El azar colocó al guardia civil Alfonso Sánchez, de 19 años, sentado en la primera fila del bus que, a las 7:20 horas del 9 de septiembre de 1985, llevaba a su Grupo de Seguridad de Embajadas a la legación de la Unión Soviética. Su asiento fue el más próximo al punto de explosión de la bomba con la que esperaba al vehículo el etarra Ignacio de Juana Chaos en la plaza República Argentina de Madrid. Por eso la metralla y los pedazos de cristal le acribillaron el costado, el brazo derecho y la cabeza. ETA no consiguió su objetivo: la bomba acabó con la vida de un norteamericano que había salido a correr… e hirió a 14 guardias.
Cuarenta años después, cuando cambia el tiempo al hoy prejubilado Sánchez aún le muerden los trocitos de metralla que no le pudieron extraer. Le dura esa sensación “de haberte dejado la carne colgando de las farolas de la plaza”, secuelas de cuatro décadas de relación diaria con la medicación, las dolencias y el síndrome crónico de estrés postraumático.
“Somos un recuerdo vivo en una sociedad que está a otras cosas, que se acuerda de lo lejano y olvida lo cercano -dice Sánchez-, pero los heridos estamos condenados a no poder olvidar jamás, ni podemos permitir que olviden a quienes tuvieron peor suerte que nosotros”. Alude a su compromiso con los muertos, que ejerció como presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo y ejerce ahora en la entidad Vitepaz; pero alude también a los dolores y ataques de ansiedad que aún le causa la onda expansiva de aquellos 20 kilos de dinamita.
Tragando sangre
En la persistencia del dolor, la de Sánchez enlaza con las historias de cinco millares de personas en España, heridas en acciones terroristas. “Cuando te hieren en un atentado, aunque te cures estás convaleciente toda tu vida”, dice José María Lobato.
El 5 de diciembre de 1997, con 27 años de edad, era escolta de una concejala del PP en San Sebastián. Desde aquel día de los años de plomo lleva alojado parte de ese metal en el cráneo. Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, le disparó casi a bocajarro. Lobato estaba vigilando la calle por la que iba a pasar su VIP y reconoció al etarra José Luis Geresta, que se preparaba para atentar. Cuando le estaba mirando, de un coche salió Txapote y le apuntó por detrás con una escopeta de cañones recortados.
“Oí un clic, me volví pero ya era tarde”, recuerda Lobato. El disparo proyectó a su cabeza 200 postas del calibre 12 que le reventaron un ojo. Treinta se le incrustaron en el pómulo, la frente y la mandíbula. Algún balín llegó incluso al cerebro.
Desde el suelo, sin perder la consciencia, Lobato veía a su verdugo apuntarle para rematar. “Yo ya no podía abrir el ojo derecho, lo tenía pegado, quemado. Me quedé quieto, tratando de esconder que me estaba ahogando con mi sangre y tenía que escupirla. No sé qué le pasó por la cabeza, pero ya no vino a por mí”.
«Me quedé quieto, tratando de esconder que me estaba ahogando con mi sangre y tenía que escupirla…» recuerda José María Lobato.
Lobato guarda la memoria exacta de cada segundo del suceso, que una y otra vez ha revivido en los pleitos y trámites que ha seguido durante años después del atentado, o cuando ha ayudado a otros heridos a pedir sus derechos.
Sin número exacto
En los registros de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que depende de Interior, obran 5.025 expedientes resueltos por heridos que han solicitado ayuda. De esos, a 2.658 los quebró ETA. La lista de expedientes abarca de julio de 1963 a junio de 2023. Desde entonces no ha variado, confirman en el ministerio.
La cifra real de heridos por ETA es mucho mayor. Pero nadie puede certificarlo ni dar cantidad exacta porque numerosos daños personales no se cuantificaron, ni registraron ni investigaron en los primeros lustros de historia de la banda terrorista.
29 de mayor de 1991. Atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic. Un guardia carga con una niña que ha perdido un pie. / Pere Tordera
En el largo reguero de tragedias que dejó ETA, a menudo los heridos pasan por una categoría secundaria, víctimas a las que hasta hace poco apenas se les prestó atención, salvo casos señeros, iconos mediáticos que concitan afecto popular como Irene Villa.
Secuelas permanentes
Pese a que su número oficial multiplica por más de dos el de los muertos, hasta 2019 no se ha editado una monografía dedicada a los heridos, la de los profesores de la Universidad de Navarra María Jiménez y Javier Marrodán ‘Heridos y olvidados. Los supervivientes del terrorismo en España’ (La Esfera).
