Las modificaciones propuestas por las cámaras sectoriales buscan acelerar un cambio en el mercado de las locaciones, hoy con restricción en la oferta y precios altísimos.
Un grupo de entidades vinculadas a la construcción y comercialización de viviendas presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación una Iniciativa para que los legisladores modifiquen dos artículos de la actual y polémica ley de Alquileres.
Se trata de una nueva iniciativa particular bajo el número de expediente 0084-P-2023, que apunta a cambiar los dos artículos más cuestionados de la ley 27.551: el plazo de duración de los contratos y la fórmula de ajuste de las locaciones.
Es por otra parte, una instancia más entre los numerosos proyectos que están dando vueltas en el Congreso y que promueven cambios a la actual legislación que rige desde julio del 2020.
Las entidades firmantes del nuevo petitorio son la Cámara Inmobiliaria (CIA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI).
Argumentaron que la iniciativa «traerá en el corto plazo un alivio para el sector locativo habitacional, generando un incremento paulatino de la oferta de viviendas y la baja de los valores de los alquileres», explicaron.
«A través de la presente iniciativa proponemos modificaciones que pueden sumar en la búsqueda de la solución, aún en este contexto inflacionario tan difícil de controlar que atraviesa nuestro país, y que es el germen principal de todos los problemas», señalaron las entidades.
La propuesta elevada contempla básicamente que «el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual pueden realizarse ajustes como mínimo cuatrimestrales. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario».
Según esta propuesta, los ajustes deben seguir haciéndose utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Sobre el plazo para los contratos, la propuesta de las entidades inmobiliarias incluye la reducción a dos años como plazo legal mínimo.
Según fundamentaron, «quedó demostrado que la actualización anual del canon locativo para vivienda es un período muy extenso en un contexto inflacionario desequilibrado, que ha generado una gran presión en el valor locativo inicial, una aceleración en los precios, retracción de la oferta y una suba de precio muy abrupta al momento de aplicar el índice de actualización contemplado en la ley, llegando hoy, a más del 100% anual, generando insatisfacción y perjuicio patrimonial para ambas partes contratantes y llevando al límite de la imposibilidad de su cumplimiento».
Finalmente, la nota señala que las medidas sugeridas pueden «contribuir en el corto plazo a llevar una solución temporal en materia de alquileres, pero resultan también necesarias otras acciones, principalmente aquellas que impulsen a aumentar la oferta locativa», señalaron.
Por otro lado, el pedido también incluyó sugerencias en cuanto a que se tomen medidas para fomentar la construcción, refacción, remodelación o inversión en unidades habitacionales nuevas o usadas para ser destinadas al mercado de alquiler de vivienda.
Entre ellas, «volver a someter a análisis todo el texto de la Ley 27.551, que posee muchos defectos técnico jurídicos, los cuales hemos puesto de manifiesto en los proyectos oportunamente presentados», finalizó la presentación de las cámaras.
NE