Además del caso YPF, hay una decena de juicios más, algunos perdidos, otros en trámite, que demandarán pagos por eses monto. Default, estatizaciones y tarifas congeladas o pesificadas, los motivos.
Las demandas contra la Argentina en los tribunales internacionales no se agotan en el mega juicio por la expropiación ilegal de YPF que le puede costar al país otros -por lo menos- 5.000 millones de dólares, aunque la factura podría llegar a los 16.000 millones de dólares.
La irresponsable política de ruptura de contratos, expropiaciones y estatizaciones, sumadas a la cesación unilateral de pagos de la deuda que se anunció con aplausos en el Congreso a fines de 2001 originó muchos juicios en contra. Todos perdidos o en vías de perderse. También influyó la manipulación de las estadísticas y el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Por todos esos motivos, la Argentina tiene una factura a pagar -excluyendo el caso YPF- de casi 5.000 millones de dólares.
Una parte de eso se pagó (canje de deuda, pagos a los denominados “fondos buitre”, arreglos judiciales), pero una parte no menor todavía se discute en tribunales del exterior.
Hay sentencias firmes en contra de la Argentina que aún no han sido pagadas y juicios que todavía siguen abiertos.
Dejando de lado lo que cueste el juicio por YPF que inició el fondo Burford Capital y que se está por definir en un par de semanas en Nueva York, la Argentina tiene una cuenta a pagar importante.
Los casos pendientes son estos:
La estadounidense Met Life activó en 2019 un reclamo que, al principio, era de 110 millones de dólares, pero con los intereses corridos desde 2008 –expropiación de los fondos de las AFJP– trepaba cuatro años atrás a casi 450 millones de dólares, según calculaban en 2019 en el Ministerio de Economía.
Un grupo de empresas holandesas hizo lo propio en nombre de la ex AFJP Orígenes, por la cual el banco ING Bank había pagado 300 millones de dólares. El reclamo trepa a no menos de 500 millones de dólares. Un caso curioso. Los negocios de Met Life y Orígenes los compró el grupo argentino BST, que obviamente no se hizo cargo de las demandas que tenían presentadas ambas compañías. Es decir: los juicios los mantuvieron los accionistas anteriores en su poder, no los transfirieron con las empresas.
– También en la cuenta se agregan reclamos que podrían ser calificados como “residuales” de bonistas (en su mayoría alemanes, italianos, japoneses y algunos estadounidenses) que no entraron a los canjes de los años 2005 y 2010 por unos 1.100 millones de dólares.
En abril de este año, los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International obtuvieron una sentencia favorable en los tribunales de Londres por 1500 millones de dólares. Habían demandado por la manipulación de los cupones PBI.
El fondo Aurelius reclama 81 millones de dólares por su tenencia de cupones PBI. Este fondo entiende que por una manipulación de las cifras correspondientes al PBI de 2013 el Gobierno evitó el pago por el crecimiento de ese año. En esa manipulación tuvo intervención directa el ex ministro de Economía Axel Kicillof. En 2014 decidió cambiar la base de cálculo del PBI para que el resultado diera un crecimiento menor al que suponía el mercado y así no pagar el cupón PBI de ese año.
Pese a que Aerolíneas Argentinas no deja de perder plata -en rojos anuales que van de los 600 a los 300 millones de dólares- hay una factura pendiente con sus antiguos dueños, los españoles del grupo Marsans. Hay una demanda presentada ante el CIADI por una incorrecta expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008 que le podría costar a la Argentina más de 350 millones de dólares.
También hay demandas de la empresa estadounidense AES por más de 400 millones de dólares, originado en la ruptura del contrato de actualización tarifaria del servicio de energía eléctrica a la par del dólar, que se había firmado en la década de los ’90.
A nivel provincial, Casinos de Austria reclama por la expropiación del Casino de Salta. Tiene un fallo a favor por 62 millones de dólares.
Y las constructoras Hostfhiff y Salini Impregilio tienen demandas contra el gobierno nacional por haberles quitado la concesión de Puentes del Litoral. Reclaman más de 40 millones de dólares.
El fondo Attestor Master encabeza un grupo de bonistas que no entraron a ningún canje de deuda y reclaman más de 450 millones de dólares.
La lista no es completa. Pero la dimensión de las sentencias aún no pagadas -y los juicios en marcha que seguramente la Argentina va a perder, son una prueba del ruinoso resultado de las decisiones que se tomaron desde 2002. Una constante de casi todas estas demandas es que las decisiones ruinosas las toma un Gobierno, que deja pasar el tiempo para que la factura la pague el que sigue.