Los restos arqueológicos encontrados en el entorno de la Arruzafilla han dado mucho que hablar desde su aparición. Y no solo por el indiscutible valor patrimonial del complejo religioso mozárabe hallado, según los expertos único en Andalucía y puede que a nivel nacional. Es que además el descubrimiento se produjo en terrenos afectados por el proyecto de construcción de la ronda Norte de Córdoba justo cuando entre septiembre y noviembre de 2024 se llevaron a cabo los sondeos previos a su ejecución. Y ahí empezó el lío. Una vez más, como tantas en la ciudad, parecía entrar en conflicto la preservación del pasado con la realización de una obra pública de importancia, en este caso para la infraestructura viaria. O lo que es lo mismo, se entablaba un nuevo pulso entre la arqueología y la oficialidad institucional, como había ocurrido con Cercadillas, el arrabal de Secunda o antes, hacia 1985, en aquella Operación Valquiria que echó tierra sobre los restos romanos del bulevar del Gran Capitán, por citar algunos casos sonados que todavía duelen en la memoria ciudadana.
Descartado desde el primer momento por el alcalde el traslado de los vestigios de la basílica y los monasterios masculino y femenino de finales del siglo VIII, técnicamente posible pero muy costoso, se planteaba un dilema: cubrir los restos para protegerlos y mantener el trazado original de la vía o desviarlo sin tocarlos. La Consejería de Fomento ha elegido la primera opción de acuerdo con Cultura y el Ayuntamiento, es decir, no modificar el proyecto sino soterrar los restos elevando la cota de la carretera, la temida «joroba» sobre la que advierten los detractores de la medida (arqueólogos, grupos municipales socialista y de Hacemos Córdoba y algunos colectivos ciudadanos). Eso sí, paralelamente, la Consejería de Cultura pidió que se ampliaran las excavaciones junto a la glorieta de Santa Beatriz, en el entorno del centro comercial La Sierra, llevadas a cabo hasta ahora por la empresa Salsum, con una nueva licitación de los trabajos que permitirán explorar la superficie total –falta un 80% por desentrañar-; y reclamó también la conservación íntegra de los restos antes de enterrarlos. Así que, con un expediente en curso cuya resolución definitiva está por verse, arrancaba el pasado octubre por la otra punta, la glorieta María de Maeztu (Hipercor) la primera fase de la obra de la ronda, presupuestada en 29,6 millones y con un plazo de ejecución de 3 años.
Estamos ante un tema de ciudad complicado y polémico sobre el que la Real Academia ha querido propiciar un debate invitando a las dos partes implicadas, la Administración y los investigadores. Ausente la primera –nadie quiso pronunciarse en su nombre, por aquello del expediente en marcha- sí que hubo ocasión de conocer el valor histórico de un yacimiento singular que abre el estudio de cómo era la vida y la tan cacareada convivencia entre religiones y culturas en el Emirato cordobés. Fue el catedrático de Arqueología de la UCO y académico Carlos Márquez quien dio a conocer los testimonios recogidos en el lugar por los arqueólogos Ángel Ventura, Manuel Cobos, Camino Fuertes y él mismo. Pero fue más allá, consideró la declaración de BIC imprescindible para proteger el hallazgo y puso muy en duda que el enterrarlo sirva para su conservación. Y tras negar rotundamente la acusación de que la arqueología sea la culpable de frenar el progreso, apostó por buscar una salida, aunque resulte más cara, para construir la ronda «debajo o al lado, pero no encima» y dejar a la vez visitable y atendido el yacimiento. «Sería la forma –apuntó- de que Córdoba no vuelva a perder una ocasión de oro que el futuro le reclame». Y este reto, concluyó, debería asumirlo toda la sociedad.