El Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) -que se puso en marcha en septiembre de 2022 y ofrece asesoramiento, acompañamiento especializado y derivación a recursos- atendió el año pasado a 516 personas, que realizaron 658 consultas, el mayor número desde su creación. Estas consultas y quejas de personas mayores que sufren edadismo o discriminación -o de sus familiares o cuidadores- arrojan luz sobre qué tipo de rechazos, exclusiones o maltratos sufre la población de edad más avanzada en España, un problema frecuente, pero invisibilizado.
El informe anual de resultados ha sido presentado este miércoles en el Ministerio de Igualdad y refleja que la mayoría de las consultas en 2025 fueron para pedir información sobre prestaciones, trámites administrativos, recursos y servicios (un 42,3%), pero también un 20,9% corresponden a situaciones de abusos y maltrato y un 14,2% a problemas con los cuidados, como por ejemplo reconocimientos de dependencia o discapacidad, que afrontan largas listas de espera, o medidas judiciales de apoyo.
A través de las consultas recibidas, el balance del SEAM documenta vulneraciones de derechos en múltiples ámbitos. En el sector sanitario, se detectan casos de sujeciones físicas y químicas sin justificación, denegación de pruebas diagnósticas por edad y listas de espera prolongadas. En el entorno laboral, persisten las jubilaciones forzosas encubiertas, los límites de edad arbitrarios en procesos de selección, despojo de funciones y el acoso a trabajadores sénior.
En el plano social, predominan usuarios que cobran pensiones mínimas insuficientes, con amenazas de desahucio, así como la exclusión digital, que sigue siendo un problema recurrente pese a que la brecha digital se reduce cada vez más. En el ámbito del consumo, destacan las barreras de acceso en la banca, incluyendo la negación de atención presencial, las comisiones abusivas y la denegación de seguros por razón de edad.
Los abusos
En cuanto al maltrato, las consultas permiten vislumbrar que sucede, normalmente, de hijos hacia sus padres, generalmente con deterioro cognitivo o algún grado de dependencia. En su mayoría, «el abuso y el maltrato no es un hecho aislado, sino crónico» y confluye el maltrato físico, psicológico y el abuso económico. También hay casos de violencia de género y vicaria, que se ejerce sobre una persona mayor a través de causar daño a sus hijos.
Asimismo, se ha detectado casos de «injerencia desmedida» de familiares en la vida de personas mayores, «en detrimento de sus propias necesidades, deseos y preferencias, desde lo más íntimo, como puede ser su sexualidad, hasta cuestiones más amplias como la gestión de los cuidados o del patrimonio», según destaca el informe.
También hay denuncias de falta de atención adecuada en las residencias de mayores por falta de personal y negligencias, con casos de malnutrición, deshidratación o problemas de higiene o lesiones. Asimismo, «hay un patrón en el control físico y farmacológico injustificado», dado que de forma recurrente se recurre a medicar a los mayores sin que en ocasiones sea necesario. También se detecta falta de pruebas diagnósticas para descartar lesiones o enfermedades graves, que cronifican el dolor y la dependencia.
Casos destacados
El informe incluye casos destacados, como el de una mujer de 85 años que fue ingresada en una residencia para trastornos psíquicos por decisión judicial y familiar, pese a no presentar ningún trastorno. Gracias a la intervención del SEAM y a la representación judicial, se dejó sin efectos la resolución.
Asimismo, Juan José Florensa, funcionario en Melilla, no ha podido acceder a una plaza que había obtenido por haber superado los 65 años, pese a contar con autorización para prolongar su vida laboral hasta los 70. El SEAM, junto con el servicio jurídico de Comisiones Obreras de Melilla, gestionan actualmente su recurso de reposición.
Pese a estas vulneraciones de derechos, el trabajo destaca que existe un miedo y rechazo latente a denunciar. En muchas ocasiones, las consultas al SEAM no prosperan o se quedan meramente en el nivel informativo porque la persona afectada rechaza ejercer las acciones judiciales propuestas, sobre todo en los casos de maltrato intrafamiliar.
Frente a estos problemas, el informe formula un conjunto de recomendaciones, como reforzar los servicios sociales ante el maltrato en la vejez; prohibir los límites de edad injustificados en selección de personal; garantizar la formación del personal sanitario en modelos centrados en la persona; promover la mediación en conflictos que afectan a personas mayores y avanzar hacia una ley integral de Derechos de Personas Mayores, alineada con los estándares internacionales.
En la presentación del informe han participado Beatriz Carrillo de los Reyes, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo; María Teresa Verdugo, presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación; Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge International España y Carla Bonell Pagano, responsable de Derechos Humanos de HelpAge International España y coordinadora del SEAM.
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