El gobernador Martín Llaryora anunció un refuerzo económico para entidades del sector, que enfrentan una crisis por la falta de pagos de programas nacionales. El fondo se aplicará para mantener las prestaciones básicas.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dispuso un refuerzo económico de 450 millones de pesos para instituciones que trabajan con personas con discapacidad. La medida busca paliar los severos problemas financieros que atraviesa el sector, agravados por la falta de pagos de distintos programas nacionales.
Este miércoles, Llaryora junto a la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, recibió en el Centro Cívico a representantes de instituciones de la ciudad Capital y del interior. Durante una reunión de más de dos horas, las entidades expusieron su situación crítica, tras lo cual el mandatario instruyó agilizar la asistencia económica para mantener las prestaciones.
El gobernador indicó que el refuerzo se canalizará a través del Fondo de Emergencia para la Discapacidad. «Este fondo originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos y mejorar la inclusión, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis», explicó.
Subrayó que la grave situación obedece al incumplimiento de la Ley de Discapacidad y la falta de los pagos nacionales comprometidos, incluyendo la reciente interrupción de envíos para prestaciones de PAMI. «Hay que ser claros: si no se cumplen los envíos de fondos nacionales que corresponden a cada entidad, el esfuerzo que hace la Provincia no alcanzará para sostener todos los servicios», afirmó.
Por su parte, Liliana Montero apuntó a las implicancias del desfinanciamiento nacional: «Estamos ante un verdadero descuartizamiento de la salud pública. La mayoría de estas instituciones brindan prestaciones a través de PAMI o del programa Incluir Salud, organismos nacionales que deben hacerse cargo de estos pagos». Anunció que, además del auxilio financiero, se reactivará un complemento para la alimentación destinado a entidades con servicios de doble jornada.
Los representantes del sector detallaron el complejo momento que atraviesan. Instituciones como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM o la Asociación Apadim, que tienen más de 100 personas a cargo, dejaron de percibir los aportes de programas nacionales.
Tras el encuentro, representantes de las instituciones valoraron la medida. Nicolás Herrera, de la Fundación Avenir, destacó: «Este anuncio es fundamental; marca la diferencia entre poder continuar brindando estos servicios o vernos obligados a interrumpirlos». Marcela Rosales, de la Fundación IRAM, lo consideró un alivio significativo.
Leandro Ator, del Colectivo 3 de Diciembre, trazó un panorama difícil sobre el transporte: «Las políticas provinciales nos brindan un poco de oxígeno, pero no registramos una crisis similar en los últimos 25 años». Martín Passini, de Apadim, sostuvo que la ayuda es valiosa «para paliar esta situación momentáneamente», pero no reemplaza las responsabilidades del Gobierno nacional.
Todas las entidades participantes vienen recibiendo acompañamiento de la Provincia y trabajan en emprendimientos laborales y de capacitación en el marco del Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año incrementó su inversión a 4.500 millones de pesos.