Un dirigente de la Federación de Organizaciones en Lucha (FOL) anunció una acción judicial ante el cese de la asistencia, señalando el impacto sobre cerca de un millón de beneficiarios en el país y cuestionando el cumplimiento de los objetivos del plan.
Maximiliano Maita, delegado nacional de la Federación de Organizaciones en Lucha (FOL), brindó detalles en una entrevista televisiva sobre la situación de los beneficiarios del programa «Volver al Trabajo». Anunció la presentación de un amparo judicial ante el vencimiento de la asistencia, programado para el 9 de abril.
El reclamo legal se fundamenta en el incumplimiento de las metas que el Estado se fijó al reestructurar los planes sociales. Maita afirmó que no existen informes oficiales que detallen cuántas personas beneficiarias se incorporaron al mercado laboral formal.
Según el dirigente, las capacitaciones laborales son sostenidas actualmente por esfuerzos de organizaciones sociales y cooperativistas, ante la retirada del Estado. Además, señaló que los montos percibidos por los beneficiarios, de aproximadamente 78.000 pesos, no han sido actualizados pese al contexto inflacionario, lo que habría generado una importante pérdida de poder adquisitivo.
Maita vinculó la retirada de la asistencia estatal con problemáticas sociales más amplias, como el avance de la criminalidad en barrios populares. Las organizaciones analizan exigir también la intervención del Gobierno Provincial, amparándose en el artículo 36 de la Constitución de Córdoba que protege el trabajo cooperativo.