La diputada nacional Marcela Pagano pidió la prisión preventiva del vocero presidencial, acusado de asociación ilícita y obstrucción a la justicia, tras nuevas revelaciones sobre pagos en efectivo y presiones a un testigo.
La situación judicial de Manuel Adorni, vocero presidencial, se agrava luego de que la diputada nacional Marcela Pagano solicitara su detención. La legisladora, una de las denunciantes en la causa por asociación ilícita, argumentó que existen indicios de entorpecimiento de la investigación, lo que justificaría la aplicación de la doctrina Irurzun, un criterio jurisprudencial que establece la prisión preventiva para funcionarios con capacidad de obstaculizar el proceso judicial.
El pedido se sustenta en las declaraciones de Matías Tabar, un contratista que realizó remodelaciones en la vivienda del Jefe de Gabinete en el country de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Tabar afirmó ante la Justicia que recibió pagos por 245.000 dólares en efectivo por su trabajo. Además, Pagano denunció que el vocero habría presionado al testigo a través de mensajes de WhatsApp para que modificara su testimonio, ofreciéndole beneficios a cambio.
Desde que asumió su cargo, Adorni ha enfrentado cuestionamientos por sus gastos personales, que incluyen viajes, lujos y adquisiciones inmobiliarias. Aunque el funcionario sostiene que se trata de asuntos privados, la acumulación de denuncias y pruebas ha llevado a la Justicia a profundizar la investigación. El último episodio ocurrió el lunes, cuando Adorni reabrió la Sala de Periodistas de la Casa Rosada y volvió a dar una conferencia de prensa.
La doctrina Irurzun, mencionada por Pagano, fue establecida hace menos de una década por el camarista federal Martín Irurzun y permite la prisión preventiva cuando el imputado mantiene vínculos de poder que puedan interferir en el curso de la causa. La diputada considera que este criterio es aplicable al caso de Adorni, dado su rol institucional y las presuntas maniobras para desviar la investigación.