La provincia de Almería cerrará el año 2025 con la llegada de más de 5.000 personas en pateras a sus costas, una cifra que supone un «repunte» respecto a 2024, aunque se mantiene por debajo de los registros de ejercicios como 2021 o 2023, según el balance ofrecido por el subdelegado del Gobierno, José María Martín.
Martín ha analizado el fenómeno migratorio como una realidad «absolutamente cambiante» que actualmente presenta una mayor presión en la zona del Levante almeriense en detrimento del Poniente, y que ha desplazado sus flujos hacia otras áreas del Mediterráneo como las Islas Baleares, que ahora reciben rutas que antes no eran habituales. Durante el balance de gestión del año, el subdelegado se ha referido a la situación de los centros de atención humanitaria en la provincia, gestionados por entidades como Cruz Roja, Accem o Cepaim.
Ha aclarado que la ocupación de estas plazas no responde exclusivamente a las llegadas a la costa almeriense, ya que la «inmensa mayoría» de los usuarios son personas trasladadas desde otros puntos de la geografía española dentro del sistema de acogida estatal, en cumplimiento de los convenios internacionales y el respeto a los derechos humanos de quienes huyen de conflictos bélicos.
En materia de seguridad ciudadana, Martín ha vinculado las redes de tráfico de personas con las organizaciones dedicadas al narcotráfico, insistiendo en que las mafias que operan en ambos delitos «son las mismas». Pese a la alarma social que generan las imágenes de narcolanchas resguardándose en calas durante los temporales, ha defendido que Almería es una provincia segura, con una tasa de criminalidad que se sitúa cuatro puntos por debajo de la media nacional. El Gobierno ha puesto el foco en cortar la estructura logística de estas bandas, concretamente en los conocidos como «petaqueros», encargados de suministrar combustible a embarcaciones de alta velocidad en alta mar.