El Gobierno tiene la intención, al menos por ahora, de no retirar los pliegos de sus candidatos para la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a pesar de que el Senado dejó todo listo para que en una próxima sesión rechace sus designaciones, que se hicieron por decreto.
“Estamos analizando la situación; en principio no los vamos a levantar”, dijo a LA NACION una fuente oficial, luego de que la oposición del Senado aprobara dictámenes de ambos con el objetivo de rechazarlos en el recinto, posiblemente el próximo jueves.
De todas formas, en el Gobierno decayó la seguridad mostraba hace un mes, cuando defendía a capa y espada a Lijo y García-Mansilla con el mantra “los dos o ninguno” y se endurecía con el kirchnerismo. Eran otros tiempos. En el medio estalló el escándalo de la criptomoneda $LIBRA .
La oposición en el Senado quiere dar una señal clara acerca de que el Presidente no puede nombrar jueces por decreto. Por eso, el pasado jueves sesionó la Comisión de Acuerdos del Senado, donde el kirchnerismo y el radical Martín Lousteau, junto con Guadalupe Tagliaferri del PRO, actuaron en conjunto para firmar sendos dictámenes en los que admiten los pliegos de ambos candidatos.
Pero lejos están de querer apoyarlos. Lo hicieron para darles entrada y permitir que dentro una semana sean votados. Así las cosas basta con que se junten 25 senadores, es decir un tercio mas uno, para que los pliegos sean rechazados, y naufrague la intención del gobierno de nombrar a sus jueces. La oposición del Senado, donde confluyen kirchneristas con algunos radicales, quiere ponerle un freno a Milei.
Con respecto al pliego de García-Mansilla está más claro que la oposición puede juntar los 25 votos y rechazar su pliego, ya que no podrá reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes que exige la Constitución Nacional. Aquí se abren varios escenarios posibles: que García-Mansilla, que ya es juez de la Corte por decreto, juró y asumió, renuncie a su cargo y de un paso al costado. Lo que parece algo improbable.
Otro escenario es que el Senado rechace su pliego, pero García-Mansilla se quede en la Corte y judicialice la situación. Hay precedente para todos los gustos. En el pasado, la Corte Suprema dijo que es posible que un juez designado en comisión se quede hasta finalizar su mandato, en este caso, en noviembre.
Es el caso “Dura, Francisco y otro c/ Labougle y otros”, de 1932 donde la Corte se remitió al dictamen del Procurador General Horacio Rodríguez Larreta y sostuvo por unanimidad que “no es posible dudar en presencia de lo que dispone el artículo 86, inciso 22 [actual artículo 99, inciso 19] de la misma Constitución, que los nombramientos en comisión hechos por el Poder Ejecutivo otorgan a los [magistrados] designados la plenitud de los derechos inherentes a sus funciones, hasta la expiración del plazo señalado por dicho inciso”.
Sin embargo, hay otro precedente que indica que si un magistrado es nombrado juez en comisión por decreto, y luego es rechazado, debe dejar el cargo de inmediato y no al finalizar el año parlamentario.
Allí, la Corte Suprema avaló que los jueces designados en comisión puedan ser removidos antes de finalizar el año parlamentario. Es el caso del juez Belisario Montero, de 1958, pero con sus particularidades. Este juez nacional de Paz de primera instancia de la Capital fue designado en comisión en 1955 por medio del Decreto-ley 112/55 del gobierno militar del General Eduardo Lonardi, que declaró en comisión a todo el Poder Judicial.
Luego del dictado de ese decreto, el mismo gobierno había establecido por medio del Decreto-ley 487/1955 que los jueces declarados en comisión gozarían de la garantía de inamovilidad “hasta tanto se constituyan los poderes constituidos”. Cuando asumió el gobierno de Arturo Frondizi en 1958 y comenzó a nombrar jueces para los cargos que estaban “cubiertos” en comisión, el Senado brindó acuerdo a otra persona para el cargo que ocupaba el juez Belisario Montero.
