La misión Artemis II reanuda los vuelos tripulados lunares tras décadas, reavivando el debate sobre la adecuación del marco jurídico internacional, creado en los años 60, a la nueva era de exploración y explotación espacial.
Tras más de medio siglo sin misiones tripuladas, el programa Artemis de la NASA, con su vuelo Artemis II, marca el regreso del ser humano a la órbita lunar. Este hito reabre discusiones jurídicas sobre la regulación de la actividad espacial, basada en tratados internacionales concebidos en un contexto muy diferente al actual.
El pilar del derecho espacial es el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, negociado durante la Guerra Fría. Este instrumento, del que Argentina es parte, establece principios fundamentales: el espacio y los cuerpos celestes no son susceptibles de apropiación nacional por soberanía, su exploración debe ser pacífica y en beneficio de toda la humanidad, y los astronautas son considerados «enviados de la humanidad».
Este marco se complementó con otros acuerdos y dio origen a una disciplina jurídica específica. En Córdoba, la Universidad Nacional contó con figuras pioneras como el profesor Manuel Augusto Ferrer y graduados de trayectoria como Aldo Armando Cocca, contribuyendo al desarrollo académico de este campo.
Sin embargo, el panorama espacial ha cambiado radicalmente. Junto a agencias estatales tradicionales y nuevas como las de China e India, actores privados realizan inversiones masivas. La meta ya no es solo explorar, sino establecer una presencia sostenible, explotar recursos y usar la Luna como base para otros destinos.
Frente a este escenario, el derecho vigente muestra zonas grises. Los «Acuerdos Artemis», impulsados por Estados Unidos y suscritos por decenas de países, proponen interpretaciones prácticas, como la creación de «zonas de seguridad» para operaciones y la idea de que la utilización de recursos espaciales es compatible con el principio de no apropiación. Esto genera debates: ¿estas figuras constituyen una ocupación funcional? ¿Cómo se garantiza el libre acceso y el beneficio común?
A diferencia de la relativa unidad de criterios de los años 60, hoy emerge un escenario más fragmentado, donde la gobernanza del espacio podría verse influenciada por dinámicas geopolíticas terrestres. El desafío es adaptar los principios fundamentales del derecho espacial a una era de explotación comercial y presencia humana prolongada, evitando conflictos y asegurando que la exploración beneficie a toda la humanidad.