La Ley contra la Multirreincidencia es ya una realidad. El Congreso ha dado el visto bueno al texto que endurece el Código Penal para tratar de atajar este fenómeno estableciendo penas de cárcel para aquellas personas que reincidan en delitos de hurto, sin importancia del valor de lo sustraído. El texto, largamente reclamado por alcaldes catalanes de todo color político, ha salido adelante con el ‘si’ de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN después de que la Cámara Baja haya admitido un par de enmiendas de las tramitadas en el Senado.
Al igual que ocurrió hace poco más de un mes, el debate en el Congreso ha sido tenso, con las formaciones de la derecha defendiendo la necesidad de la norma para frenar a aquellas personas que acumulan decenas de detenciones por pequeños hurtos y los partidos de izquierdas -a excepción del PSOE- criticando el «punitivismo» del texto. «Esta ley es necesaria porque la realidad no desaparece por mucho que ustedes deseen ignorarla«, ha sido la respuesta que les ha dado a estos últimos la diputada de Junts Marta Madrenas.
Los de Carles Puigdemont fueron los que registraron la proposición de ley en el Congreso, tras haberla trabajado con el Colegio de la Abogacía de Barcelona, a principios de 2024. No fue hasta finales de 2025 cuando el PSOE se abrió a negociar el texto para tratar de reconstruir los puentes con Junts, que semanas antes había dado por rota las negociaciones con el Gobierno. Así, en diciembre, los socialistas encarrilaron un pacto con Junts, pero también con el PP. El acuerdo se materializó en febrero, cuando PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN dieron el primer visto bueno a la norma.
Posiciones encontradas
Esos mismos partidos han defendido este jueves el texto definitivo. Madrenas ha dicho que se trata de una «norma rigurosa, ponderada y respetuosa con los derechos fundamentales» que buscan atajar la multirreincidencia. Además, ha negado que tenga un «tufo racista», ya que «no dice nada del origen de nadie». Unas palabras que coinciden, en parte, con lo defendido por el diputado del PSOE Paco Aranda: «Hace dos meses llegamos a la conclusión de que era una buena ley y hoy estamos muy cerca de tener una herramienta útil para luchar contra este fenómeno». Y, también, ha pedido no entrar «en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha».
Las declaraciones del diputado socialistas han cogido por sorpresa a la parlamentaria del PP María Jesús Moro. «Bienvenido al club, que entusiasmo, con todo lo que ha bloqueado su grupo una ley como esta», le ha dicho, antes de defender una norma «necesaria». Además, ha criticado que el Gobierno haya suprimido dos enmiendas aprobadas en el Senado al suponer un aumento presupuestario: una planteaba un incremento de fiscales y otra trataba de frenar la regularización de migrantes. «Es al menos una buena ley», ha resumido su posición el diputado de Vox, Carlos Flores Juberías.
En frente, el coportavoz de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha defendido que la ley no va a acabar con los hurtos, sino que va a «multiplicar la población penitenciaria» y ha afeado que los socialistas vayan a respaldar el texto. «Pie en pared en defensa de los valores democráticos y ni un paso atrás», ha pedido ante las exigencias de la extrema derecha. También se ha mostrado en contra ERC, sosteniendo que la ley solo responde al «relato» que ha extendido Junts. Aun así, se abstendrán por la presión de sus alcaldes. La más contundente ha sido la diputada de Podemos Martina Velarde, que ha dicho que se trata de un «giro reaccionario en la política criminal» impulsado por Junts «en su disputa con Aliança Catalana».
La reforma legislativa
La norma cambia el paradigma de los delitos de hurto. Con el nuevo texto, aquellos que hayan sido condenados por tres delitos y al menos una de las veces por un delito leve, serán condenados a entre 6 y 18 meses. Se elimina el requisito actual de que el valor de lo hurtado sume 400 euros. Además, cuando «los objetos sustraídos fueran teléfonos móviles» la pena agravada de 1 a 3 años de cárcel, quedando excluidos los que estén expuestos para la venta en tiendas.
Por otro lado, el texto habilita a las entidades locales y los entes pertenecientes al sector público local ejercer la acción penal por los delitos de hurto. También se reforma el Código Penal para establecer que en los delitos recogidos en el artículo 57, entre los que están los de homicidio, aborto, lesiones o contra la libertad el juez podrá imponer medidas cautelares para residir o acudir a un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma.
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