El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, rechaza la existencia de deficiencias o errores fácticos por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe que apunta indicios que vinculan al ex directivo de Acciona en Navarra Fernando Merino con la presunta trama de adjudicaciones irregulares en la que están implicados el exministro José Luis Ábalos, su asesor y el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán.
«No se advierte deficiencia alguna en el informe policial referido que, antes al contrario, determina con la debida precisión qué hechos concretos respecto a la citada obra se atribuyen al ahora recurrente», señala el magistrado en un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que despeja el intento de la defensa de Merino de desvirtuar los indicios con respecto a las obras de una autovía en Úbeda (Jaén). El directivo había recurrido la denegación de una prueba por parte del magistrado aludiendo a que se le atribuía responsabilidad sobre una adjudicación completa en vez de apuntarse a las modificaciones realizadas con posterioridad.
En una resolución con fecha del pasado lunes, Puente resuelve en coincidencia con el criterio del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, que recuerda en su impugnación al recurso los «poderosos indicios» existentes sobre la intervención de Merino en esta obra, reflejada en los mensajes que intercambió con el colaborador ministerial Koldo García y que obran en la causa.
Así, el juez coincide con Anticorrupción y también con las acusaciones populares –bajo la dirección letrada del PP– en que «lo cierto es que en el informe y en la resolución posterior cuando se alude a la intervención de don Fernando Merino Vera en la adjudicación de cierta obra en la localidad de Úbeda, (..) no se determina fuera realizada con anterioridad a la mencionada adjudicación sino a que tuvo lugar en el desarrollo de la misma, lo que incluye las posteriores vicisitudes en la fase de ejecución y, en consecuencia, en sus posibles posteriores rectificados».
Indicaciones a Koldo
El informe de la UCO, de hecho, especifica que Fernando Merino, actuando en ese caso en defensa de los intereses de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) — dirigida por sus cuñados, los hermanos Fernández Menéndez– en relación con un expediente de modificación que se corresponde con el modificado número 2 de la autovía A-32 (Linares-Albacete) y carretera nacional 322 (Córdoba-Valencia) en su tramo Úbeda-Torreperogil.
Fernando Agustín Merino, exresponsable de Acciona a su llegada este lunes, 7 de julio, al Tribunal Supremo en Madrid. / EFE
«Dicha intervención habría consistido, precisamente, en enviar al también investigado en esta causa don Koldo García Izaguirre una imagen del proyecto de modificación, acompañada de varias indicaciones, documentos que don Koldo remitió, sin solución de continuidad, a quien era entonces Director General de Carreteras«, recuerdan las acusaciones en sus escritos de impugnación.
Concretamente, la defensa de Merino recurrió el rechazo del instructor a pedir a la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental para que certificara determinados extremos de este expediente, argumentando en 2019 no existió una auténtica adjudicación de obra pública, como se desprendería del citado auto, sino una modificación de un contrato de obra previamente adjudicado y ello constituía un «error fáctico» de la UCO.
Según los indicios apuntados por los agentes, en una nota de Koldo con fecha 29 de marzo de 2019, se podía leer cuál sería el adjudicatario de la obra: “Úbeda a torreperogil (sic) aprobar el modificado ya y como viene y es de opr”. En agosto, Merino volvió a escribir a Koldo con varias indicaciones sobre el proyecto, pidiéndole «aprobar técnicamente en agosto y también la anualidad económica para 2019». Unas instrucciones que fueron reenviadas al entonces Director General de Carreteras, Javier Herrero. Un mes después, el directivo de Acciona volvió a interesarse por este asunto, y Koldo le dijo que iba «muy bien». Pese a ello, Merino le pidió que le diera «un empujoncito a todos los amigos».
«¡Lo conseguimos!»
Finalmente, el 25 de octubre de 2019 la Dirección General de Carreteras firmó la modificación contractual valorada en (documento aquí) incluyendo las instrucciones pedidas por el empresario, con un «incremento líquido de 5.815.084,10 euros» respecto al contrato original. La subdirectora general de Construcción, Camino Arce Blanco, envió a Koldo una imagen del documento donde se aprobaba el importe y ordenando el pago a la constructora, con el título «lo conseguimos!!».
Por otra parte, el juez rechaza otra petición de la defensa de Merino para que se dirija exhorto al juez de la Audiencia Nacional que investiga otra parte de la trama relativa a actuaciones de responsables de Transportes para recabar el contenido íntegro de las declaraciones prestadas como investigados de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y de Javier Herrero, que ocupó el cargo de director general de Carreteras. «No resulta procedente», afirma Puente en su resolución.
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