Al día siguiente de que el Banco Central Europeo advirtiera de que la prolongación de la guerra de Irán puede provocar una subida de la inflación hasta más del 6% en la eurozona, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un real decreto ley con un paquete de medidas destinadas a mitigar los efectos de esta guerra sobre los consumidores y las empresas. Entre las ochenta medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, valoradas en unos 5.000 millones de euros, destacan la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, y los pellets. La adopción de este paquete de medidas, que incluye otras destinadas específicamente a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, resulta sin duda positiva, en la medida en que el precio del carburante tiene efectos directos y derivados sobre el coste de la vida.
Sin embargo, la adopción de este escudo social ha ido acompañado de un agrio debate entre el PSOE y sus socios de gobierno, que llegó a retrasar al inicio del Consejo de Ministros y se zanjó con una solución salomónica de dudosa eficacia. Por un lado, los ministros de Sumar han exigido que se dote a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades para perseguir a las empresas que pudieran aprovecharse de la rebaja impositiva para aumentar sus beneficios, como ocurrió, en algunos casos, con las medidas adoptadas durante la epidemia del covid. Una medida que puede suponer un brindis al sol, ya que la CNMC tiene unas facultades limitadas, cuya ampliación no se especifica, para supervisar y aún más sancionar a quienes pudieran vulnerar las medidas destinadas a controlar la subida de precios. Por otro lado, es significativo que la reunión del Consejo de Ministros no pudiera comenzar hasta que Pedro Sánchez no aceptó la petición de sus socios de establecer una congelación de los alquileres durante los próximos dos años, al estilo del aprobado durante la pandemia. Un momento de tensión como este no es simple «salseo»: sube un grado más la incertidumbre sobre la estabilidad de la legislatura.
Incluir esta medida en un segundo decreto ley es una operación de ingeniería parlamentaria con la que Sánchez pretende facilitar el sí a las medidas fiscales a los grupos parlamentarios situados a la derecha del PSOE, y singularmente el PNV y Junts, partidarios de rebajar impuestos y satisfacer a Sumar y otros grupos situados a su izquierda, que reclamaban incluir medidas relativas a la vivienda. Por una vez, evita el recurso viciado de incluir medidas de diversa orientación en una misma normativa para poner a oposición y socios en el brete de elegir entre bloqueo o aceptación a regañadientes. Pero, sin una mayoría asegurada para resolver el trámite parlamentario de las medidas que suponen controlar, aunque sea temporalmente, el alquiler de la vivienda, la victoria de Sumar pasa a ser provisional y efímera. En su comparecencia, Pedro Sánchez se ha vanagloriado de aprobar el escudo social más destacado de cuantos han aprobado hasta ahora otros países europeos, pero ha seguido sin explicar cómo piensa enhebrar la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos de 2026. Con lo cual el ahorro de 5.000 euros deberá hacerse en detrimento de otras partidas sociales, como él mismo ha reconocido.