Un informe técnico advierte de la potencial presencia de amianto, con diversa incidencia, en 23.603 edificios de Lucena. El censo elaborado por la empresa NJM Bussiness Group, mediante un contrato menor de 8.200 euros, más IVA, ha analizado un total de 54.275 edificios, en una iniciativa municipal vinculada al cumplimiento de la normativa autonómica sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por la Junta de Andalucía en 2022.
El Ayuntamiento, a modo de complemento divulgativo y en una determinación potestativa, ha volcado los datos del estudio en la plataforma gestiondelamianto.com para su pública consulta. Desde el año 2002, en las construcciones de nueva edificación, el amianto persiste prohibido por el riesgo de liberación de fibras tóxicas, en su descomposición, y que entraña peligros asociados a enfermedades respiratorias y cancerígenas.
A partir de ahora, con distintos niveles de riesgo –alto, medio y bajo-, la administración autonómica ha de requerir a los titulares de los inmuebles comprometidos, para que reemplacen los elementos de uralita, denominación popular, entre septiembre del 2027 y octubre del 2028.
Fundamentalmente, el amianto se halla en cubiertas, aunque también aparece en tuberías, bajantes o extractores.
También en el patrimonio municipal
Dentro del patrimonio municipal, después de examinar 50 edificios, constan residuos de amianto en 14 construcciones, aunque con baja intensidad, entre ellos, los colegios Virgen de Araceli, El Prado y San José de Calasanz, sobre todo, en conducciones y calderas, aparte de almacenes e inmuebles sin uso. El Ayuntamiento ha elaborado un calendario de las intervenciones preceptivas en estos recintos.
Charo Valverde, en la presentación de los datos sobre el amianto. / Manuel González
Este censo, mediante la utilización de tecnología avanzada, algoritmos de inteligencia artificial y datos geoespaciales, ha alcanzado una precisión del 90%.
La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Charo Valverde, ha reseñado que todo el proceso ha sido emprendido por “servicios especializados” y que, a partir de ahora, el Ayuntamiento “traslada” la información al “órgano competente” de la Junta de Andalucía porque de esta administración compete “la campaña de comunicación” hacia los propietarios concernidos.