La novedad fue informada por la abogada de las familias, Iliana Llanos, quien consignó que, ahora, los oficiales de justicia aguardaban el aval del juez nacional de Primera Instancia en lo Civil número 60, a cargo de Fernando Cesari, mientras cerca de 600 personas se encontraban en el edificio, ubico en la calle Santa Cruz 140, acompañando a las familias que resisten el desalojo.
Fuentes de la fuerza de seguridad porteña aseguraron que trabajan cerca de 500 efectivos.
«No se entiende. Si están queriendo que las familias desalojen de forma pacífica, ¿por qué están armando todo esto?. ¿O de pronto les dan miedo 131 niñitos?», agregó Llanos.
Afuera del establecimiento acompañan organizaciones y gente de a pie, mientras dentro del edificio de seis pisos se encuentra gran parte de las personas que viven en el lugar.
El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo prevista para este martes, en el marco de la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil Nro. 60.
Según una resolución dictada el pasado miércoles por el juez Fernando Cesari, el desalojo puede ser de forma «escalonada» y se autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales «ante la complejidad del caso», de considerarlo necesario.
En ella, la cartera advirtió que «la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años» debido a «la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión», mientras sostuvo que «no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan».
El edificio donde se emplaza la Casa Santa Cruz es una unidad funcional de la antigua fábrica de toallas Selsa que quebró en la década de los 90.
En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo.