de las jubilaciones del 18% durante el actual ciclo kirchnerista y otra que desborda el 24%, en los últimos cinco años.
Evidente por donde se mire, el sistema previsional y de hecho los jubilados están en el centro del ajuste. Y de cajón, pues representa casi el 40% del gasto corriente, sin intereses: nada menos que 3,7 billones de pesos sobre un total de 9,8 billones, entre enero y mayo. Para más datos, es un sector social con muy escasas posibilidades de meter ruidos molestos para el poder político.
Queda definitivamente claro que la madre de todos los ajustes se llama inflación por las nubes, una escalada que el Gobierno no logra controlar ni sabe cómo controlar. Y que al fin resulta funcional a su política fiscal.
En medio de aprietes, de cepos, restricciones y ensayos de todos los colores aunque cortados por la misma tijera, hoy tenemos acumulados desde fines de 2019 un 504% en el índice de precios general; 548% para el costo de los alimentos y 459% en la canasta básica de bienes y servicios que define la pobreza.
Entre los capítulos desagregados, hay 670% en fideos, 558% en la carne, 546% en pan y 510% en la leche. Y en los pisos superiores, un impresionante 840% para los huevos.
Frente a semejante cuadro, suena cuanto menos a descolgado pretender sacarle jugo político al 6% que arrojó el índice de junio y apresurarse a hablar de un cambio de tendencia, antes de comprobar que se trata efectivamente de un cambio cierto y sustentable y no de un nuevo amague fallido.
Finalmente, el 6% mensual representa una tasa altísima en toda la línea, como se comprueba aquí cerca, con el 6% que en el mismo junio mostró Uruguay solo que fue un 6% anual y con los también anuales 4,2% de Paraguay y 7,6% en Chile.
Mientras, aquí mismo, en la Argentina, nos zarpamos con un 115,6% difícil de igualar y muy difícil en un mundo en el que la inflación va para atrás empujada por políticas consistentes y articuladas en varios frentes.
Y si los números ya abruman, lo que abruma sobre todo entre los nuestros es lo que esos números cuentan y significan. Para empezar, lo obvio: que de salto en salto arrasan con ingresos que ni cerca corren a la misma velocidad y que, de seguido, profundizan una desigualdad social que llevará tiempo corregir así sea parcialmente.
De vuelta a los datos de la Oficina del Congreso y también a los de enero-mayo, junto al apriete a las jubilaciones encontramos que el gasto en asignaciones familiares, incluida la universal por hijo, cae 28,2% real contra 2022. Que la inversión pública, clave en una infraestructura que atrasa, baja 21% y solo sube en la cartelera de inauguraciones y anuncios de campaña que todas las semanas despliega el Ministerio de Obras Públicas.
Empujados por los incrementos tarifarios, ahora retroceden fuerte los subsidios a la energía: un 27,3% que va para más. El transporte sigue en lista de espera, aunque cualquier decisión que lo toque mal pegará directo sobre sectores de muy bajos recursos y puede desencadenar protestas en muchos sentidos complicadas.
Pero aun cuando el gasto público primario acumule once meses consecutivos en picada, no todo es ajuste en el Estado nacional ni tampoco tiene el mismo perfil.
Suben y suben con ganas los intereses de la deuda: 18,3% real en los primeros seis meses de 2023 y 18% también real en todo el 2022. Esto es 1,342 billones de pesos por un lado y 600.000 millones por el otro o casi 2 billones en menos de un año y medio. No existe mucho argumento, por ahí, para hacer campaña.
Esta historia, que es también la historia de la gestión compartida de Alberto F. y Cristina K., explica por qué el kirchnerismo mete todo el tiempo en su discurso el ajuste con muerte y sangre que viene, si triunfa Juntos por el Cambio. No les preocupa que ese sea un pronóstico que falta comprobar. La clave es correr el foco del ajuste propio, pesado y comprobado de sobra, y bajarle el precio político.
Es parecido al caso de Massa, el Fondo Monetario y las reservas agotadas del Banco Central que urgen un salvavidas. El ministro- candidato viene pedaleando definiciones desde abril y, en el interín, algunos de sus asesores o él mismo siembran el ambiente con versiones que a veces huelen a pescado podrido.
De su repertorio más reciente es que “la Argentina va a acordar con el Fondo, pero sin rendirse ante el altar del ajuste fiscal”. Un mas o menos que busca calmar incertidumbres y contener presiones cambiarias antes de que el clima se ponga más pesado de lo que ya está.
Desde Washington, la vocera del FMI, Julie Kozack, contestó que entre las medidas en danza figuran “un fortalecimiento de las reservas y la mejora en la sustentabilidad de las cuentas fiscales”. Traducido: mover el dólar oficial para aumentar exportaciones y contener la fuga de divisas y, agregado, remachar con los ajustes sobre el gasto público.
Kosack alude, en realidad, a compromisos que el actual Gobierno convalidó en el acuerdo de marzo de 2022 y que están en mora desde el primer trimestre de 2023. Con unas cuantas cartas ya a la vista, Massa siente los costos de una gestión pobre y bien distinta a la que creyeron sectores empresarios que apostaron por él. Y si se trata de la inflación que iba a frenar, el INDEC canta 100% redondo desde el desembarco en Economía.
En el mientras tanto, el tiempo sigue corriendo, las PASO quedan cada vez más cerca y la guitarra empieza a desafinar. Encima, vale menos o directamente vale nada seguir agitando la campaña del miedo.