El Gobierno sigue revisando números y evaluando medidas después del salto al vacío que significó la negociación del ajuste fiscal en el Congreso. Sin el apoyo de los gobernadores, el ministro de Economía, Luis Caputo, prepara un mayor recorte del gasto para compensar la caída del paquete fiscal previsto en la ley ómnibus y alcanzar el déficit financiero «cero» acordado con el Fondo Monetario.
«Si vamos a resignar ingresos, naturalmente vamos a tener que reducir gastos, incluye Nación e ingresos también. Es todo lo que compone el paquete fiscal, lo vamos a retirar, evaluaremos nuevas medidas y trataremos de consensuarlas con gobernadores y legisladores en el futuro», señaló el funcionario el viernes en conferencia de prensa desde Casa Rosada.
Se trata de una hoja de ruta diferente a la que presentó en diciembre cuando lanzó una batería de anuncios, y sin el respaldo político -en lo inmediato- que le había prometido tanto a la Casa Blanca como al FMI. Por ello, según fuentes de La Libertad Avanza, el Ejecutivo estudia un nuevo proyecto de ley fiscal para más adelante. Mañana podría haber novedades en la reunión del bloque oficialista.
En paralelo, Economía empezó a revisar partidas que van desde transferencias discrecionales a las provincias hasta subsidios a las tarifas y los haberes jubilatorios. El objetivo es contrapesar la marcha atrás en la suba de retenciones, el incremento del piso del impuesto a las Ganancias y el blanqueo, así como el naufragio de la nueva fórmula previsional en la ley ómnibus. En total, casi 2 puntos del PBI.
Caputo se propuso eliminar el déficit financiero, que el año pasado terminó siendo del 6,1% del PBI, casi un punto por encima del 5,2% previsto por el ministro. Ese resultado, provocado por un déficit primario del 2,9% y el salto de los intereses de deuda al 3,2% por la indexación a la inflación y el dólar de los bonos en pesos, le suma mayores dificultades al gobierno.
En ese marco, el anuncio del ministro del viernes generó incertidumbre y desorientación entre algunos gobernadores y bloques aliados. No es para menos: las provincias podrían perder una caja de casi $ 2 billones, que son los recursos discrecionales que reciben por aportes del Tesoro, programas nacionales, fondos para las cajas previsionales y obra pública, entre otros.
El distrito que se vería más afectado en caso de un recorte sobre esos fondos que corren por fuera de la coparticipación es la provincia de Buenos Aires. Caputo tendrá más poder con el Ministerio de Infraestructura bajo su órbita, tras el desplazamiento de Guillermo Ferraro. También podrían congelar el adelanto del reparto de coparticipación y subir el impuesto a los combustibles.
Otro rubro clave será el de los subsidios. Mañana será la segunda audiencia para definir las nuevas tarifas de luz y las transportadoras expondrán sus reclamos, mientras que el jueves debería entrar en vigencia la suba de tarifas en el transporte y el gas de hasta el 600 y 250%, respectivamente. El Gobierno debe definir aún la quita de subsidios, lo que podría incrementar todavía más las tarifas.
Las jubilaciones también serían alcanzados por el «plan B» del ajuste fiscal, ya que la fórmula vigente (que toma salarios y recaudación de meses anteriores) permite bajar el gasto en haberes. Caputo quería hacerlo con un mecanismo ajustado por la inflación, sin contemplar el mes de enero, porque el sistema actual -aseguran- es más duro, aunque si baja la inflación, se revertiría la baja del déficit.
Si bien el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se encargó de ratificar el fin de semana que «el objetivo de déficit financiero cero sigue inamovible», algunos economistas -incluso con llegada al ministro- ven cada vez más improbable alcanzar el equilibrio buscado. De esa meta, dependen futuros desembolsos, como el de US$ 4.700 millones que aprobaría este jueves el FMI.