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Juicio Político: el secretario del presidente de la Corte denunció que los K «presionan» a través suyo a Horacio Rosatti


Silvio Robles se presentó ante esa comisión de Diputados y enumeró una serie de mentiras que los diputados del oficialismo dijeron en su contra.

A menos de dos semanas para la elección PASO, el oficialismo de Diputados retomó el Juicio Político contra la Corte Suprema. Recibieron como testigo a Silvio Robles, secretario del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien denunció «acusaciones falsas» contra su persona construidas «en base a fantasías y calumnias» para «atacar y presionar» a Rosatti.

En el arranque, Robles solicitó leer una carta en la que planteó que algunos diputados lo acusaron falsamente de distintos hechos. «Han construido historias en base a fantasías y calumnias», se quejó e inició una enumeración.

«Dijeron que tenía un departamento en Nueva York, es mentira. Que estaba prófugo dijeron, cuando en realidad estaba de vacaciones. Han dicho que poseo propiedades en Miami y que visité esa Ciudad durante este año. También es mentira», planteó.

También se refirió a los chats filtrados ilegalmente con el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien también estaba citado planteó que no asistiría por motivos personales y pidió reprogramar su citación.

«Han dado como ciertos ilegítimos supuestos chats, cuya existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente», señaló en alusión a esos chats hackeados del celular de D’Alessandro.

Por otra parte, denunció intimidaciones hacia sus hijos. «Han atacado a distintos miembros de mi familia. Tanto es así que uno de mis hijos, por ser un pasante monotributista, en una agencia municipal donde cobraba 58 mil pesos por mes, figura en los fundamentos de este juicio político. Y que quede claro, sin responsabilizar a estos diputados, mi otro hijo recibió en su domicilio particular la visita de personal civil, que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación ésta que ya fue denunciada en una causa penal», afirmó.

En ese sentido, planteó que «todo esto, todo, para atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Otros testigos

Primero expuso Alejandro Otero, contador Público, funcionario de la AFIP, que expuso como especialista cuando se diseñó la ley 27.606 de transferencia de facultades de la policía a la Ciudad.

Otero se mostró a favor de esa norma y criticó la cautelar emitida por la Corte. «Claramente no se conoce cuál es el cálculo, en tanto corresponde a la voluntad de quienes lo emitieron. No encuentro cuál ha sido el fundamento para ese coeficiente», señaló.

La oposición descartó tu testimonio. «No es un testigo. Es un experto que nos da su opinión. Pero tomó conocimiento de la cautelar a través de los medios, como cualquier ciudadano. No tiene ninguna incidencia en la causa. Cuando hagamos ronda de especialistas en temas nosotros también podemos aportar», planteó Juan López, presidente del bloque de la Coalición Cívica.

También se presentó Alejandro Rodríguez, de la secretaría de Juicios Originarios de la Corte, que tramitó el tema de Coparticipación.  El máximo tribunal le encomendó la organización de las audiencias de conciliación. Consultado sobre si Silvio Robles había participado de las mismas, a pesar de que no figura en el acta, respondió: «No recuerdo. En la sala de audiencia había muchas más personas de las que figuran en el acta».

Cuál es el origen del debate

La Constitución prohíbe el traspaso de competencias sin recursos. En 2016, el presidente Mauricio Macri le aumentó el coeficiente de coparticipación a la Ciudad, de 1,4% a 3,75%, por el traspaso de la Policía y en  2018 lo redujo a 3,5%. 

En 2020, el presidente Alberto Fernández redujo ese porcentaje por decreto de 3,5% a 2,32%. Mientras que ese mismo año, el oficialismo en el Congreso aprobó una ley que directamente devolvía la coparticipación a 1,4% y agregaba un monto fijo, en ese momento fijado en $24.500 millones.

La Ciudad demandó a la Nación ante la Corte Suprema que después de un período de conciliación, terminó dictando una medida cautelar en la que ordenó llevar el coeficiente a 2,95% hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que sería aprobar una nueva ley de coparticipación.

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