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Chicana desde el Gobierno por el fallo de YPF contra el país: «Si la oposición quiere poner a la jueza de jefa de campaña, está en su derecho»

Desde la India, donde acompaña al presidente Alberto Fernández en la cumbre del G-20, el canciller Santiago Cafiero habló del fallo adverso para la Argentina por la expropiación de YPF y acusó a la oposición de intentar «obtener un rédito electoral» y confirmó que el Gobierno apelará.

El viernes la jueza de Nueva York Loretta Preska sentenció que la República Argentina deberá pagarle 16.000 millones de dólares al fondo Burford por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera Repsol y al grupo Eskenazi, cuando el Gobierno calculaba unos 5.000 millones de dólares

«Es un fallo que beneficia a un fondo buitre, contra la soberanía de un país. La oposición con tal de obtener un rédito electoral piensa que es un fallo que los favorece», remarcó Cafiero desde la India.

«Vamos a seguir estando donde tenemos que estar, defendiendo los intereses de los argentinos y argentinas, independientemente de las elecciones», remarcó Cafiero desde Nueva Delhi.

Pero no se quedó ahí y chicaneó a la oposición: «Si la oposición quiere cambiar a su jefe de campaña y poner a esta jueza de jefa de campaña, están en su derecho»

«Esto es un atropello más a los intereses de nuestro país. Somos un país que siempre avanza sobre los principios del estado de derecho y eso no se ha violentado en ningún momento, con lo cual a nuestro juicio es una cuestión vinculada con intereses económicos, que nada tienen que ver con los intereses nacionales», sostuvo Cafiero, que se entrevistó con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

QUE LA GUITA LA PONGA EL KIRCHNERISMO

¡Qué caro nos cuestan los K a los argentinos! Siempre me opuse a la barbaridad de una expropiación sin cumplir con la Constitución. Ahora que la paguen de su bolsillo.

El 10 de diciembre terminamos con el kirchnerismo para siempre. pic.twitter.com/VSJFOESfyp

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 8, 2023 El fondo Burford consideraba que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril de 2012, cuando el ministro de Economía de ese momento -Axel Kicillof- fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%.

En ese escenario, Burford hubiera cobrado alrededor de US$ 8.300 millones, aun con un 0% de interés, como quería Argentina. De todas formas, los litigantes aspiraban a que les reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el cheque a US$ 16.000 millones, lo que finalmente decidió la jueza. Es decir que la magistrada se inclinó por la mayor penalización para la Argentina.

Cuáles son las alternativas para Argentina de ahora en más

¿Argentina tendrá que pagar realmente 16.000 millones de dólares como dijo la jueza Loretta Preska el viernes en su fallo contra el país por la expropiación de la petrolera YPF? ¿Hay margen para negociar? YPF como empresa, ¿ya está libre de cualquier riesgo de juicio? ¿Le conviene apelar a la Argentina, como ya anticipó que iba a hacer?

Tras la decisión de la magistrada del Distrito Sur de Nueva York -que fue la peor posible para el país- ahora se abren varios caminos que los abogados que defiendan a la Argentina deberán transitar con mucho cuidado para evitar seguir engrosando el monto final a pagar.

Danos Vaca Muerta para la Provincia de Buenos Aires que nosotros ponemos la guita y además le pagamos al FMI los 45.000 millones de dólares que se fugaron ustedes. https://t.co/lPa6wdwfO3

— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 8, 2023 El próximo paso legal tras el fallo del viernes tiene que ver con las particularidades de las leyes estadounidenses y es que ambas partes (Burford y Argentina) deberán presentarle a Preska el texto con la sentencia que ella va a firmar (el fallo no lo escribe la jueza sino ambas partes del litigio).

Con el fallo firmado, Argentina puede apelar o ambas partes pueden pedir la suspensión del juicio como consecuencia del cambio de gobierno en el país, como sucedió en 2015, cuando Preska puso la demanda en stand-by para ver si la nueva administración tenía otra estrategia judicial.

«No creo que esta vez Preska lo suspenda, porque el caso se terminó en su Corte», explica Sebastián Maril, director de Latam Advisors. especialista en Finanzas, conocedor de la Justicia norteamericana y quien más ha seguido el caso desde el primer día.

«Lo más probable es que la Argentina apele y que, al mismo tiempo, se le pida a la Corte suspender la apelación a la espera del cambio de gobierno. Si esto no ocurre, y la apelación continua, hay que esperar un año más para conocer el resultado. Y, luego, el perdedor seguramente vaya a la Corte suprema, lo que tomaría uno o dos años más», explica.

En marzo, YPF celebró en la Bolsa de Nueva York los 30 años de cotización de sus acciones en ese mercado. Foto: EFE/Sarah Yáñez-RichardsEn marzo, YPF celebró en la Bolsa de Nueva York los 30 años de cotización de sus acciones en ese mercado. Foto: EFE/Sarah Yáñez-RichardsAsí, el país ganaría tiempo. Pero, ¿tiene chances de ganar una apelación? Para Maril, apelar «es un error porque la Argentina perdió en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema en el pasado. Lo mejor que puede hacer el país es empezar a negociar».

Según el especialista, Argentina no va a pagar los US$ 16.000 millones. «Burford sabe que ese monto es imposible de recolectar. No sé cuánto menos sería, dependerá de la situación del país. Y tampoco sería en efectivo, porque no hay», advierte.

Ahora, si los abogados argentinos deciden apelar, el país podría tener dos complicaciones, incluso antes de saber el resultado de la apelación. Una de ellas es que también apele el fondo Burford, intentando que YPF, que Preska sacó del juicio aunque inicialmente también había sido demandada, vuelva a ser parte (con la incertidumbre que conllevaría ese juicio para la petrolera estatal).

La otra consecuencia sería que Argentina seguiría perdiendo dólares. Por un lado, debería poner una garantía (no se sabe aún de cuánto) si no quiere ser víctima de eventuales embargos durante la apelación.

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