El anuncio de Mark Zuckerberg de eliminar el programa de verificación de datos de Meta, recortar su área de moderación y reemplazarlo por un sistema colaborativo llamado “Notas de la comunidad” ha generado un intenso debate. La medida, con la que el grupo que posee Facebook e Instagram busca congraciarse con el cambio de gobierno de EEUU y alinearse con Donald Trump, invoca la pretensión de “empoderar” a los usuarios al detectar desinformación y contextualizar contenidos. Sin embargo, sus implicancias políticas, comunicacionales y culturales son controvertidas, y están sujetas a tensiones geopolíticas globales. Entre ambas redes, Meta concentra más de 4700 millones de cuentas activas mensuales.
Como reconoce explícitamente Zuckerberg en el video de su anuncio, el giro de Meta responde a factores políticos. En el corto plazo, busca aliviar tensiones con Trump, quien ha acusado a Meta de censura y sesgo ideológico. De hecho, en los días finales de su primera presidencia, Trump sufrió la censura de Meta y de otras plataformas digitales (Google, Twitter) cuando convocó a tomar el Capitolio, en enero de 2021.
El viernes pasado, Zuckerberg se quejó de las regulaciones legales europeas. La Unión Europea (UE) impuso multas “por más de 30 mil millones de dólares” a las big tech estadounidenses en las últimas dos décadas por infracciones a las normas antimonopolio –sobre todo, en el mercado publicitario digital– y a las de protección de datos de usuarios de las redes. El fundador de Facebook pide a Trump que presione a Europa para proteger la propia industria, a la vez que intenta evitar el contagio de perspectivas antitrust en las propias fronteras.
Meta ascendió a halcones republicanos en sus puestos gerenciales. Joel Kaplan, nuevo jefe de asuntos globales de la empresa y exfuncionario de George Bush, afirmó que las iniciativas de moderación terminaron por frustrar a los usuarios y limitaron la libertad de expresión. El nuevo vicepresidente de política pública global es Kevin Martin, quien también integró el gobierno de Bush; su asesora general, Jennifer Newstead, trabajó en el Departamento de Estado durante el primer mandato de Trump; y uno de los tres integrantes de la Junta Directiva de Meta, Dana White, forma parte del círculo de confianza de Trump.
En un contexto más amplio, Meta enfrenta un juicio impulsado por la Comisión Federal de Comercio (FTC), quien acusa a la compañía de monopolizar el mercado tras adquirir Instagram y WhatsApp. El acercamiento de Zuckerberg a Trump podría ser una estrategia para obtener apoyo político y evitar restricciones normativas a su expansión. “Vamos a trabajar con el presidente Trump para luchar contra los gobiernos de todo el mundo que atacan a las empresas estadounidenses y presionan para censurar más”, dijo el dueño de Facebook. Tácitamente, Zuckerberg plantea que EEUU debe fortalecer a las big tech en el marco de la “guerra tibia” con China.
La capacidad de lectura geopolítica es una de las grandes fortalezas del “operador más astuto de Silicon Valley”, como lo describe la periodista de investigación norteamericana, Julia Angwin. Tras el ataque al Capitolio en 2021, las plataformas digitales fueron señaladas como espacios que permitieron la difusión de desinformación favorable a Trump, lo que llevó a la expulsión del mandatario republicano de las principales redes durante los años siguientes. Causalidad o coincidencia, durante la gestión de Joe Biden, el Congreso no avanzó en regulaciones significativas para controlar a las grandes tecnológicas estadounidenses. En cambio, sancionó un ultimátum para que ByteDance, la empresa china dueña de TikTok, venda esta compañía a capitales de EEUU antes del próximo 19 de enero, de lo contrario podría ser prohibida. El ultimátum fue judicializado por TikTok y el propio Trump solicitó más tiempo antes de tomar una decisión tan drástica.
La decisión de reducir el control profesional sobre el contenido puede aumentar la circulación de mensajes violentos, información falsa y discursos de odio en plataformas como Facebook e Instagram. Esto podría desincentivar la participación de usuarios por temor a ser atacados por sus opiniones. Un ejemplo reciente es lo ocurrido en X (antes Twitter), donde la eliminación de controles en los contenidos producidos y circulados, bajo la dirección de Elon Musk, provocó una fuga masiva de usuarios, parte de los cuales fueron reemplazados por cuentas automatizadas que la conducción de la empresa incluso valida cuando pagan su respectiva verificación.
Meta enfrenta un juicio impulsado por la Comisión Federal de Comercio (FTC), quien acusa a la compañía de monopolizar el mercado tras adquirir Instagram y WhatsApp
El riesgo de que parte de los usuarios de Facebook e Instagram abandonen el espacio digital ante la falta de moderación efectiva o migren hacia otras plataformas, es real. Paradójicamente, la decisión podría terminar restringiendo el debate público en lugar de fomentarlo, como plantea Meta.
