Hay un hecho evidente en la investigación sobre la presunta participación de Santos Cerdán en la trama Koldo-Ábalos – y es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) halló los audios en la entrada y registro del domicilio de Koldo García el 20 de febrero de 2024 y no fue hasta 16 meses después, el 5 de junio de 2025, que presentó el informe-atestado en el que el exsecretario de Organización del PSOE fue designado jefe de la presunta banda criminal. La pregunta es: ¿qué hizo la UCO entre el 20 de febrero de 2024 y el 5 de junio de 2025 a partir de esas grabaciones?
En la Fiscalía Anticorrupción han sostenido que nada se podía hacer porque Cerdán, diputado de Cortes, era aforado.
Bien.
Ahora, al oponerse a la libertad de Cerdán, el único de la trama en prisión, el fiscal Luzón señala que “el aforamiento no implica que se mire para otro lado si se tiene conocimiento de algún indicio delictivo que afecta a una persona aforada. No es esa la doctrina reiteradamente establecida tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional”
Y agrega: “Conforme a ella, cuando en el curso del procedimiento ante un Juzgado de Instrucción aparezca la posible participación de personas aforadas en las conductas y hechos objeto de investigación “deben depurarse en el Juzgado de origen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos, al efecto no solo de acreditar los mismos sino también el grado de participación que en ellos ha podido tener la persona aforada”.
Veamos.
A partir del último trimestre de 2024, desde la declaración de Víctor de Aldama -el presunto corruptor de los presuntos corruptos Koldo y Ábalos, por un lado, e imputado por el fraude a Hacienda de 180 millones en la estafa de hidrocarburos, también como ellos en libertad-, el nombre de Santos Cerdán comienza a desplazarse al centro de la escena. Aldama declara a que había entregado a Cerdán un sobre con 15.000 euros frente a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.
Ya en enero, el run-run en el Congreso de los Diputados empieza a hablar de un informe inminente sobre Cerdán.
Tanto Vox como el PP alardean tener información sobre ese informe. Cuando finalmente aparece, el 5 de junio, un acontecimiento descontado, habida cuenta de la crónica anunciada con el citado run-run.
No es difícil suponer, con sentido común, que la UCO está detrás del rastro del dinero a partir de las grabaciones, de las cuales ha deducido que Cerdán no es un participante más en la trama; vamos, que se trata de El Jefe, como quedará plasmado en el auto de prisión firmado por el juez Puente el 30 de junio de 2025.
El Jefe, que puede haber rentabilizado de las presuntas adjudicaciones de obras ilegales, unos 5 millones de euros a ojo de buen cubero del juez Puente.
Y, más, que es quien lo ha recogido de las empresas beneficiarias, Acciona entre ellas. Vamos el Luis Bárcenas que durante 20 años recogía de los paganos la pasta, según quedó inmortalizado en Los Papeles de Bárcenas, su contabilidad de tienda dw ultramarinos.
Pero he aquí que la UCO regresa de vacaciones y el pasado 2 de septiembre solicita al juez el envío de requerimientos al Congreso de los Diputados -cosa que ya se había realizado en julio-, al pueblo familiar de Cerdán, Milagro, en Navarra, a la Comunidad de Navarra y al PSOE, para que envíen los ingresos del ex secretario de Organización del PSOE.
De aquí, obvio es, no saldrá un patrimonio de millones como se ha calculado.
Por tanto, Puente tenemos un problema. ¿Estamos ante el financiero desconocido Cerdán que ha sabido ocultar esos millones?
La defensa se ha orientado a denunciar las diligencias frontalmente como un montaje. Pero por ahí no va a salir una alternativa a la prisión de Cerdán.
Por destrucción de pruebas Cerdán puede permanecer encarcelado seis meses. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025. Y lo estará si como mínimo no hay un giro de su defensa.
El primer asunto es el dinero. A cuenta de la participación de Cerdán en Servinabar -la empresa que se aliaba a Acciona en los presuntos amaños- ¿ha habido transferencias de beneficios a favor de Cerdán, quien asegura que esa participación fue cancelada?
El segundo es la destrucción de pruebas. Según el fiscal y el juez instructor, el que cobraba, según hemos apuntado, era Cerdán.
Como conoce a los que pagaban, podría obstaculizar la investigación, se ha alegado.
El juez Pablo Llarena, ponente en el auto que confirmó la prisión, admitió que cuando se habla de riesgo de destrucción de pruebas no puede hacerse de una manera genérica. Pero cuando él mismo tuvo que explicarlo, pasó a otro asunto.
La UCO tuvo acceso al ordenador de Cerdán en el PSOE en junio pasado. ¿Qué se puede sacar de allí?
El fiscal Luzón hace gala de un lenguaje que no es el habitual en sus escritos e intervenciones anteriores a este caso, como ya se había observado durante la declaración de Cerdán. A las afirmaciones de la defensa sobre esta causa como “prospectiva” e “inquisitiva”, señala que a “esta manida alegación se ha dado ya paciente y cumplida” respuesta.
Es que para eso, entre otras cosas, está la Fiscalía.
Con todo, es eficaz al apuntar contra la impugnación de los audios de Koldo.
“Es comprensible el empeño de la representación del investigado en desacreditar las conversaciones grabadas, a la vista de su alto contenido incriminatorio. Sucede que no acaba de concretarse la razón de su impugnación: ¿son incompletas?, ¿están descontextualizadas?, ¿no se reconoce la intervención de Santos Cerdán en ellas?, ¿no se produjeron?, ¿son reales, pero fueron ilícitamente obtenidas?, ¿no las grabó Koldo García o sí lo hizo, pero siguiendo instrucciones de la Guardia Civil?, ¿las grabó acaso la propia fuerza policial o bien las manipuló después…? Suponemos que en ulteriores fases del procedimiento la defensa de Santos Cerdán decidirá por cuál de estos caminos que sucesiva y hasta simultáneamente explora desea seguir transitando”.
Luzón admite que tienen un problema con Cerdán y la pasta.
“En cuanto a las relaciones económicas entre Acciona, Servinabar y Santos Cerdán, la investigación se encuentra en curso, en su fase inicial, como la del propio patrimonio del investigado, por más que su representación las dé prematuramente por concluidas referente a él, con diligencias probatorias avanzadas pero que todavía no han sido practicadas y la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, todavía pendientes de identificar» admite.
«Y, por ende, la capacidad que Santos Cerdá aún tiene para alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad determinan la necesidad de mantener todavía la prisión provisional acordada por auto de 30 de junio de 2025».
Quién lo diría. Cerdán es el nuevo, digamos, Mario Conde, nuestro financiero de los años noventa del siglo XX.
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