La Junta de Andalucía actualizará los tramos de concentración de accidentes de la red autonómica de carreteras con el objetivo de diseñar los nuevos planes de seguridad vial. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda destinará 1,6 millones de euros a un estudio exhaustivo que permitirá identificar los puntos con mayor siniestralidad en los más de 10.500 kilómetros de la red viaria autonómica.
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que este contrato aportará «criterios técnicos y objetivos para dirigir la inversión hacia los puntos con mayor siniestralidad de nuestras carreteras». En este sentido, ha subrayado que «unas buenas carreteras salvan vidas» y que es fundamental respaldar la toma de decisiones con estudios rigurosos y actuaciones concretas para reducir el número de accidentes.
Este nuevo estudio se suma a otras inversiones relevantes impulsadas por la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras viarias, como el plan extraordinario de 140 millones de euros para la renovación del firme de mil kilómetros de carreteras o los 15 millones destinados a actuaciones prioritarias de seguridad vial. «Son inversiones históricas, adaptadas a la realidad actual, que nos permitirán contar con carreteras más modernas y seguras», ha señalado Díaz.
Con el presupuesto de 2026, se ejecutarán 234 millones de euros en las labores de conservación y mantenimiento a través de los contratos ya existentes, 140 millones en un plan de mejora del firme de 1.000 kilómetros de viales y otros 15 millones para una batería de intervenciones urgentes en materia de seguridad vial. En total, casi 400 millones de euros que refuerzan la línea de las actuaciones diseñadas los últimos años.
A través de este contrato, la Consejería de Fomento elaborará estudios específicos para detectar posibles deficiencias en la Red de Carreteras de Andalucía. Estos trabajos permitirán planificar y programar actuaciones orientadas a reducir la accidentalidad y la gravedad de sus consecuencias, mediante el análisis de estadísticas y la aplicación de medidas correctoras o preventivas en los tramos que presenten índices superiores a la media.
Este anuncio se suma a las actuaciones previstas para el próximo año en las que la Junta asfaltará 120 carreteras autonómicas en 2026: habrá obras en los 1.000 kilómetros prioritarios. Las intervenciones se ejecutarán entre 2026 y 2027 en las vías en las que se han detectado más desperfectos y un mayor riesgo para la seguridad vial.
Los estudios incluirán un análisis integral de seguridad vial para evaluar y gestionar la seguridad de las infraestructuras, apoyar la elaboración del plan anual de seguridad vial y realizar inspecciones periódicas en las carreteras de la Red Básica y en las vías de gran capacidad de la Red Intercomarcal y Complementaria. Estas inspecciones permitirán identificar elementos susceptibles de mejora que requieran actuaciones de mantenimiento por motivos de seguridad. Para el análisis de la siniestralidad se utilizarán los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Asimismo, el contrato contempla trabajos relacionados con la movilidad y la información del tráfico, como la elaboración y actualización de los planes anuales de aforo, estudios sobre los niveles de servicio de la red autonómica y la redacción de informes de movilidad, con el fin de caracterizar la demanda y el grado de saturación de las carreteras.
Para la obtención de estos datos se emplearán tecnologías de Big Data a través de sistemas de vehículo conectado y dispositivos móviles, que complementarán los sistemas de aforos ya existentes en la Dirección General de Infraestructuras Viarias.
Por último, el contrato incluye auditorías de seguridad vial en la fase previa a la puesta en servicio y en la fase inicial de explotación de nuevas carreteras o de aquellas que sufran modificaciones sustanciales, tanto en la Red Básica como en las vías de gran capacidad de las redes Intercomarcal y Complementaria.
El plazo de ejecución de los trabajos será de 36 meses, prorrogable por otros 24, hasta un máximo de 60 meses. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 16 de enero de 2026.