La Arquidiócesis emitió un comunicado titulado «Ciudades para todos», donde analiza la situación social detrás de la actividad y cuestiona las medidas de prohibición total.
En el marco del debate impulsado por el gobernador Martín Llaryora sobre la regulación y el control del estacionamiento en la vía pública y los limpiavidrios, la Arquidiócesis de Córdoba emitió un comunicado oficial. El documento, titulado «Ciudades para todos», lleva el sello de la Vicaría de los Pobres y la Pastoral Social, y fue difundido por Munir Bracco, vocero del arzobispo Ángel Rossi.
En el texto, la institución religiosa analiza la realidad de las personas que cobran por el estacionamiento en la calle y plantea una mirada crítica sobre las iniciativas que buscan la prohibición total de la actividad sin un análisis previo de su trasfondo social. El comunicado comienza citando al Papa Francisco para referirse a una «sociedad de consumo» que genera «la cultura del descarte».
Según la postura de la Iglesia, no se puede abordar la problemática de los denominados «naranjitas» sin entender el marco de exclusión económica actual. «Se visualiza a las personas individualmente como si fueran plenamente libres (…) como si los empobrecidos y descartados del sistema eligieran vivir en la marginalidad», señala el documento.
Desde el Arzobispado fueron contundentes respecto a las medidas de prohibición: «Estamos convencidos que la prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución». En su lugar, proponen revalorizar los marcos legales existentes en la ciudad de Córdoba, haciendo especial énfasis en las ordenanzas que regulan a las cooperativas.
La Iglesia reconoce que existen realidades complejas que rodean la actividad, como la delincuencia, el consumo de sustancias y los problemas de salud mental. Sin embargo, el comunicado pide «no meter todo en la misma bolsa». «Una cuestión es el trabajo y la prestación de servicio público según las reglamentaciones y otra son estas realidades mencionadas», aclara, delegando en el Estado la responsabilidad de un abordaje integral para estas problemáticas.
Finalmente, la Arquidiócesis instó a los espacios de planificación urbana a realizar estudios para asignar más zonas a permisionarios cooperativos o registros individuales avalados por instituciones de bien público, con el objetivo de evitar que los espacios queden sin regular y generen situaciones de conflicto.