Ahora los historiadores Gaizka Fernández Soldevilla y María Jiménez han publicado ‘Un rastro de sangre. La historia de ETA a la luz de los heridos que causó’, ensayo integrado en la reciente obra colectiva ‘Las víctimas frente al terrorismo de ETA. Narrativas, movilización y perspectiva comparada’ (Dykinson), que ha financiado la Fundación Víctimas del Terrorismo.
Basándose en las cifras de Interior, 40 personas afectadas por tiros y bombas están registradas como grandes inválidos, 222 con incapacidad permanente absoluta, 550 con permanente total y 59 con la parcial.
«Para estos heridos y sus familias, ETA no es un hecho histórico, sino un problema de su día a día”, apunta Gaizka Fernández Soldevilla
“Los atentados de ETA dejaron secuelas permanentes de distinto grado en un tercio de los heridos. Muchos de los más graves no pueden valerse por sí mismos y siguen necesitando cuidadores. Quizá no nos damos cuenta de que, para estos heridos y sus familias, ETA no es un hecho histórico, sino un problema de su día a día”, apunta Fernández Soldevilla a este diario.
Tratos desiguales
Cuenta Alfonso Sánchez que ha visto al magistrado de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara fijar en un millón de euros la indemnización a un político vasco al que una bomba lapa arrancó una pierna y establecer en 150.000 la de un guardia civil con la misma lesión. “El mismo juez, a los pocos días y por el mismo tipo de atentado”, lamenta.
El exescolta Lobato cree que, “como en todo, entre las víctimas heridas hay clases: los que no han tenido problemas para obtener ayudas y los que no reciben nada porque no pueden probar nada ante la burocracia”.
Alfonso Sánchez, expresidente de la Asocación Víctimas del Terrorismo y presidente de Vitepaz. / Javier Lizón EFE
María Jiménez cree que “el distinto trato que han tenido los heridos de ETA a lo largo de los años tiene que ver con el desarrollo que ha vivido la figura del herido en la legislación. Al principio, años 60, 70 y 80, la figura del herido no estaba reconocida, y de esa época muchos atentados están sin resolver y no tienen sentencia”.
La primera paliza
Hasta la promulgación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, en 2011, no hubo en España un mandato específico al Estado sobre los heridos en atentados. Pero incluso con ese avance abunda en el colectivo de los que dejó ETA “la gente que ni sabía que podía pedir un reconocimiento ni guardó la documentación para acreditarlo años después”, relata Jiménez.
La percepción que el Estado tiene del fenómeno es más nítida cuanto más reciente. Son más visibles para la Administración los 57 heridos que arrojó el saldo de atentados de 2006 que los 257 de 1980. Hay de hecho un colectivo de damnificados en los primeros atentados que no reciben ayudas ni pensión, ni tienen forma de tramitarlas porque, por desconocimiento o temiendo represalias por acudir a las autoridades, no denunciaron en su día los daños que sufrieron.
El primer herido de ETA fue un maestro de escuela de Zaldívar (Vizcaya) al que propinaron una paliza en 1963. «No es violencia, es autodefensa», dijo la banda en un Zutik, su órgano oficial
Entre los heridos no reconocidos está el primero de todos, un maestro de escuela de Zaldívar (Vizcaya) al que molieron a palos. En el estudio de Soldevilla y Jiménez aparece la narración que del acto hizo ETA en un Zutik editado en su refugio de Caracas. A las 18:50 del seis de diciembre de 1963, el maestro recibió “una paliza de la que probablemente quedará marcado. Y esto no es violencia, sino autodefensa”.
De los 70 heridos que dejaron la dinamita y las tuercas colocadas en la cafetería Rolando de Madrid (13-9-1974) solo 13 tienen hoy una pensión del Gobierno.
1.800 euros
Uno de los últimos casos que ha conocido Alfonso Sánchez es de un guardia civil de élite que en la Valencia de los 90 mantuvo un tiroteo con un comando de ETA. Su estrés postraumático se puede probar, pero no la causa: no hubo parte médico y los libros rojos de servicio que cada cuartel de la Guardia Civil rellena cada año, en los que se pudo anotar la incidencia, se tiran una vez pasados cinco años.
