El Ministerio de Seguridad provincial inició el envío de 26 notificaciones a padres de menores implicados en falsas alarmas, reclamando el recupero de costos operativos de los despliegues policiales y de emergencia.
El pasado miércoles, el Gobierno de Córdoba puso en marcha un protocolo destinado a recuperar los costos de los despliegues policiales y de emergencia utilizados en operativos por las denominadas «falsas amenazas» de ataques en escuelas y colegios. La medida, formalizada por el Ministerio de Seguridad, establece que los gastos ocasionados por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la Justicia.
A partir de ahora, toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos. El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó que por el momento son 26 las notificaciones, y todas superan el millón de pesos. «Estamos hablando de una suma que claramente va a afectar la economía de cualquier hogar», expresó Quinteros a Canal 10.