Las denuncias por presunto acoso sexual contra Juan Carlos Monedero han caído como una bomba de relojería en Podemos, que empezaba a despegar en las encuestas y con Irene Montero como adalid del feminismo en su retorno a la política nacional. La cúpula del partido se ha empleado a fondo en justificar su inacción a nivel interno, asegurando que hicieron «todo lo que podíamos hacer» al dejar de invitar a Monedero a participar como ponente en sus actos públicos. No se le abrió expediente, como podía haber hecho la ejecutiva, ni se le suspendió de militancia. Ni tan siquiera se le expulsó del chat de dirección -Consejo Ciudadano Estatal-. A día de hoy, sigue siendo militante.
Podemos asegura que no se tomó ninguna de estas decisiones por «respeto» a las víctimas, que decidieron «no continuar» con la denuncia. En todos estos argumentos, el partido defiende haber seguido «el protocolo» establecido para estos casos. Pero lo cierto es que el Protocolo de sensibilización, prevención y actuación frente a conductas machistas y LGTBIfóbicas de Podemos, que no es público y al que ha tenido acceso este medio, desmiente estos argumentos a varios niveles.
El 12 de septiembre de 2023, una dirigente de Podemos trasladó al Área de Feminismos -en la dirección-, una denuncia por acoso contra Monedero. La denuncia, según recogió en exclusiva eldiario.es, incluía nombres y apellidos de la víctima, que aseguraba que nunca volvió a ser contactada por la formación. El partido, en cambio, se escuda en que diez días después, el 22 de septiembre, se le respondió y se le dio una vía para trasladar su denuncia por «cauces anónimos». Alegan los morados que no hubo respuesta, concluyendo de este supuesto silencio que las víctimas «no quisieron continuar», según defendió el portavoz del partido, Pablo Fernández, este lunes en rueda de prensa. Aseguraba que este proceso debía hacerse por vías «confidenciales y seguras», a través de un formulario.
Denuncias con nombre y apellidos
Pero lo cierto es que el protocolo de Podemos no fija este requisito de que una denuncia deba tramitarse mediante un formulario, y únicamente establece a que las acusaciones deben hacerse «por escrito». Precisa que este formulario debe «existir», sin que conste en ningún caso la obligación de hacerse por esta vía. «Toda persona que participe en la organización puede presentar una queja por actitud machista o LGTBIfóbica, así como por acoso sexual o por razón de género o sexo (…)», reza el documento interno. «La presentación de la queja en el Comité de Igualdad tendrá que ser por escrito. Existirá un formulario para denunciar que tendrá que encontrarse disponible para todas las personas que trabajan en Podemos a través de la web, así como en las sedes del partido y en la intranet», señala dicho protocolo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.
El único formulario de denuncias que aparece disponible en la web de Podemos, además, no tiene carácter anónimo ni confidencial. Lejos de ser un canal específico de denuncias de acoso, la url https://podemos.info/denuncias/ es para detallar cualquier tipo de queja. Para remitir la denuncia, exige al demandante rellenar todos los datos de la persona denunciante, desde nombre y apellido a email, pasando por teléfono o DNI. Todos estos campos son de carácter obligatorio.
Este lunes, preguntado el portavoz de Podemos por la necesidad de repetir la denuncia en un formulario, Fernández defendió que «nuestro protocolo garantiza una vía segura y confidencial que protege a las personas que quieren poner una denuncia», y cargó contra la pregunta en sí: «Me parece peligroso intentar o querer deslegitimar los protocolos«, aseguró. Lo cierto es que el argumento de Podemos de que sólo mediante un formulario se da «seguridad» a las víctimas tampoco se sostendría, en base al documento interno de la formación, que preserva estas garantías en cualquier caso: «Las personas encargadas de velar por que el procedimiento se desarrolle correctamente tendrán la obligación de guardar una absoluta confidencialidad sobre cualquier tipo de información relativa a los procedimientos de las denuncias, independientemente del estado en el que se encuentren», detalla.
La petición de Podemos a la víctima de rellenar el formulario, además, no casa con otro de los principios del protocolo, que en su apartado VI establece que «se procurará evitar que la presunta víctima tenga que narrar los hechos más veces de las que sean estrictamente necesarias».
