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La fábrica de empleo público más grande del país: Kicillof nombró 50 personas por día durante 4 años

A contramano de la motosierra de Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof aplicó en su primera gestión al frente de la provincia de Buenos Aires un «inflador» de empleo público: en cuatro años solicitó a la Legislatura bonaerense la creación de 70.804 cargos para ocupar diferentes sectores de la administración del Estado provincial.

Un desempeño que envidiaría cualquier agencia de colocación: en promedio por cada uno de los 1.460 días que ocupó la Gobernación, designo a 48.3 agentes en ministerios, escuelas, hospitales, dependencias policiales o áreas penitenciarias.

Los datos están registrados en las tres leyes de presupuesto que aprobó el Parlamento bonaerense para definir gastos y recursos en los períodos 2021; 2022 y 2023. En el primer año de gobierno, Kicillof tuvo que readecuar la ley de 2019 porque no hubo acuerdo para hacer un proyecto en medio de la transición con María Eugenia Vidal (2015-2019). En este 2024 ocurrirá lo mismo: sin acuerdos con la oposición no hay ley de Presupuesto.

El cálculo sobre los pedidos para designar personal figura en un informe que elaboraron asesores del senador provincial Marcelo Daletto (Cambio Federal-UCR) que integra la comisión de Presupuesto y de Reforma Política. Revela que al final del primer mandato de Kicillof, se desempeñan en diferentes áreas de la administración, 709.974 empleados estatales.

El 90% se distribuyen en la Dirección General de Escuelas (398.293); el Ministerio de Seguridad (117.356); Salud (62.490); el Poder Judicial (32.244) y el Ministerio de Justicia y DD.HH. (31.977), donde funciona el Servicio Penitenciario.

Según explicaron los técnicos que confeccionaron el trabajo, “cada uno de esos puestos están fijados en las leyes de Presupuesto. Y en cada confección de la ley, los ministros piden los cupos para cubrir las necesidades de sus áreas para que sean aprobadas por la Legislatura”.

El «inflador» también para cargos políticos

Ese registro no incluye los denominados “cargos políticos”, que se formalizan en la administración con otras normas o decretos. En ese ítem Kicillof también aplicó el compresor para dar aire a la creación de cargos: hasta octubre de 2023, había habilitado la llegada de 1.852 funcionarios (ministros, secretaros, subsecretarios y directores provinciales). Formaban parte del esquema que hacía funcionar a los 20 ministerios y secretarías que diseñó para el armado del Gobierno.

Representaban más del doble de los 769 funcionarios que terminaron su mandato en diciembre de 2019 con Vidal. Después de octubre del año pasado, cuando se reveló el viaje a Marbella del entonces Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el gobernador decidió eliminar esa repartición. También redujo la Jefatura de Gabinete de Asesores que se creó para ubicar a Carlos Bianco, quien fue reemplazado por el ex intendente de Lomas de Zamora en 2021 después de la derrota en los comicios de medio término. Y luego de una reunión en Calafate, con Cristina Kirchner.

Ahora –según un trabajo elaborado por el diputado provincial Claudio Frangul (UCR)- siguen en funcionamiento poco más de 1.800 funcionarios en 19 reparticiones públicas. “Es que la jefatura de Asesores no se disolvió. Bianco abandonó el cargo y pasó al ministerio de Gobierno, pero la estructura continúa tal como estaba”, según dijo a Clarín el diputado Frangul.

Es más: en ese espacio se abrieron cupos para algunos ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Sólo un caso que reporta el diputado radical: Marcela Cortiellas, quien era directora del ex ministerio de Mujeres de Nación pasó a ocupar la dirección de Relaciones con las Empresas y las Organizaciones de los/las Trabajadores/as de la jefatura de Asesores del Gobernador.

Tampoco se contabilizan en el recuento por ley de presupuesto, los contratos, becas, locación de obra y otros formatos de empleo estatal que subsisten en las diferentes áreas. “Ese número es imposible de establecer porque las partidas salen de cada repartición y no hay control sobre eso”. Tampoco los asesores y colaboradores de la Legislatura. Allí hay otro sector de grises. Que asomaron con fuerza con el denominado escándalo de «Chocolate» Rigau.

Impacto del salario en el Presupuesto

El pago de los sueldos estatales representa el gasto más relevante del presupuesto bonaerense. Al cierre del ejercicio 2023, el compromiso con los más de 709.900 trabajadores representó un 42,36%. No siempre resultó así.

Según el trabajo de la oficina de Daletto, en 2015 –sobre el cierre del mandato de Daniel Scioli (2007-2015) los haberes públicos se llevaban el 49,98% del gasto total. Con Vidal terminó en 42,37% y en el 2022 tocó el piso del 40.94%. Después repuntó.

Pero aquí entra otra variable. El presupuesto de Kicillof recibió siempre una ayuda relevante de partidas “discrecionales” que enviaba el Tesoro nacional. Llegó a representar más del 10% del total de recursos previstos para los años 2022 y 2023. Ante un volumen más abultado del total de recursos, la incidencia salarial cayó levemente.

Como es sabido, esa licencia financiera se cortó con la llegada de Javier Milei. El Presidente suspendió el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Transporte y otros programas. En menos de un cuatrimestre, Kicillof dejó de recibir casi $ 800 mil millones. En la oficina del senador del Frente Federal estiman que esa montaña de dinero equivale a “dos masas salariales” . O sea: lo que le cuesta al fisco provincial pagar la totalidad de dos meses del sueldo a toda la plantilla estatal.

Sin embargo, en línea con su posicionamiento como firme opositor a las políticas libertarias, Kicillof no piensa en reducir empleos públicos. Y tampoco tiene previsto retrasar el salario de los estatales. Nada que lo pueda asociar a la “motosierra” o a la “licuadora” de Milei.

Esta semana se reunió con los gremios que representan a agentes del sector para la “paritaria mensual” que instrumenta desde que se descontroló la inflación. Para mayo propuso una mejora del 7,5% promedio, pero en el año ya concedió: 25% en enero; 20% en febrero; 13,5 en marzo y 9,5% en abril. Un salario promedio en la administración provincial está por encima de los 400 mil pesos, según cálculos que hacen los sindicatos.

En previsión de un año difícil, en diciembre el gobernador consiguió la aprobación de una ley fiscal que contempló aumentos de hasta 200% en los impuestos patrimoniales: inmobiliario y automotor. Con la quita de descuentos que operaban el incremento llega hasta el 270%. También previó la posibilidad de actualizar las cuotas de esos gravámenes. No hizo uso de la prerrogativa en la cuota que vence en junio.

A dónde van los cargos

La distribución de los 70.804 nuevos empleos públicos creados en la gestión de Kicillof explica algunos lineamientos que marcaron el primer mandato del economista.

En marzo de 2020 por la emergencia sanitaria derivada del Covid, fue necesario reforzar el sistema de salud. Eso encuadra la creación de 4.500 puestos que se ocuparon en hospitales, centros de salud, salas de terapia, establecimientos de campaña y en áreas administrativas de esa repartición que primero comandó Daniel Gollán y luego reemplazó Nicolás Kreplak. La pandemia sería la razón por la que el área sanitaria quedó en el tercer lugar de la lista de ministerios con más creación de cargos.

El segundo lugar lo ocupó el ministerio de Seguridad y resulta más sencillo de explicar: hubo 22.814 nuevos espacios que fueron ocupados –en su mayoría- por los policías que egresaron de las academias y pasaron a integrar la Bonaerense, la institución de control y prevención del delito más grande de la Argentina.

La demanda ciudadana por la inseguridad pública en todo el territorio (donde se denuncian más de un millón de delitos por año) exige agrandar la fuerza de seguridad. Esa tarea la dirigió Sergio Berni entre 2019 y 2023. Se crearon divisiones especiales, grupos tácticos y de intervención rápida, dependencias descentralizadas y otras reparticiones en la inmensa extensión del territorio provincial.

Algunos organismos tienen un plantel de personal más poblado. Es el caso de la Dirección General de Escuelas, donde reportan los más de 360 mil maestros y profesores que soportan uno de los mayores sistemas educativos de Latinoamérica: 5,1 millón de alumnos en 16 mil establecimientos de enseñanza de todos los niveles.

Para el caso del Educación, el presupuesto contempla la creación de “horas cátedra”. Según explicaron los técnicos de ese ente, 17 “horas cátedra” equivalen a un cargo de maestro de grado (MG). Sería una “unidad de medida” equivalente a la de un empleado público. En mayo de 2024, el MG percibirá un sueldo de $ 441 mil, a partir del acuerdo paritario que las autoridades están a punto de cerrar con los gremios.

En todo el primer período de gobierno de Kicillof se pidió la creación de 650.019 horas cátedra o poco más de 38.200 puestos. Acá comienzan a dibujarse otras interpretaciones. La posibilidad de abrir lugares para docentes resulta una herramienta de utilidad para los gremios.

El Suteba, conducido por el dirigente kirchnerista Roberto Baradel, maneja programas de capacitación y de formación que se nutren con “horas cátedra” que otorga la Dirección de Escuelas. “Eso también explica la afinidad de los sindicatos docentes con el Gobernador”, interpretan en el despacho del senador opositor.

La elasticidad del Estatuto del Docente –que permite que un cargo pueda estar ocupado por hasta tres personas, por efecto del régimen de licencia del personal- responde también parte de ese incremento constante en el área educativa.

En las oficinas de calle 6, donde funciona la Gobernación tienen argumentos para defender el incremento de la planta laboral en el Estado. Una tiene raíz estadística: “Buenos Aires es la provincia con el índice más bajo de empleo público con relación a la población”.

Otro: “Se han incorporado nuevas demandas de la ciudadanía que requieren mayor presencia y asistencia del sector público”, sostienen cerca de los despachos de Kicillof. Por caso, el Ministerio de Mujeres –que se inauguró en 2019- requirió la generación de 381 funciones.

“Inauguramos más de 130 escuelas y se habilitaron 1.000 nuevas aulas. En pandemia incorporamos más del doble de las unidades de terapia intensiva que tenía el sistema. ¿Cómo funciona esa estructura? Con trabajadores”, respondieron en el oficialismo.

Algunas consideraciones finales que contiene el informe. Las plazas solicitadas en el presupuesto no abarcan todos los movimientos en las reparticiones públicas. Es que a ese número se debe sumar las bajas por jubilación u otros motivos. “Por eso en la gestión de Vidal no aparecen nuevos cargos. Pero no quiere decir que la gobernadora no haya designado gente. Ocupó todos los que se abrieron por vacantes”, aclararon.

Se estima que todos los años se habilitan unas 10 mil vacantes en todos los ministerios. En la Provincia no existe un mecanismo que permita la “redistribución” de puestos en función de necesidades. “El cargo es de un ministerio determinado y queda ahí. No se puede traspasar”, sostuvieron.

La Ley de Responsabilidad Fiscal (25.917) a la que adhirió Buenos Aires exige la presentación de informes semestrales con datos precisos del nivel de ocupación en el sector público. Eso no ocurre y para conocer ese registro es necesario revisar en detalle los presupuestos.

La Plata (Corresponsalía)

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