La Confederación General del Trabajo recusó a dos camaristas laborales y busca trasladar el debate al fuero Contencioso Administrativo, luego de que la Cámara del Trabajo habilitara la aplicación de la reforma.
El gobierno nacional obtuvo una nueva victoria en el terreno judicial después de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo se declaró competente para actuar sobre la legalidad de la reforma laboral. Los jueces Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy reclamaron que la causa pase del fuero laboral al contencioso administrativo al señalar que se trata de un conflicto legislativo contra el Estado y no entre trabajadores y empleadores.
El jueves pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habilitó la aplicación de la reforma laboral tras dejar sin efecto la cautelar que aceptó el juez de primera instancia Raúl Ojeda en base al planteo de la Confederación General del Trabajo, que cuestionó 82 artículos de la norma aprobada en el Congreso de la Nación.
Los representantes legales de la entidad gremial plantearon la recusación de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González. El planteo de la CGT cuestiona que los jueces prejuzgaron los derechos que constituyen la materia de fondo de la cautelar. Además, en el caso de Pesino, la Confederación General del Trabajo señaló que fue «beneficiado» por el gobierno nacional con la presentación ante el Consejo de la Magistratura para permitirle continuar en el cargo después de que cumpla los 75 años.