Un órgano específico
Este lunes, el portavoz del partido argumentó que no suspendieron de militancia ni expulsaron del chat de dirección a Monedero tras las denuncias porque «no había ninguna resolución» por parte de la Comisión de Garantías Estatal de Podemos, el tribunal interno que resuelve las denuncias internas. «Nosotros tomaremos medidas si las personas a través de nuestro protocolo y a través de nuestra vía que es la Comisión de Garantías».
Pero lo cierto es que este tipo de asuntos, según el documento, se tratan en la Comisión de Igualdad, un órgano específico para tratar estos casos entre miembros de Podemos, en lugar de la Comisión de Garantías, a la que el partido apela. El documento establece que dentro de ese órgano específico se debe constituir una «Comisión Instructora» para dirigir los procedimientos de casos relacionados con violencias machistas y emitir resoluciones.
La Comisión de Garantías a la que apela la cúpula de Podemos es el órgano encargado de aplicar el régimen disciplinario que figura en los Estatutos de Podemos, que no contempla ningún apartado específico para el acoso o la violencia sexual. De hecho, en ninguno de los documentos públicos en la web del partido se refiere detalladamente a este tipo de casos.
La Comisión de Garantías, por tanto, sólo podría sancionar este tipo de comportamientos de una manera genérica, enmarcándolos dentro de una infracción basada en «actuar de cualquier forma contra el ejercicio de los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos» o por «actuar gravemente contra los principios de Podemos, contra lo previsto en los Estatutos, reglamentos específicos, el Código Ético y demás documentos normativos vigentes en la organización», aunque todos estos documentos hacen una referencia vaga de este tipo de acoso.
Autorización «no imprescindible»
Otro de los mantras empleados por Podemos es que es necesaria la autorización de la víctima a la hora de iniciar una denuncia. Un argumento que desmonta el documento y en que ha venido insistiendo la cúpula del partido. La propia Irene Montero, en su única intervención tras estallar el caso Monedero, en la plataforma de Pablo Iglesias, apuntaba que «una norma importante en estos casos es actuar reconociendo y respetando las decisiones y la voluntad de las víctimas. Así debe ser», remachaba.
El pasado viernes, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, defendió que desde el primer momento se «activaron todos los protocolos» y justificó la falta de medidas a que la víctima «decidió no continuar», al tiempo en que abroncó a los medios de comunicación: «Ustedes tienen que hacer una reflexión porque creo que aquí las víctimas se están quedando en un segundo plano, no se está teniendo en cuenta», defendía.
Pero el protocolo de Podemos no exige obligatoriamente una autorización de la víctima para denunciar y permite iniciar procedimientos sin su permiso. El documento establece que se pueden iniciar denuncias y procedimientos internos incluso sin la autorización de la víctima, que «no es imprescindible». «En caso de que la persona denunciante no sea la víctima, debería contar con la autorización de esta, aunque no es imprescindible«, detalla.
Otro de los asuntos llamativos en todo este caso es que Juan Carlos Monedero nunca tuvo constancia de las denuncias que pesaban contra él en ningún momento. Una actuación que contraviene el protocolo, que establece la obligación de informar al denunciado de las acusaciones, «siguiendo rigurosamente el principo de confidencialidad»: «Se pondrán en conocimiento de la persona denunciada las actitudes de las que se la acusa y las sanciones que podrían conllevar», señala dentro del procedimiento que figura en el protocolo. Un punto al que ni siquiera se llegó, después de que la cúpula morada diera carpetazo al asunto y renunciara a abrir un procedimiento formal.
Monedero y el chat de dirección
Podemos alega que no expulsó ni suspendió de militancia a Monedero por no existir una resolución que así lo determinase, y pese a que los estatutos habilitaban a la ejecutiva para iniciar un proceso interno sin necesidad de denuncia. Este también es el motivo que alegan para haberlo mantenido durante meses dentro del chat de dirección del partido -Consejo Ciudadano Estatal-.
Este lunes el portavoz de la formación confirmó que a día de hoy ya «no está» en ese grupo y vinculó su salida a las filtraciones en medios de comunicación, solo tres días después de que La Sexta publicara los chats de ese grupo donde aparecía participando de este órgano meses después de las denuncias, desmontando la versión del partido de que lo «apartó» nada más conocerse el escándalo. No precisó Podemos tampoco por qué fue expulsado Monedero por estos motivos si meses antes no pudo hacerlo por no tener una resolución que lo permitiera.