Luego del congelamiento de los combustibles, los medicamentos y las cuotas de las prepagas, el Gobierno analiza suspender los aumentos del transporte público y define si avanzar o no en un incremento de las tarifas de energía en septiembre. La decisión la tomará en estas horas el ministro de Economía Sergio Massa y podría sumarse a las medidas puestas en marcha para evitar una mayor disparada de la inflación y aliviar un poco los bolsillos. Se trata de un «plan freezer» donde también se incluye el tipo de cambio oficial, que el Gobierno prometió mantener quieto en $ 350 hasta el 31 de octubre próximo.
Hay experiencia de sobra de cómo terminan los congelamientos de ciertos precios cuando la inflación camina a una tasa de almenos el 10% mensual. Es una olla a presión que cuando se destapa causa tal vez más problemas de los que se quisieron evitar.
De avanzar por ese camino, el valor del boleto de colectivo y trenes en el AMBA se mantendrá sin cambios y se dejará sin efecto el ajuste por inflación previsto para septiembre, que debía regir a partir de este viernes, como venía ocurriendo desde marzo. Eso significa que la tarifa mínima de colectivo seguirá costando $ 52,96 y la máxima $ 72,61, mientras la del tren sería de $25,72 y $ 52,95, según la línea.
«Se esta analizando, no hay nada confirmado», señalaron fuentes del Ministerio de Transporte. La medida se empezó a evaluar en vistas de la aceleración de la inflación producto de la devaluación el día después de la derrota del oficialismo en las PASO, que hizo saltar el dólar oficial un 22% e intensificó la dolarización. Este martes el CCL cerró en un récord de $ 803 y la brecha con el oficial en 130%.
En ese marco, el Gobierno subió las tasas y congeló el tipo de cambio oficial hasta noviembre en $ 350. Pocos días después, Massa anunció un acuerdo de precios con supermercados y mayoristas, con un tope del 5% mensual por tres meses para 52.000 productos, muy por debajo de la inflación proyectada. Y lo extendió a calzado, celulares, indumentaria, motos y los electrodomésticos (en algunos casos con 0%).
En los sectores regulados, se optó por un congelamiento de tarifas por 90 días. Ese fue el esquema acordado con las petroleras a cambio de beneficios para las empresas, tras convalidarles una suba del 12,5% hace dos semanas; los laboratorios para mantener los precios de los medicamentos luego de fuertes incrementos; y esta semana, alcanzó a las cuotas de las prepagas.
El Gobierno está preocupado por la alta inflación y la recesión en marcha. Todo eso dificulta recuperar los votos perdidos. Por ello, Massa sumó el domingo bonos, sumas fijas, beneficios fiscales y créditos a jubilados, trabajadores, monotributistas, empleadas de casas particulares y pymes. En definitiva, paliativos para atenuar el impacto de la ola de remarcaciones y faltantes que gatilló la devaluación.
Las consultoras esperan una inflación de hasta el 14% en agosto, pero ahora suavizaron los cálculos de septiembre. «Las medidas nos están llevando a replantear un poco el escenario de corto plazo, reduciendo levemente la inflación de septiembre (¿más cercana al 11% desde el 13% inicial?), pero a costa de una mayor inflación de manera posterior», señaló Sebastián Menescaldi, socio adjunto de EcoGo.
El ministro de economía y candidato se encuentra ante una difícil encrucijada: ya no parece tener anclas para intentar contener el avance de los precios y la dolarización, y los privados ya proyectan una inflación superior al 160% anual. «El tema es que todas estas medidas son un efecto placebo que agravan la situación actual y que eventualmente necesitarán una corrección mayor«, advirtió el economista.
Por estas horas, Massa debe definir también si actualiza las tarifas de energía como le propuso la secretaria de Energía, Flavia Royón. El Fondo Monetario le puso un ultimátum después de desembolsar US$ 7.5000 millones: el 1 de septiembre la boleta de luz debería subir 14% para usuarios de altos ingresos (nivel 1), 8% para los de bajos ingresos (nivel 2) y 16% para los sectores medios (nivel 3).
Si el Gobierno avanza, se arriesga a enfrentar reclamos de usuarios en la previa a las generales, como a principios de agosto. Y si lo pospone, deberá destinar más subsidios para cubrir el mayor costo de la energía en los hogares y comercios por la devaluación, lo que sumado a las últimas medidas complicará el cumplimiento del ajuste fiscal y podría poner en duda el próximo desembolso en noviembre.
«El congelamiento puede llegar a tensionar la relación con el FMI sabiendo que se comprometió a reducir el déficit primario a 1,9% del PBI este año y esa meta fue reconfirmada, no se flexibilizó, eso significa que en la segunda pate del año el gobierno esta forzado acentuar el ajuste del gasto y ahí la tarifa de los servicios públicos es clave», dijo Santiago Manoukian, economista jefe de Ecolatina.
Salvo por telefonía, televisión e internet, que prevén subas de hasta el 10% mensual, el congelamiento supone un giro respecto de la decisión de indexar las tarifas de las prepagas en noviembre pasado y el transporte desde marzo. «Son medidas de corto plazo, con carácter electoral, que no hacen mas que posponer el ajuste, es inflación reprimida que vamos a ver en meses posteriores», concluyó Manoukian.