El descarrilamiento de una formación del Sarmiento cerca de la estación Liniers este 11 de noviembre, con al menos 20 heridos y escenas de pánico entre los pasajeros, no es un hecho aislado. Es la postal repetida de un sistema ferroviario que viene siendo vaciado, degradado y puesto al servicio de negocios entre privados y el Estado desde hace años.
El desastre ferroviario no empezó hoy. En los años ‘90, bajo el gobierno de Menem, se ejecutó el llamado «ferrocidio»: miles de kilómetros de vías levantadas, despidos masivos y cierre de pueblos enteros. La red que unía el país fue trozada y entregada a empresas privadas, con la bendición de organismos como el FMI y el Banco Mundial. Lejos de modernizar, el resultado fue el desmantelamiento: los privados se llenaron los bolsillos con subsidios, sin invertir un peso real en infraestructura ni seguridad.
El balance de esa experiencia fue clarísimo: empresarios que se quedaron con todo, negocios entre privados, funcionarios políticos y una burocracia sindical cómplice que se convirtió en empresaria y que no dudó en defender su negocio a como de lugar. Del otro lado, trenes cada vez más inseguros, servicios de cuarta y tarifas que aumentan mientras el salario se achica, haciéndole la vida cada vez más difícil a quienes se movilizan todos los días.
Durante el kirchnerismo, siguieron las concesiones, aumentaron los subsidios y se multiplicaron los negocios para los amigos del poder y la burocracia sindical. Obras a medias, tercerización, talleres sin insumos y trenes que, salvo maquillaje para la foto, seguían circulando sobre vías de la década del ‘30. La masacre de Once en 2012 —con 52 muertos y más de 800 heridos— fue la consecuencia brutal de esa política: corrupción, desinversión y desprecio por la vida de quienes viajan en tren todos los días.
A partir de allí el ferrocarril Sarmiento pasó formalmente a manos del Estado, aunque operado por la empresa estatal Trenes Argentinos dejando de estar en la órbita de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). Sin embargo, esto no significa que funcione como un verdadero servicio estatal al servicio de las necesidades populares, ya que el manejo del sistema sigue atravesado por negocios con empresas privadas, tercerizaciones y una lógica de vaciamiento que prepara el terreno para una nueva entrega a manos privadas.
De hecho Milei y su libreto libertario redoblan el ajuste, los tarifazos, y la amenaza de nuevas privatizaciones, con un presupuesto que no cubre ni el mantenimiento básico que hace falta. El deterioro es planificado: vaciamiento, recorte de personal, caída del salario, retiros voluntarios y recorte de servicios. Un combo que deteriora y agrava cada vez más el mantenimiento y que favorece la idea de alguna «solución mágica» a favor de algún grupo empresario amigo.
Una receta conocida que tiene resultados desastrosos. Choques como el del Ferrocarril Urquiza en San Miguel hace dos semanas, o el que ocurrió en Palermo el año pasado. Descarrilamientos, señalización obsoleta, materiales rodantes que no dan más. Los trabajadores ferroviarios y las agrupaciones combativas lo vienen denunciando hace años: cuando la prioridad es el negocio y no el servicio, los accidentes no son sorpresas, son la regla.
El descarrilamiento de hoy en el Sarmiento se suma a la larga lista de incidentes que podrían haberse evitado con inversión real y control de quienes conocen la red: sus trabajadores y usuarios. En Once, en Urquiza, en San Martín, siempre es la misma postal: bronca, desmanes, heridos, familias angustiadas y miles de usuarios afectados.
La experiencia demuestra que tanto para los empresarios como para los distintos gobiernos de turno, la prioridad nunca está puesta en la seguridad de los pasajeros ni en el mejoramiento de las condiciones en que se brinda el transporte. Por eso, la izquierda y el sindicalismo combativo reclaman medidas urgentes como la reestatización integral de toda la red ferroviaria, bajo gestión directa de los trabajadores y control de los usuarios. La única manera realista de poder garantizar trenes seguros, eficientes y planificados para todos en función de las necesidades que existen y no de los negocios para unos pocos.
Trabajadores agrupados en la Naranja Ferroviaria Nacional, del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC) aseguraron: «El gobierno Nacional es responsable del vaciamiento y la desinversión, dejando una infraestructura obsoleta sin mantenimiento. Cabe recordar que hace poco mas de 20 días también ocurrió un hecho similar en el ferrocarril Urquiza provocando un choque de trenes dejando el saldo de varios heridos». E insistieron: «Venimos denunciando desde hace años que la falta de inversión en material rodante y en la infraestructura. El resultado va a ser que tengamos accidentes predecibles y perfectamente evitables. Exigimos la reestatización del sistema ferroviario y un plan de obras acorde, para brindar al usuario y a los trabajadores un servicio de calidad y seguro.»
Las escenas de hoy deberían ser suficiente muestra de que es necesario pelear por otra salida. No sólo necesario, sino que también es urgente porque está en juego la seguridad y la vida de los trabajadores y de millones de pasajeros.