El conflicto por la seguridad y el espacio público en Villa Allende sumó una definición judicial clave, pero lejos de cerrar la polémica, encendió aún más el malestar vecinal. La Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación de Córdoba rechazó los recursos de amparo presentados por los vecinos, avalando la potestad de la Municipalidad para avanzar con el cerramiento de calles que iniciarán en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur.
Entre el mes de febrero y marzo se pondrá en marcha el “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal de la ciudad”, convertido en la ordenanza 14/25.
El aval judicial a los portones de Villa Allende
El fallo de la Justicia cordobesa se fundamentó en que la colocación de portones e infraestructuras de seguridad no vulnera derechos constitucionales de manera «manifiesta», entendiendo que la «seguridad como valor central» justifica las medidas adoptadas por la gestión municipal. Al no hacerse lugar a los amparos, el Ejecutivo local queda habilitado para continuar con el proyecto en barrios como Lomas Sur.
Sin embargo, para los Vecinos Autoconvocados, la sentencia constituye un «agraviante y torpe alineamiento con la gestión municipal» que desoye las advertencias técnicas y sociales presentadas durante meses.
«Ensayo de prueba y error»
Tras conocerse el rechazo judicial, los vecinos emitieron un duro comunicado donde cuestionan la falta de sustento científico del proyecto:
- Falta de antecedentes: Denuncian que no existen estadísticas que prueben que cerrar calles reduzca el delito y citan experiencias negativas en otros puntos del país, como Guaymallén (Mendoza).
- El costo del experimento: Recordaron que el propio intendente admitió que es una experiencia de «prueba y error». «Ese ensayo no lo pagarán los funcionarios, sino los vecinos que veremos desvalorizarse nuestras propiedades», reclamaron.
- Riesgos operativos: Reiteraron el peligro que suponen estas barreras para el ingreso de ambulancias, autobombas y patrulleros, especialmente en situaciones críticas como inundaciones.
Los amparistas también apuntaron contra el «escandaloso» proceso administrativo. Denunciaron que para que un inquilino pudiera oponerse, se le exigía una autorización del propietario certificada por escribano o juez de paz, una traba que calificaron como inédita en democracia.
Además, criticaron que el registro obligaba a rechazar el plan de seguridad de forma integral: «Para tirar el agua sucia, había que tirar también al chico», graficaron, explicando que no podían oponerse a los portones sin renunciar simultáneamente a otras mejoras necesarias como cámaras o móviles policiales.
Asamblea general
Pese al fallo adverso, los vecinos confirmaron que llevarán el reclamo a una instancia superior. Para definir los pasos legales de la apelación y mantener informada a la comunidad, convocaron a una asamblea general para el viernes 9 de enero a las 19:30 horas en la Plaza del Vagón, barrio Lomas Sur.
Asimismo, adelantaron que en la última semana de enero realizarán una charla abierta con el especialista en seguridad ciudadana Jorge Jofré (UBP) para desmitificar la efectividad de los cerramientos urbanos en la lucha contra la inseguridad.
El comunicado completo
Los Vecinos Autoconvocados de Villa Allende apelaremos el fallo que autoriza a cerrar calles.
El mismo, constituye un agraviante y torpe alineamiento con la gestión municipal, que desoye absolutamente a los vecinos.
La Cámara Contencioso Administrativa, al admitir la colocación de portones en nombre de «preservar la seguridad como valor central», ha hecho suyo el argumento planteado por la municipalidad de que el cierre de calles mediante portones garantizará seguridad.
Esto a pesar de que no existen estudios previos, estadísticas o experiencias concretas que permitan fundamentar tal afirmación y que por el contrario hay antecedentes desfavorables como en Guaymallén Mendoza.
Además, los especialistas en seguridad urbana los desaconsejan, al igual que los urbanistas que impulsan en las ciudades, lugares de encuentro y no de segregación de los vecinos.
Incluso el propio intendente, reconoció en declaraciones públicas que la colocación de portones es una experiencia sujeta a prueba y error. Claro que sin aclarar que el ensayo, no lo pagarán los funcionarios sino los vecinos que además veremos desvalorizarse nuestras propiedades con un portón en la cuadra o en nuestra vereda.
Son públicas además, las alertas que hemos realizado sobre la inseguridad que los portones crearán frente a inundaciones, desplazamiento de vehículos de emergencias médicas, autobombas e incluso la propia policía o seguridad ciudadana.
Y si algo faltara, los innumerables robos en barrios cerrados y countries de la villa, dan cuenta de que el cierre de calles no solucionará nada.
Otra cuestión que resulta escandalosa, es la falta de valoración de las casi tres mil firmas de vecinos de los barrios afectados que nos oponemos a los portones presentadas ante la intendencia, y la convalidación por parte de la Cámara, del registro de oposición instrumentado por la municipalidad a pesar de que lesionaba derechos de los vecinos. .
Así por ejemplo, quiénes quisiéramos oponernos a los portones debíamos rechazar todo el proyecto de conjunto y con ello renunciar a toda otra mejora en seguridad como rondines, móviles o cámaras. O como suele decirse en lenguaje popular, para tirar el agua sucia había que tirar también al chico.
Un verdadero disparate, al igual que la valoración absolutamente parcial hecha por la Cámara del registro de oposición, que lesiona las facultades que la constitución otorga a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos democráticos.
Entre otras, la exigencia de que los inquilinos para poder opinar, debían contar con la autorización expresa del propietario ante un escribano o juez de paz, algo pocas veces visto en la historia democrática de la Argentina. Al igual que la falta de un padrón cierto, o qué la posibilidad de fiscalizar solo pudieran ejercerla los funcionarios municipales.
Estas, y otras barbaridades, hicieron que los vecinos tomáramos la decisión de no participar en el registro para no convalidar las maniobras y manipulaciones del ejecutivo que además se adjudicaba la potestad de interpretar que quien no participara, apoyaba automáticamente su propuesta de cierre.
Otro exabrupto que contradictoriamente el propio fallo desestima, ya que reconoce que existen múltiples factores para que una persona no participe del registro a pesar de lo cual y sin compulsarlo con las miles de firmas en contrario del petitorio presentado termina dándolo por válido.
Las contradicciones e incongruencias abundan en el fallo. Se ignoran datos oficiales de la provincia sobre estadística de delitos y se toman como válidos informes elaborados exclusivamente por el municipio que actúa como juez y parte al fundamentar su declaración de emergencia en seguridad con estimaciones propias que no pueden ser corroboradas.
Las próximas acciones de autoconvocados
En rechazo al fallo y a fin de informar detalles de la apelación, los vecinos haremos una asamblea el viernes 9 de enero a las 19:30 hs en la plaza del vagón en Lomas Sur, uno de los barrios afectados por la colocación de trece portones en sus calles..
Luego, realizaremos asambleas en los demás barrios afectados.
Asimismo, para la última semana de enero, estamos organizando una charla abierta a la intervención del público, con el especialista en seguridad ciudadana de la universidad Blas Pascal Jorge Jofré, en el marco de la presentación de la apelación en la justicia. #No al cerramiento #Si a la seguridad