Algunas empresas analizan no firmar el acuerdo para poner un tope a las subas mensuales del 5%.
A pesar de los incentivos fiscales, varias empresas analizan la posibilidad de no firmar el acuerdo por la renovación de Precios Justos, según confiaron a Clarín fuentes del sector privado. Los «focos de rebeldía», por ahora provisorios, surgen porque el Gobierno aspira extender el programa por 90 días con una suba tope del 5% mensual.
Las negociaciones están en manos de la nueva unidad para combatir a la inflación, que lidera el director de la Aduana, Guillermo Michel, y en el que participan el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. Desde hace dos días, los funcionarios vienen manteniendo reuniones para avanzar en los acuerdos.
Las primeras en asistir fueron las empresas de consumo masivo. El planteo oficial es contener la ola de remarcaciones generalizadas con Precios Justos. «Fue una primera conversación en la que se habló de autorizar un 5% mensual a cambio de alivios fiscales. Aún tenemos que verlo, pero venimos con mucho retraso acumulado», dijo un alto ejecutivo.
En la industria coinciden que algunas manifestaron su intención de no acordar con estas condiciones. Las empresas reclamaban un ajuste mucho mayor, que contemple la suba del 7,5% del Impuesto País y el salto devaluatorio del 21,8% del dólar oficial. No acordar, aclaran, no implica incumplir el programa, porque las grandes cadenas tienen la obligación de rechazar subas por encima de lo estipulado.
El ministro candidato Sergio Massa se refirió a Precios Justos. «El que firme el acuerdo y no lo cumpla, ya no es simplemente una multita de la Secretaría de Comercio, porque está accediendo a beneficios impositivos», dijo y advirtió que «aquellos que no quieran entrar al programa y abusen, le vamos a aplicar todo el peso de la ley«.
El equipo conducido por Michel tiene previsto cerrar una primera ronda de reuniones para luego definir los detalles de los beneficios compensatorios. Entre otras y según el caso, se contempla una rebaja del 6% a exportadores y del Impuesto País y prórrogas en el pago de las contribuciones patronales. El detalle se conocería en las próximas horas cuando salta publicado el decreto correspondiente.
El malestar de las empresas es generalizado. «Es lógico que algunas empresas rechacen el acuerdo. Ya veníamos con retrasos y se suponía que agosto era para recomponer la pauta de aumentos hasta diciembre. Ahora cada una debe tomar una decisión, si retrotrae los precios o no», señaló un ejecutivo.
Más problemática aparece la negociación con el resto de los rubros que participan del programa. Electrodomésticos, bicicletas, motos, indumentaria y calzado tienen los precios congelados desde el 31 de mayo pasado. La medida, tomada por Comercio con miras a las PASO, dejó de estar vigente el pasado 15 de agosto. El Gobierno, ahora, quiere extender el tope de 5% mensual a las subas, lo que para muchas empresas «es inviable».