El magistrado fue a la Corte reclamando quedarse hasta el final del “período legislativo”. Su recurso fue desestimado, pero la Corte consideró pertinente hacer una aclaración respecto de cómo había que interpretar aquella “declaración en comisión”. Dijo que los nombramientos en comisión caían cuando el Senado brindaba acuerdo al “nombrado” en comisión o a otra persona.
Si se judicializa el asunto, es claro que no serán estos integrantes de la Corte los que decidan en el caso, pues le tomaron juramento. Entonces habrá que sortear entre los presidentes de las Cámaras Federales conjueces para que tomen una decisión, teniendo en cuenta que hay dos bibliotecas que dicen los contrario.
En cuanto al juez federal Ariel Lijo, la Corte le denegó la licencia para asumir en la Corte por lo que decidió quedarse con su juzgado y esperar a que el Senado le de acuerdo. Su caso es diferente al de García-Mansilla. No asumió en la Corte y bastarían 25 votos para impugnar su pliego. No están tan firmes estos votos, ya que algunos senadores del kirchnerismo están dispuestos a apoyarlo. Habrá que ver qué ocurre en caso de una votación.
El otro escenario es que el Gobierno de marcha atrás y retire ambos pliegos antes de exponerse a un bochorno y a un derrota política, de un proceso que lleva mas de un año. Por ahora dice que no lo hará. El kirchnerismo presentó el pasado jueves un pedido de sesión especial para el próximo jueves, a las 12, para tratar ambos pliegos. La decisión la tiene ahora la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien es la que debe definir si acepta la solicitud de Unión por la Patria.
La otra opción es que se barajó es pedir una reunión de Labor Parlamentaria para que ambos pliegos sean discutidos en una sesión ordinaria. La diferencia es clara: en el primer caso, la potestad de convocar a la sesión queda en manos de la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel. En el segundo escenario, son los senadores, a través de sus jefes de bloque, los que definen el día, la hora y el temario a discutir.
Y se supone que Villaruel -mas allá de sus diferencias con Milei- hará todo lo posible para dilatar la convocatoria a una sesión especial que ponga en riesgo la continuidad de los dos candidatos a jueces de la Corte propuestos por el Gobierno. Si el Gobierno quiere retirar los pliegos, en el Senado recuerdan que esa decisión también debe ser votada por los senadores, y en ese caso se aprueba o rechaza por simple mayoría.
En la Corte esperan. Es un asunto que los afecta pero en el que no intervienen. García-Mansilla ya ocupó el despacho del cuarto piso que era del juez Juan Carlos Maqueda. Pintó las paredes a su gusto, terminó de plastificar el piso y ya está rodeado de empleados de la Corte para empezar a trabajar en su vocalía.
García-Mansilla votó por primera vez para oponerse a la licencia del juez Lijo, y conformó una mayoría con el presidente Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorezetti no votó, pero apoyaba la llegada de Lijo. Esta cercanía de Garcia-Mansilla con Rosatti y Rosenkrantz es cómoda para la mayoría de la Corte que ve en este nuevo escenario la manera de asegurar la continuidad de la gestión, que es criticaba con virulencia por Lorenzetti cada vez que tiene una oportunidad. Con lo que si se mantiene todo como está, son buenas noticias para la mayoría de la Corte.
En el complejo escenario que está por delante, se cuela una variable más. Un grupo de ONGs vinculadas con la justicia y colectivos kirchneristas plantearon con una medida cautelar declarar la nulidad e inconstitucional del decreto de designación de ambos jueces.
La causa quedó en el juzgado federal de Alejo Ramos Padilla, que le dio traslado al Estado nacional para que responda a los argumentos contra el decreto. El martes se vence el plazo para recibir la respuesta, con lo que el juez estaría en condiciones de decidir. Un fallo de gran implicancia institucional, que afectaría a un colega suyo de primera instancia (Lijo) y que las ONGs piensan llevar hasta la Corte sin dilación, planteando un recursos de per saltum.
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