Buenos Aires. Los abogados defensores de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), renunciaron este viernes en medio de la causa en la que se lo investiga por presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos.
Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes presentaron un escrito ante la Justicia en el que argumentaron “motivos personales” para dejar la representación legal del ex funcionario.
En paralelo, el fiscal Franco Picardi ordenó allanamientos en propiedades de Spagnuolo y de Daniel Garbellini, otro ex funcionario de la ANDIS. Durante los procedimientos, además, se inspeccionó una caja de seguridad en un banco a nombre de Spagnuolo, donde se encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros sin declarar.
Hasta el momento, ni Spagnuolo ni Garbellini acompañaron el pedido de nulidad presentado por la defensa de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, también bajo investigación. Los ex funcionarios pidieron una prórroga para revisar el expediente antes de fijar posición.
El planteo de nulidad cuestiona la validez de los audios incorporados como prueba, alegando vulneración al derecho a la intimidad y denunciando que el inicio de la causa estuvo marcado por “oscurantismo” y falta de información.
En este contexto, no se descarta que Spagnuolo pueda convertirse en imputado colaborador, aunque su entorno asegura que todavía no hay una definición al respecto.
Declaración de Fernando Cerimedo
En las últimas horas declaró como testigo el consultor libertario Fernando Cerimedo, quien ratificó ante la Justicia que Spagnuolo le relató un esquema de sobornos en la compra de medicamentos, el cual —según sus dichos— se extendía hasta la Secretaría General de la Presidencia.
Cerimedo, ex asesor de comunicación de La Libertad Avanza, afirmó que las conversaciones con Spagnuolo fueron recurrentes durante 2024 y que el ex funcionario le detalló progresivamente la mecánica de los presuntos pagos indebidos. Desde su entorno aclararon que ya entregó toda la información disponible, aunque rige el secreto de sumario.
Denuncias cruzadas y causas paralelas
La investigación se originó a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien aportó una grabación difundida en el canal Carnaval Stream. La defensa de la droguería Suizo Argentina sostiene que esos audios fueron adulterados y obtenidos de manera ilegal.
En paralelo, el Gobierno denunció una presunta operación de inteligencia ilegal tras una segunda filtración de grabaciones vinculadas a Karina Milei. Ese expediente está a cargo del fiscal Carlos Stornelli e involucra a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes ya declararon en Comodoro Py y negaron tener responsabilidad en la obtención del material.
Situación judicial
Por ahora, ninguno de los involucrados —Spagnuolo, Garbellini ni los dueños de la droguería— fue formalmente imputado. El expediente continúa bajo secreto de sumario, que podría extenderse diez días más a pedido del fiscal Picardi. El juez Sebastián Casanello deberá resolver en breve el pedido de nulidad, una decisión que podrá ser apelada.
El caso se encuentra en una instancia clave: la Justicia deberá definir la validez de las pruebas y el futuro procesal de los ex funcionarios implicados.