La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud, propone modificaciones en el sistema de pensiones y en la regulación de prestaciones, generando reacciones en el sector.
El Gobierno Nacional ha remitido al Senado de la Nación un proyecto de ley que busca modificar el marco regulatorio de la discapacidad, en un contexto donde la Emergencia en Discapacidad fue revalidada por el Congreso tras un veto presidencial. La propuesta, titulada «contra el fraude de pensiones por invalidez», está a cargo del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones.
La administración argumenta que la medida responde a la necesidad de defender el equilibrio fiscal de las cuentas públicas, una línea de acción similar a la adoptada en el debate sobre el financiamiento universitario. En ese sentido, la Procuración del Tesoro presentó recientemente un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para evitar la entrega de fondos a las universidades.
El proyecto sobre discapacidad establece un reempadronamiento obligatorio con un plazo máximo de noventa días. Uno de sus puntos centrales consiste en aumentar las restricciones para la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD), limitando el acceso a la pensión a aquellos con invalidez laboral total, excluyendo así a quienes tengan un empleo formal.
Otro aspecto significativo es la eliminación del nomenclador que fija aranceles universales para los prestadores de servicios, lo que retiraría al Estado de las negociaciones y permitiría acuerdos segmentados por rama y geografía, con la excepción del PAMI.
Ante esta iniciativa, las familias de personas con discapacidad y los prestadores de servicios han convocado una marcha para este miércoles frente al Ministerio de Salud, reclamando la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.