Aquel lunes 27 de febrero, el primer día de clases en la Ciudad arrancó con un paro del gremio docente Ademys. Reclamaban 100% de aumento salarial. Desde entonces se sucedieron 10 días más de huelga en lo que va del año, entre ese sindicato y UTE: tres en marzo (por el 8M, la ola de calor y en reclamo de mejor infraestructura), dos en abril (por salarios y contra el FMI), dos en mayo (contra la separación de una docente y por aumento salarial) y tres en junio (en apoyo a docentes en conflicto en distintas provincias y contra “la represión en Jujuy”).
En todos los casos hubo dispar acatamiento, pero el gobierno de la Ciudad, como viene haciendo desde el año 2010, les descontó el día a los docentes que no se presentaron a trabajar.
Ahora, desde el Ministerio de Educación porteño anunciaron una medida que promete levantar polémica: informaron que todo el dinero que no pagaron a los huelguistas los van a usar para hacerle un pago extraordinario a aquellos que no tuvieron ninguna falta injustificada en el primer semestre. Es decir, los que no adhirieron a ningún paro.
El “premio” será recibido por unos 35 mil docentes de escuelas de gestión estatal de todos los niveles (inicial, primaria y secundaria). Son el 72% de los docentes en ejercicio, quienes recibirán hasta 60.000 pesos, en el caso del que tiene la máxima categoría y cantidad de horas trabajadas (doble jornada).
«En el país donde una parte de la política se ocupa de financiar las marchas, nosotros elegimos premiar el trabajo y el esfuerzo de los docentes. Los docentes que nunca faltaron son el ejemplo que necesitamos para construir el futuro de la Ciudad y del país, por eso los recompensamos”, le dijo a Clarín la ministra de Educación porteña Soledad Acuña.
Desde la Ciudad hicieron las cuentas y aseguran que a los docentes sin antigüedad y con jornada completa que adhirieron a las 11 huelgas dispuestas por estos dos sindicatos se les descontaron $104.101,53 a cada uno. Mientras que para aquellos que cuentan con la máxima antigüedad el descuento fue de $122.137,84.
Con la suma de ese dinero ahora abonarán el “reconocimiento” a los docentes que, en los registros, figuren como que cobraron presentismo todos estos meses.
El martes 13 de junio la Ciudad dio su último aumento a los docentes estatales. Fue del 17% para ese mes y llevó el salario neto de un maestro de grado que recién se inicia a $356.314 para jornada completa. Mientras que el salario para los maestros que cuentan con la máxima antigüedad es de $413.393. El acuerdo anterior había sido el 18 de mayo.
Ademys salió este martes por la noche a criticar la medida, a la que calificaron de “extorsiva y sancionadora de las luchas” y convocaron a una asamblea para este miércoles.
“Quieren correr el eje de la discusión salarial por abajo de la canasta básica ofreciendo un sobre miserable y en negro. Acuña se equivoca si piensa que los docentes estamos fragmentados”, le dijeron a Clarín.
Dos gremios en conflicto
La Ciudad de Buenos Aires tiene 17 sindicatos docentes, pero hay dos que suelen convocar a huelgas frecuentemente. Ambos tienen un marcado perfil político opositor a la actual administración del PRO en la Ciudad.
UTE hizo este año 4 paros de protesta. Uno de ellos, el nacional (el del 22 de junio pasado), más el del 8M.
El otro gremio, más combativo y que convocó a los 11 días de paro este año, es Ademys, que está alineado a sectores de la izquierda. En los últimos años hicieron aún más paros que UTE. Tiene unos 1.500 afiliados.
Crece la preocupación de las familias
La medida tomada por la Ciudad se da en el arranque de la campaña electoral en la que su jefe de gobierno hoy es candidato a Presidente (Larreta) y cuando crece en las familias el malestar por los días de clases que los alumnos pierden a causa de los sucesivos paros de gremios docentes y estatales en todo el país.
La semana pasada tuvo mucha repercusión el discurso de un padre de Bahía Blanca -Guillermo Sierra- que llegó hasta el Consejo Escolar de esa ciudad para pedir que hagan algo con los paros. La repercusión fue por el sentido común con el que habló y con el que pidió que mejoren la educación para que aprendan los chicos y puedan tener oportunidades.
Mientras, la organización Padres Organizados hizo una presentación ante la defensora de los niños, niñas y adolescentes Marisa Graham en la que le pidieron que creen un informe sobre el cumplimiento del calendario escolar y que protejan los intereses de recibir educación de los chicos.
La respuesta llegó después de 8 días y en ella Graham habla de reuniones que tuvieron en todas las provincias para garantizar el derecho a la educación de los niños, al tiempo que afirma que la Defensoría “es un organismo de control, que no ejecuta, no legisla, no dicta sentencia, sino que controla que los diferentes poderes y organismos cumplan su función”.
Desde Padres Organizados le dijeron a Clarín que no están conformes con esa respuesta, porque no ven acciones concretas. Y reclaman que la defensora exija a los defensores locales que inicien acciones judiciales para garantizar las clases.
“Esas acciones deben direccionarse hacia quienes deben garantizar el cumplimiento de la educación. La defensora tiene la competencia para actuar ante cualquier fuero, por lo tanto también puede formular denuncias penales en caso de que corresponda. No olvidemos que esta es una oportunidad histórica para la defensora como para la sociedad, dado que es un cargo que viene a llenarse después de 14 años de su creación”, le dijo a Clarín Julia Acosta, abogada y miembro de Padres Organizados de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe.
La posición de Ademys
Ademys calificó la medida de “extorsiva y sancionadora de las luchas” y los dirigentes convocaron a una asamblea para este miércoles.
“Manifestamos nuestro total repudio, convocamos a la asamblea para seguir organizándonos contra el ajuste y los aprietes”, agregaron.
Mariana Scayola, secretaria general del gremio, dijo que “la gran mayoría de la docencia apoya las medidas de fuerza aun cuando a veces no puede llevarlas adelante, justamente por los descuentos extorsivos”.