El gobierno provincial presentó una nueva instancia técnica para mejorar la recolección y análisis de datos estratégicos contra el crimen organizado, con participación de fuerzas de seguridad, Poder Judicial, universidades y municipios.
Con la presencia del gobernador Martín Llaryora, la Provincia de Córdoba puso en marcha la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad, un espacio técnico destinado a fortalecer la lucha contra el narcotráfico mediante el análisis de datos y la coordinación interinstitucional.
Durante el encuentro, Llaryora ratificó que la lucha contra el narcotráfico es la política de seguridad prioritaria de su gestión y destacó la importancia de contar con un sistema de fuerzas plural y especializado. “Dar esta lucha tiene que ser un tema que sobrepase los partidos, la ideología y las religiones”, afirmó el mandatario, quien también subrayó que la inversión en tecnología y la calidad de los datos permitirán que Córdoba sea una referencia en la región.
El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, explicó que la mesa busca dotar de mayor eficiencia técnica al combate del delito. “La idea es tener un mapa de narcocriminalidad que haga mucho más eficiente la lucha en nuestra provincia”, señaló. Además, indicó que se estudiarán nuevas dinámicas delictivas, como el incremento de delincuentes primarios y la radicación de bandas en barrios, para articular respuestas complementarias desde el Estado y el Poder Judicial.
La mesa está coordinada por la Secretaría General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, a cargo de Nadia Fernandez, y cuenta con el desarrollo técnico del COPEC (Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba). Entre sus objetivos figuran: generar políticas públicas basadas en inteligencia criminal, elaborar un mapa detallado del delito, evaluar herramientas legales para dotar de mayores recursos a fiscales y jueces, y sumar a actores de la Justicia Federal.
El espacio reúne a autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo, el Organismo de Control de Fuerzas de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Servicio Penitenciario, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Poder Judicial, la Legislatura provincial, la DAIA, la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, y representantes de universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, la Universidad Siglo 21 y la Universidad Blas Pascal. También participaron intendentes y representantes de las ciudades de Córdoba Capital, San Francisco, Río Cuarto, Alta Gracia y Villa María.