Buenos Aires. Según el Gobierno nacional, el Ejecutivo está siendo víctima de una “operación de inteligencia no institucional” y una “maniobra golpista”.
Estos últimos dos conceptos fueron vertidos en la denuncia que ayer presentó el Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich, a través de su representante legal, Fernando Soto. La denuncia cayó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini, quien investiga al ex presidente Alberto Fernández por la causa Seguros.
En la misma hora en la que el vocero Manuel Adorni anunciaba la denuncia del Gobierno, se conoció un fallo del juez Civil y Comercial Alejandro Marianello, que ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina en Casa Rosada. Se trata de una decisión a favor de una cautelar solicitada por la hermana presidencial el viernes pasado, cuando se conocieron los dos audios difundidos por el canal de streaming Carnaval. El juez consideró que la decisión no implica una censura previa, debido a que se busca proteger “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos” por los audios restantes que, supuestamente, iban a ser revelados esta semana.
El documento solicita que se adopten “medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas”, que dispongan “la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso”. Además, el Ministerio pidió el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, donde se difundió la gran mayoría del material de las últimas dos semanas, así como a su dueño y a los periodistas que encabezaron la revelación de estos audios. Esta solicitud también llega al esposo de la diputada nacional Marcela Pagano, y el principal apuntado por el Gobierno de realizar la supuesta operatoria de inteligencia que llevó a las grabaciones de Diego Spagnuolo y Karina Milei.
La denuncia describe a los actores y a los hechos de los últimos días y la enmarca en una maniobra que, según el Gobierno, busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”. “Naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de la libertad de prensa”, escribe Soto en su denuncia.
En el documento, el Ministerio sostiene que los hechos denunciados constituyen “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”, y que lo ocurrido forma parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para influir en el proceso electoral.
“La mera posibilidad de que se hubieran realizado grabaciones encubiertas dentro de la sede del Poder Ejecutivo Federal, o en otros despachos públicos, para provocar este efecto electoral otorga a la maniobra una gravedad inusitada”, advierte el Ministerio. La denuncia sostiene que la utilización impune de conversaciones privadas de Milei por parte de una “organización criminal” constituye “una injerencia sin precedentes en la vida política del país”. El escrito también denuncia operaciones de influencia indebida en procesos electorales a nivel internacional, aunque sin lograr conectarlo al caso concreto que se denuncia.
No es menor el énfasis que el Gobierno hace al “momento estratégico” en el que se difunden los audios, coincidentes con el tramo más álgido de la campaña electoral previa a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre, y a la disputa que antecede a los comicios nacionales del 26 de octubre. Esto es utilizado por el Gobierno como para denunciar el timing de las revelaciones periodísticas, pero también configura una preocupación real al interior de la Casa Rosada.
La denuncia de Pagano
En paralelo, horas antes de que saliera la denuncia del Gobierno, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal ante la Justicia tras recibir mensajes intimidatorios en la madrugada del 31 de agosto de 2025. Según el escrito, los mensajes provinieron de un número telefónico argentino registrado bajo el alias “Delirious-boy” en la aplicación Telegram. La legisladora solicitó la apertura de una investigación para identificar a los responsables y pidió medidas de protección para garantizar su seguridad personal. En su entorno aseguran que junto a su pareja no realizarán ninguna acción legal vinculada a la denuncia del Gobierno.