Las llamadas “Notas de la comunidad”, que permiten a los usuarios aportar contexto a publicaciones cuestionables, no son en esencia una mala idea. Sin embargo, esta iniciativa debería complementar, no sustituir, el trabajo de los verificadores profesionales. Y tendría que garantizar transparencia y posibilidad de revisión de su funcionamiento, a lo que las plataformas son reactivas.
Los equipos especializados de verificación operan bajo estándares y normas acordadas internacionalmente, que garantizan rigor, sistematicidad y responsabilidad; algo difícil de igualar por usuarios no expertos. No son sistemas perfectos, pero tienen mecanismos de discusión y corrección. Kaplan, de Meta, acierta en un elemento no menor: los sesgos existen, incluso entre los chequeadores profesionales. Y suelen enojar a los usuarios cuando se sienten corregidos. Sin embargo, sustituir este trabajo especializado por las Notas de la comunidad no garantiza un debate más democrático en línea ni eliminará dichos sesgos. Por el contrario, podría favorecer una mayor concentración del dominio sobre los contenidos, beneficiando a estrategas comunicacionales y troll-centers con mayor poder político, financiero y mediático para hacer un control poblacional de usuarios.
El funcionamiento del sistema de Notas de la comunidad es opaco, porque depende de las orientaciones ideológicas y decisiones políticas de la empresa para ser aprobadas e incorporadas como contexto, e impiden que los usuarios puedan reclamar sobre sus criterios. No hay transparencia en la gestión de las Notas de la comunidad ni posibilidad real de apelación. Lejos de empoderar a los usuarios, quien resulta empoderada es Meta (como sucedió ya con X desde que fue adquirida por Musk).
El cambio de enfoque también plantea una discusión de fondo sobre qué significa hoy la libertad de expresión. Mientras Meta aboga por un modelo supuestamente abierto y menos regulado, sus nuevas reglas constituyen una regulación de facto. Meta no es un árbitro aséptico: edita contenidos, permite y prohíbe posteos, censura cuentas de organizaciones y dirigentes políticos y sociales y, con este giro, puede favorecer a actores con mayores recursos, como trolls y actores del ámbito político y económico, que tienen poder para influir en la conversación pública.
Las llamadas “Notas de la comunidad”, que permiten a los usuarios aportar contexto a publicaciones cuestionables, no son en esencia una mala idea.
Como derecho humano, la libertad de expresión comprende no sólo la posibilidad de difundir las ideas, sino también las de garantizar el más amplio acceso y búsqueda de información y opiniones. Owen Fiss recuerda que, por un lado, la libertad de expresión no debe limitarse a proteger la voz de los emisores más poderosos, sino también las de quienes carecen de recursos y que, por otro, debe contemplar el derecho de que quien escucha pueda entender, debatir y participar plenamente en una conversación democrática. La amplificación de discursos violentos inhibe la expresión de las víctimas, al tiempo que las minorías atacadas se autocensuran y termina por expulsar a quienes prefieren no convivir con esas reglas. Cuando la libertad de expresión es usada para eliminar los derechos de otros (a expresarse, a no sufrir discriminación, a no ser violentados), pierde su sentido y se transforma en consigna vacía.
Al restar la intervención profesional en la circulación de contenidos extremistas, discriminadores o deshumanizantes, algunos de los cuales configuran delitos, Meta dice que libera las expresiones, pero, por el contrario, acaba subordinando su política corporativa sobre los contenidos de miles de millones de personas al servicio de un gobierno. La conducción de ese gobierno en la figura de Tump, quien ha producido operaciones de desinformación masiva (tales como denuncias de fraude electoral) no augura un futuro promisorio para evitar que las fake news contaminen aún más los entornos digitales.
Además, las empresas dueñas de las redes sociodigitales priorizan determinados contenidos, cuentas y usuarios a expensas de otros. Su programación algorítmica refleja el posicionamiento corporativo de las big tech que, en la última década, restringieron el alcance de reclamos por violación de derechos humanos (protestas en Chile o Colombia), mientras premiaban con mayor exposición las expresiones altisonantes de supremacistas blancos o la apología del Terrorismo de Estado (Argentina). Lejos de facilitar que circulen todas las expresiones (incluso cuando ello pudiera inhibir las de menores recursos), la regulación de facto que ejercen en los entornos digitales inclina la balanza ostensiblemente a favor de quienes incitan a la violencia.
Meta no es neutral, tampoco lo es X (ni lo era Twitter antes de Musk), ni Google o TikTok. El giro abiertamente trumpista de Zuckerberg representa un problema que, por la escala y capacidad de mediación de estas big tech en la circulación de información y opiniones, amenaza con ser uno de los grandes obstáculos para la libertad de expresión en los próximos años.
Los autores son investigadores del Conicet y profesores de la Universidad Nacional de Quilmes