Peor lo llevan los heridos en atentados de los 70 y 80, cuya media de espera para recibir ayudas, según el ensayo de Soldevilla y Jiménez, es de 26 años. A partir de la ley de 2011, la espera se reduce a 3,5.
Manifestación de víctimas del terrorismo el 25 de noviembre de 2006. Al frente Irene Villa y su adre, dos de las heridas por ETA más famosas. / Juan Manuel Prats
En términos generales, a un herido en atentado terrorista reconocido por el Estado que el día del ataque no tuviera empleo le corresponde una pensión de alrededor de 1.800 euros, el triple del indicador oficial de rentas IPREM. A los miembros de las Fuerzas de Seguridad se les reconoce el doble del salario si acceden a la Pensión Extraordinaria por Terrorismo que para ellos prevé la ley.
Evolución
Lobato y Sánchez creen que la ley actual “es una buena ley”, que mejora cada comunidad autónoma, y que el Estado ahora “es generoso con los heridos”. “La ley española de víctimas siempre se pone como ejemplo a nivel internacional por avanzada y detallada”, abunda Jiménez.
Pero en su día, cuando se le avecinaba una larga espera y perdió su trabajo, Lobato no tuvo esperanza: “Cuando me quitaron la venda, pensaba: ‘Si te dicen: tú no te preocupes de nada, preocúpate’. Supe que vendría gente con buenas promesas, pero que todo se quedaría ahí. Las víctimas hemos tenido que pelear mucho por nuestros derechos”.
Sánchez, por su parte, describe una evolución en el trato a los heridos, desde las parcas indemnizaciones según baremo de accidente laboral de los 90 hasta el millón de euros que impuso una sentencia para algunos damnificados por las bombas yihadistas del 11-M.
El ex guardia civil Alfonso Sánchez percibe evolución en el trato a los heridos, desde la parca indemnización según baremo de accidente laboral de los 90 hasta el millón de euros por sentencia para algunos damnificados por las bombas yihadistas del 11M.
Los heridos de ETA abrieron camino. Hay en su historia un hito, el de las iniciativas Oldartzen y Txinaurriak de ETA, cuando la banda, por la presión policial, vuelve del tiro en la nuca a la bomba indiscriminada y disemina más heridos. “Hasta 1995 el blanco predilecto de ETA eran policías, guardias civiles y militares. A partir de esa fecha la banda y los jóvenes de la izquierda abertzale pusieron en la diana a personas del PP, el PSOE y UPN, intelectuales, artistas, profesores, periodistas, juristas… y a las familias de todos sus objetivos -recuerda Fernández Soldevilla-. Durante este periodo el terrorismo y la kale borroka causaron 1.177 heridos. Significativamente, los civiles suponían cuatro quintas partes, cuando en periodos anteriores la proporción de funcionarios uniformados era mayoritaria”.
Incomprensión
Puede que la secuela más difícil de borrar para un herido por ETA es la que en su ánimo dejaron la incomprensión y la soledad. “Hubo un tiempo en que casi teníamos que pedir perdón, Mucha gente consideraba que tus heridas son gajes del oficio, vamos, que tú vas a trabajar para que te maten o te arranquen un brazo…”, cuenta Sánchez. “Es una actitud, no sé, como si te dijeran: ‘¿Has sobrevivido? Pues dale gracias a Dios’”, describe Lobato. Sus padres, estando él en el hospital, recibieron en su casa de Rentería (Guipúzcoa) una carta con una bala y un escrito a mano: “Ha sido una mala faena. Se rematará”.
Sánchez conoce a colegas de destino en Euskadi que en su día sufrieron daños, pero no estuvieron de baja. Hoy, ya jubilados, las lesiones pasan factura en los riñones, las piernas o el cuello, “y están jodidos -cuenta-, pero no pueden pedir nada por el vacío documental”.
Y más allá están los que no cuentan nada. Quedan para la intrahistoria agresiones como la que sufrió un guardia civil hoy veterano del Grupo de Acción Rápida. Siendo “un pipiolo” recien salido de la academia, en Guipúzcoa ya le había identificado el vecindario el día en que fue a un cajero a sacar dinero. Cuando acabó y se dio la vuelta, un joven que tenía detrás le propinó un tremendo golpe en la cara con un candado Pitón de moto. Todavía tiene la nariz torcida. «Te limpiabas la sangre y aprendías a no descuidarte -cuenta-. Ni baja ni leches, apto para el servicio: te ponías hielo y a seguir”.