El grupo municipal de Hacemos Córdoba insistió este viernes en «la falta de ética» demostrada por el exgerente de Sadeco, Francisco Ruiz, que trabaja desde el mes de julio en la empresa que gestiona los contenedores en Córdoba. De este modo, y pese al informe del secretario general del Pleno, que no ve incompatibilidad en las acusaciones sobre un posible caso de puertas giratorias que denuncia la coalición de izquierdas, desde Hacemos han continuado vertiendo dudas sobre los contratos cerrados entre Sadeco y Contenur (el que está en vigor por más de 17 millones de euros) y piden la dimisión o el cese de Isabel Albás, presidenta de la empresa municipal de limpieza, por avalar un contrato que, sostienen, dejó ya hecho el exgerente antes de marcharse al sector privado.
El concejal detalló que el pliego técnico del contrato con Contenur fue redactado y preparado antes de la marcha a finales de diciembre del 2023 del entonces gerente, y que en el consejo de administración del 19 de enero de 2024 este punto fue retirado del orden del día «sin explicación» por parte de la presidenta, Isabel Albás. Posteriormente, el 8 de febrero el pliego volvió a presentarse de forma literal y fue aprobado, hasta que finalmente el 25 de marzo tuvo que retirarse en un consejo extraordinario y urgente tras un informe de la asesoría jurídica que alertaba de defectos en el pliego “que podrían afectar a los principios de libre concurrencia e igualdad para los licitadores y perjudicar enormemente el interés general”.
Responsabilidad ética y política
Para Hacemos Córdoba, esta secuencia con el contrato de renovación de los contenedores apunta a «la existencia de indicios de que se podría tener la intención de actuar fuera de las reglas administrativas». Es en este sentido que piden la dimisión de Isabel Albás. «La única responsable de todo esto es la señora Albás», sostienen.
En cuanto a la situación del exgerente desde Hacemos insisten, en contra del criterio jurídico del asesor del Pleno, que el puesto de gerente es «un alto cargo» y que por tanto sí estaría sujeto a las limitaciones por dos años impuestas por la ley. La norma estipula que los altos cargos durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. En cualquier caso, “más allá de lo que determina el informe jurídico, existe un problema de ética y de moralidad política”, advierten desde Hacemos que tiene claro que este es “un caso flagrante de puertas giratorias” y “una forma lamentable de actuar del Partido Popular”.